El PP prefiere que los 142 millones del Gobierno de España no lleguen a los autónomos y pymes por puro interés partidista. Retrasan la convocatoria, pierden tiempo confrontando con el Gobierno de España y no gestionan el reparto de las ayudas. El Gobierno de España paga y López Miras pone trabas y culpa a Pedro Sánchez.
El Gobierno regional es el responsable de que sólo 2.115 empresas hayan solicitado estas ayudas. No sirve de tapadera a su mala gestión las condiciones que impone la administración estatal, son las mismas para todas las CC AA y en la mayoría se superan los números de solicitudes de la Región de Murcia y el porcentaje comprometido del total de los fondos concedidos. Son ejemplos claros Castilla-La Mancha, con el 70% y Valencia, con el 40%. En nuestra región únicamente el 3,6%. En Castilla-La Mancha incluyeron como beneficiarios 300 sectores y el plazo de solicitud es hasta el 30 de julio, en la Región de Murcia sólo incluyeron 137, y el plazo acabó el 27 de junio. Valencia hace una segunda convocatoria a la que podrán acogerse empresas que hayan sufrido una disminución de sus ingresos el año pasado por la pandemia, sean del sector que sean y hayan o no pagado la deuda comercial. Flexibiliza los criterios de gastos subvencionables, de manera que incluyan también los costes fijos causantes de pérdidas contables, independientemente de que se hayan pagado o se adeuden.
Podrán volver a presentarse todas aquellas empresas que hayan formalizado su solicitud en la primera convocatoria, siempre y cuando en la resolución de las ayudas no hubiesen obtenido ya la máxima cuantía establecida de 3.000 euros (en el caso de las personas físicas y jurídicas que tributan por módulos), y de 200.000 euros (en el caso de las empresas que tributan por estimación directa). Son Gobiernos autonómicos del PSOE que trabajan para distribuir íntegramente entre las empresas de su territorio los millones de euros que les ha proporcionado el Gobierno de España, con el objetivo de garantizar la liquidez y la solvencia empresarial del tejido productivo, y en especial, la de aquellos sectores más afectados por la pandemia.
Se ha puesto de manifiesto las deficiencias existentes en la tramitación de los procedimientos administrativos en la Región de Murcia, que no han permitido actuar con la suficiente agilidad como para hacer frente a las demandas de la ciudadanía. Han generado un retraso en la atención a las empresas y en la capacidad de dar respuesta a sus necesidades. No adoptan medidas para tratar de atender lo antes posible las solicitudes y evitar a los ciudadanos de esta región el grave perjuicio que supone ver retrasado el reconocimiento de las ayudas. Para la tramitación de los ERTE, ampliaron la plantilla tarde. Deben hacer más y no aumentan personal, por lo que no sorprende que los autónomos no confíen en solicitar ayudas y/o mueran en el intento.
La consejera tránsfuga Valle Miguélez tiene un problema de plazo: Se le acaba el tiempo, el RDL le impone repartir las ayudas o devolver el dinero el 31 de diciembre de 2021, ella deja la segunda convocatoria para septiembre. También de plazas: no dota los servicios públicos de personal suficiente. Pero sobre todo tiene un problema de plaza: esto le viene muy grande, es consejera de todo, pero no gestiona nada.
El RDL del Gobierno de España en su artículo 4 obliga al Gobierno regional a hacer lo que nunca hace: debe justificar el pago y el destino de esos 142 millones, debe rendir cuentas ante la Administración del Estado y debe mencionar en la convocatoria que son fondos del Gobierno de España. Eso para López Miras y los tránsfugas son ‘cláusulas leoninas»; dar cuenta y justificar pagos, nunca ha sido lo suyo.
Diego Conesa y el PSRM les pide criterio, para que estas ayudas lleguen a las empresas que más lo necesitan, rigor para que no se beneficien de esas ayudas los mismos de siempre, como las empresas del juego que han percibido las ayudas más cuantiosas de López Miras, y prontitud puesto que son vitales para mantener nuestro tejido productivo. Les exigimos que hagan lo mismo que Valencia y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, trabajen para que los 142 millones del Gobierno de España lleguen antes de 31 de diciembre a todos los sectores de autónomos y pymes de nuestra región, que no los tengan que devolver.
Si el Gobierno de la Región de Murcia no lo hace teniendo el dinero, el fracaso es de López Miras.
