El Tribunal Constitucional, a petición de Vox, ha anulado el primer decreto de alarma del Gobierno, y con ello ha desmantelado el dispositivo que permitía la supresión arbitraria de los derechos de reunión, residencia y circulación. Las multas quedan sin efecto y desaparece la legitimidad para cercenar las actividades económicas.
La Constitución garantiza a todos los españoles una tabla de derechos fundamentales. Y los protege de tal manera que no se pueden suspender ni limitar por el poder político a su capricho o conveniencia, pues en eso se distingue la democracia de la dictadura.
La sentencia del Tribunal Constitucional ha dictaminado lo que parecía imposible: Ha condenado al Gobierno social-comunista por su desprecio a los fundamentos de la convivencia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha suspendido los derechos y libertades sin declarar previamente el estado de excepción. Legítimamente sólo podía emplear los poderes de alarma, acordando una limitación temporal, parcial y proporcionada.
El toque de queda generalizado y el confinamiento masivo de la población son actos que derogan las libertades (reunión, residencia y circulación) que se necesitan para vivir y trabajar. Impedir el ejercicio de esos derechos es una manifestación de poder soberano que el Gobierno sólo puede acordar en estado de excepción y bajo el control del Congreso. Esas son las reglas del Estado de Derecho.
La sentencia tiene interés político y jurídico para gestionar la democracia. No se trata únicamente de aclarar el significado de las palabras ‘limitar’ o ‘suspender’ cuando se refieren a los derechos fundamentales. Estamos ante un enjuiciamiento del Gobierno por derogar la legalidad ordinaria y sustituirla por un régimen excepcional que incluye el arresto domiciliario de todos los españoles. Esto es un tema clave del Derecho constitucional, pues el verdadero titular de la soberanía es, precisamente, quien tiene en sus manos el poder excepcional.
El problema de fondo es que el Gobierno quiere que nos acostumbremos a las emergencias. Pero solo los animales en su ambiente natural viven en estado de emergencia cotidiana, a merced de los depredadores. Cuando las personas aceptan la emergencia su vida se reduce a biología, es decir, se pierde la condición política e incluso la condición humana. Una sociedad en emergencia permanente a discreción del Gobierno no es una sociedad libre. Los pueblos que permiten que se sacrifique la libertad por ‘razones de seguridad’ están condenados a vivir en estado de miedo.
Gracias a Vox, el Tribunal Constitucional ha evitado un nuevo abuso contra los españoles. También, el Tribunal Supremo, ha dicho que las Comunidades Autónomas no pueden decretar un toque de queda general, ni suspender las actividades económicas como remedio habitual para prevenir la pandemia. Vox ha frenado la voluntad de poder excepcional que exhiben los presidentes autonómicos, entre ellos López Miras y otros califas regionales del PP, que confraternizan descaradamente con las tesis liberticidas del social-comunismo.
Frente a los que piden una legislación de pandemias para abolir derechos al margen del estado de excepción, cabe afirmar que vivir y trabajar con dignidad no es un privilegio otorgado por el Gobierno. No se puede banalizar el régimen excepcional para eliminar derechos con cualquier pretexto, ya sea la salud, el clima, la escasez de vivienda, u otra emergencia real o confeccionada. Los Gobiernos abusan de los estados de alarma, imponiendo restricciones para encubrir su incompetencia o para tapar las carencias de los servicios públicos.
Custodiar la salud es una obligación jurídica que se ha convertido en pretexto para tratar a los ciudadanos como enfermos. Con este modo de hacer política, el Gobierno reduce todas las aspiraciones al simple hecho de seguir vivos, la política se convierte en biopolítica y la norma cede a la excepción. Los ciudadanos deben sacrificarlo todo para no contaminarse por un virus malo o por una idea políticamente incorrecta. Se impone la abolición de las condiciones normales de vida, las relaciones sociales y las actividades económicas. Con el régimen excepcional se cancelan los afectos, las convicciones políticas, las creencias religiosas y las tradiciones populares.
Solo Vox protege la Constitución. Nadie más ha recurrido el decreto de alarma. Con esta sentencia no se hacen elucubraciones doctrinales. Se marcan los límites del poder para regular nuestra forma de vivir, sin tapar la incapacidad o responsabilidad del que manda. El estado de alarma y excepción son dispositivos para afrontar situaciones de peligro, pero no pueden convertirse en instrumentos normales en manos del Gobierno para colectivizar a la sociedad. Vox no dejará impunes las tropelías de los gerifaltes estatales y autonómicos en la gobernanza de este desastre.
