Desde el comienzo de la pandemia y el primer estado de alarma, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, denunciamos denodadamente que, aun siendo importantes, las medidas de protección no alcanzaban a todo el mundo, sino sólo a quienes cayeron en vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, excluyendo a aquellos cuya vulnerabilidad era anterior. Pero como no funcionaban los juzgados, y por ello no había desahucios, se nos ignoró.

Volvieron a trabajar los juzgados y los desahucios se dispararon, y desde la PAH logramos que los partidos que nos apoyaban forzaran la negociación de los Presupustos Generales del Estado, PGE, para ampliar las medidas de protección, y el Gobierno aprobó sendos reales decretos ley en diciembre pasado que ampliaron la casuística amparada, aumentando considerablemente la protección. (Por cierto, que estos decretos fueron en su día criticados por el consejero Díez de Revenga, quien alegó entonces que atentaban contra el derecho de propiedad, y el otro día clamaba el consejero (que no ha adoptado medida alguna en su marco competencial) contra el Gobierno de España ante su inminente caducidad.

La PAH nos hemos movilizado esta semana para exigir la mejora y la prórroga indefinida de estas medidas que acaban el próximo 9 de agosto. De no hacerse, podemos acabar 2021 con cifras superiores a las de los peores años de la crisis anterior.

Pero los desahucios siguieron. Cuando el Consejo General del Poder Judicial, GPJ, dio a conocer los datos del primer trimestre de este año la cifra nos volvió a recordar momentos de la anterior crisis: 10.961, de los cuales 592 afectaron a familias murcianas. No podemos ni imaginar las cifras de no mediar esos decretos.

¿Cuál puede ser la explicación? Creemos que sólo cabe buscarla en dos direcciones: o el texto de los reales decretos no es lo suficientemente claro y contundente, o claramente hay jueces que prescinden de aplicarlos, como fue el trágico caso en Sans (Barcelona), de un ciudadano que, pese al informe emitido por su Ayuntamiento, junto con la advertencia por parte de éste de que se le estaba buscando alternativa, la jueza en cuestión decidió seguir adelante con el desahucio, ordenando la presencia de los mossos, terminando con el suicidio de esta persona, cuya situación estaba protegida por los decretos y notificada al juzgado en tiempo y forma.

Esto es consecuencia de las políticas de vivienda aplicadas desde 1978 hasta hoy, que han reducido el bien ‘vivienda’ a un simple bien de consumo al que se accede sólo según la renta disponible de cada persona, como un coche, ropa… La cultura de la propiedad frente al alquiler para favorecer tanto a la banca como a las constructoras, ha provocado un sistema en el que los poderes públicos se limitan a transferir fondos públicos a manos privadas sin que ello genere ningún valor añadido al patrimonio público, sólo beneficios a intereses privados.

Los países más avanzados de la UE tienen una media de parque público de vivienda que ronda el 20% del total. En el Reino Unido cercano al 18%, en España estamos en torno a al 2.5%, y en la Región de Murcia, muy por debajo del 1%. La existencia de un parque suficiente y permanente, además de garantizar el ejercicio de este derecho, más allá del simple bien de consumo, es garantía de estabilidad en los precios de alquiler y en la compraventa de viviendas, pero esto es objetivamente contrario a los intereses de quienes te venden la casa, de los que te engañan con las hipotecas, y de los que viven de las rentas de los alquileres.

El Gobierno de España tenía el compromiso de presentar el primer proyecto de ley del derecho a la vivienda impulsado por un Gobierno en los 43 años de vigencia de la Constitución, y consecuentemente del mandato contenido en su artículo 43. Sin embargo, y casi en agosto, este proyecto no ha llegado al Congreso (ni se le espera). Todo parece encallado en la bajada y limitación de los precios de los alquileres, hecho incluido en el pacto de Gobierno, y que perjudicaría a inversores como Blackstone, propietario de decenas de miles de casas en nuestro país, que cumple a rajatabla con la definición de ‘fondo buitre’, y con cuyos jefes se ha reunido estos días Pedro Sánchez en USA, lo cual nos preocupa mucho, porque si tú llamas a invertir a un esclavista, lo más normal es que quiera hacerlo en la compraventa de esclavos, que es su negocio.

Ante la situación de emergencia habitacional que padece España, que las cifras de precios de alquileres y de compra, así como la de desahucios acreditan, y el atasco gubernamental en la presentación de la ley al Congreso, desde la sociedad civil hemos elaborado un texto de ley que garantiza el Derecho a la Vivienda, el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de Derechos Humanos en relación con el de la vivienda, que combatirá el sin hogarismo, que frenará los desmanes de los alquileres, que asegurará el acceso a los suministros básicos de agua, energía y telecomunicaciones a familias vulnerables, y que establecerá un marco permanente de participación ciudadana en políticas de vivienda, para que no sean sólo las constructoras, las inmobiliarias, las financieras y las eléctricas las que decidan las políticas de vivienda.

Esta ley será registrada en el Congreso el próximo mes de septiembre por varios grupos parlamentarios, y de aprobarse constituirá un hito en el desarrollo de los Derechos Humanos en España.

Lo haremos. La PAH hemos demostrado en multitud de ocasiones que ¡sí se puede!