En el reino del mal no tenían peso alguno los testigos ni las pruebas, y no existía palabra más ridícula que justicia. R. Frister, en La gorra o el precio de la vida.

Ocurrió hace tiempo, en mayo de 2014. Entonces era un reciente doctorando en la Universidad de Murcia que participaba en un congreso sobre jurisdicción universal en Madrid. Lo vi solo en la orilla del Manzanares. Para mí era un mito vivo, y a él me acerqué. Contaba con 95 años, ahora con 101. Era enjuto, diminuto y enérgico. Benjamin Ferencz fue fiscal en los Juicios de Núremberg contra los nazis, a propuesta de su país, Estados Unidos. Contaba con 26 años. Parlamentamos durante unos veinte minutos, durante los cuales me narró sobre ese periodo tan adusto y faltón de la Historia del siglo XX. Me quedé con la siguiente reflexión: «La creación del Tribunal es, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo mejor que ha hecho la Humanidad. Es el indicativo del tiempo de las víctimas. Nunca se rinda». Esas palabras forman parte de mi razón vital e intelectual desde entonces.

¿Por qué Ferencz me dijo esa frase? Con los años he llegado a la siguiente conclusión: la idea y el deseo es, por tanto, de que la lógica de la justicia se imponga a la del olvido. Los tribunales predecesores a la Corte Penal Internacional reconocían a las víctimas como testigos, no como parte del procedimiento. ¿Y qué consecuencias derivan de ello? Las víctimas eran invisibilizas porque la figura del testigo no tenía ni voz ni reconocido los derechos a la verdad, ni a la justicia ni a la reparación. Eran, pues, figurantes. El criminal era, en cambio, el protagonista del procedimiento (el Derecho Penal está pensado por y para reo, no para la víctima). Sin embargo, las tornas se modificaron con el nacimiento de la Corte, cambiando el rol de testigo a de protagonistas junto al reo, por ende, reconociéndoseles la imprescindible triada de derechos humanos: verdad, justicia y reparación.

El 17 de julio es el Día de la Justicia Internacional Penal porque ese día y ese mes de 1998, se adoptó en la ciudad de Dios de Passolini el Estatuto de Roma: tratado por el que se creó la Corte Penal Internacional. Es el primer tribunal internacional de naturaleza penal que nació del consenso auspiciado por las Naciones Unidas, con carácter permanente. A favor votaron 120 Estados, siete en contra (Estados Unidos −consejos vendo y para mí no tengo−, China, Israel, Libia, Qatar y no se sabe bien si India o Yemen, ya que las votaciones son secretas), y veinte abstenciones. Este tribunal es nieto de los Juicios de Núremberg, que magistralmente llevó a la pantalla Stanley Kramer en el mítico film Judgment at Nuremberg (1961).

El objetivo primordial de la Corte es luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra, crimen de lesa humanidad, crimen de agresión y genocidio (según reza el artículo 5 del Estatuto) siempre que hubieran sido cometidos a partir del 1 de julio de 2002 (cuando entró en vigor el tratado aludido). España forma parte del Estatuto. Apoyó el nacimiento del Tribunal desde el principio. Porque España defiende sin paliativos los derechos de las víctimas y la obligación de terminar con la impunidad de puertas hacia afuera, porque en el ámbito interno ni está ni se le espera en materia de los crímenes cometidos por el franquismo y, en parte, Guerra Civil. De este modo, se otorga una ética de reconocimiento vip a las víctimas de la Corte por mor del apoyo ofrecido y un tratamiento de olvido a las víctimas españolas: el hedor de la invisibilidad estremece. Dejemos para otra ocasión el incumplimiento del Derecho Internacional por nuestra Patria y continuemos con el Tribunal ubicado en La Haya (Países Bajos).

Debemos tener en cuenta que la Corte actúa cuando un Estado parte no quiere o no puede investigar, juzgar y, en su caso, enjuiciar a los delincuentes de los crímenes mencionados. Es, pues, el último reducto de esperanza para las víctimas.

Desde el año 2003, la Corte ha condenado a cuatro personas por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se trata de procedimientos complejos, con miles de víctimas y poca ayuda de los Estados implicados. (Hay pendientes catorce órdenes de detención que, posiblemente, nunca se ejecuten por los Estados, por dictarse contra caciques, como es el caso del sudanés Omar Al Bhasir). La Corte no tiene policía propia y sus brazos y piernas son los Estados; sin la cooperación de estos aquella se convierte en un edificio luminoso, radiante y con cientos de funcionarios en La Haya. Incluso de los Estados estriba que se reconozca el ecocidio como quinto crimen a fin de proteger a la Naturaleza de la degradación sufrida a manos del ser humano. ¿Se logrará?

Ellos son los reyes del Derecho Internacional. Por consiguiente, la sociedad debe exigir más al respecto. El activismo por causas nobles debe actuar como lobby. No hay que achicarse. La defensa de la Corte supone defender a las víctimas, a la justicia, y evitar que reine la impunidad. La Corte contribuye a una mejor convivencia, el hacer justicia real para las víctimas, lo contrario sería una ilusión de Houdini, emulada por la retórica estatal.