Si vuelves a casa como consejero te encontrarás las maletas en la puerta». Es una imagen metafórica, claro, pero es lo que algunos allegados a Javier Celdrán afirman para validar que su dimisión de la consejería de Hacienda respondió a un ultimátum por ‘motivos familiares’, tal y como él mismo pretextó en rueda de prensa. Sin embargo, parece, manteniendo el discurso metafórico, que a Celdrán se le siguen abriendo las puertas de casa en su condición de consejero, aunque ya en funciones. Medio mes después de anunciar su retirada, el Boletín Oficial de la Región no se ha hecho eco de su dimisión, y menos del nombramiento de quien será su sustituto. Acudió incluso al debate sobre el Estado de la Región, a pesar de que en el entorno del presidente de la Comunidad se decía que era necesario nombrar al nuevo consejero antes de esa celebración para no dar la impresión de vacío de poder en un puesto tan esencial. Pero allí estaba Celdrán, dimitido, en funciones y sin perspectiva de ser sustituido, o viajando a Madrid con el presidente para los fondos Next o almorzando con su equipo como si tal cosa, en plan despedida, pero prolongada. ¿Tan difícil se le hace al presidente López Miras nombrar a un consejero de Hacienda a renglón seguido de la dimisión del titular? No tardó tanto en reponer al de Sanidad tras el ‘caso vacunas’, aunque en esta circunstancia con la condición de que permaneciera en su puesto de secretario general el tal Lorente, quien facilitó que se vacunara a destiempo la cúpula de Sanidad mientras él se preservaba sibilinamente.
Pero es que la dimisión de Celdrán no respondió en absoluto a los socorridos motivos familiares. Aparte de que no debe ser de buen gusto aparecer como el único consejero de los que continúan tras una remodelación en que se pierde el poder político (consejería de Presidencia) a pesar de mantener el económico (consejería de Hacienda) del que ya disfrutaba, hay otros elementos muy a la vista que justifican la huida.
A pocos les queda la más mínima duda de que Celdrán se ha quitado de enmedio por la chapuza del concurso de la televisón autonómica, un envite que no ha sabido gestionar (no digo ya como gestor del interés público, que en este caso no era lo importante de su misión, sino como gestor a favor de los intereses del Gobierno, que en su caso era lo prescrito), y del que nadie se quiere hacer cargo por las consecuencias judiciales que podría acarrear, de ahí que haya poco entusiasmo para que, ni siquiera el más ingenuo, se preste a aceptar la consejería de Hacienda, a sabiendas de lo que trae consigo. Ni el secretrario general de la consejería (número dos de Celdrán en su departamento y número uno de Celdrán desde el partido, por su condición de hombre fuerte en el área económica de la dirección del PP) y uno de los sustitutos naturales en las quinielas, se ha atrevido a dar el sí, pues es evidente que conoce de primera mano las circunstancias a que debe enfrentarse el Gobierno en la chapuza del concurso de televisión a favor de Secuoya. Quien acepte la consejería de Hacienda sabe de antemano que se verá sometido a un largo proceso de recursos judiciales a costa de las singularidades de este concurso, que rebasarán incluso su propio periodo de ejercicio del cargo, razón por la cual ni Celdrán ni quienes pudieran sucederle están dispuestos a someterse a tamaño riesgo.
El concurso para la renovación del contrato de la televisión autonómica no fue dictado en el momento en que correspondía, sin que concurrierra una circunstancia excepcional que lo explicara. Lo hicieron una vez vencida la fecha del contrato, sin más explicaciones, aunque cuando esto ocurre cabe deducir que o bien hay una intención oculta o se trata de una negligencia por mala gestión, que en cualquier caso ha de ser saldada con responsabilidades políticas. Esto condujo a que debiera prorrogarse el contrato con Secuoya mientras se hacían públicas a destiempo las condiciones de la nueva licitación, de modo que la Comunidad financiaba con un millón de euros mensuales extra a la empresa privada cuya gestión había concluido. La prórroga inicial del contrato ha resultado insuficiente, y ha requerido otra andanada de medio año mientras se resuelve el concurso, que no se resuelve, porque a pesar de que los miembros de la mesa de contratación fueron designados en su día por Javier Celdrán entre personas de su confianza a fin, puede suponerse, de que se resolviera el contrato en favor de la empresa favorita del Gobierno, algunos de ellos han detectado que no es tan fácil resolver según lo indicado o sugerido, pues ciertas decisiones podrían acarrear años de recursos judiciales y más cuando la otra empresa competidora, el Grupo Zambudio, según se constata, no está dispuesta a soltar la presa a sabiendas de que desde el principio se la quieren dar con queso.
En el Gobierno, a la vista de que la mesa de contratación, designada antes de la pasada Navidad, no acaba de mantener la unanimidad para resolver a favor de Secuoya, se han planteado anular el concurso y anunciar una nueva convocatoria, lo que teóricamente supondría un escándalo, pero el Ejecutivo de López Miras tiene constatado que los escándalos se vuelven a su favor, pues los poderes fácticos que lo protegen contribuirían a disipar la naturaleza de este pelotazo económico y mediático. Pero lo que no se puede ya ocultar es que el concurso de la televisión autonómica es una chapuza y que el principal responsable de ella es Javier Celdrán, el hombre del expresidente Pedro Antonio Sánchez que favoreció en su día a Secuoya, con Fernando López Miras, entonces secretario general de Hacienda, al frente del tribunal adjudicador. Es llamativo que algunos responsables de informativos de La 7, todavía hoy, respondan a los acertijos de PAS en Instagram, como si fueran concursantes de Saber y Ganar. Por ejemplo: el expresidente sube una foto de una playa, y enseguida le responde una de las caras de los telediarios autonómicos: «Estás en Cádiz», a lo que PAS responde con iconos de aplausos: ¡acertado! Compadreo y buen rollito entre la dirigencia fáctica de PP y la televisión que pagamos todos los murcianos.
El 19 de enero de 2020, el director general de la adjudicataria de La 7, Antonio Peñarrubia, envió un escrito a la consejería de Hacienda para instar a la prórroga del contrato de su empresa, como así ocurrió, escrito que muy probablemente sería recibido en San Esteban por su propia esposa, Mar Moreno, secretaria general entonces de la consejería de Celdrán con rango, ella misma, de consejera. Todo queda en casa. Calculen el interés mutuo de este matrimonio: sumen el sueldo de una consejera al del director general de una empresa adjudicataria de la Administración. ¿Diez mil euros al mes? Lo mismo me quedo corto.
Perdone el lector el recurso a la imaginación, pero no es difícil suponer el siguiente diálogo:
-Joder, Mar, que nos vamos a negro y se nos jode el negocio.
-Antonio, coño, estoy haciendo todo lo que puedo, pero los funcionarios no se comen la prórroga. Envíame un escrito amenazando con mandar al paro a cien empleados...
Hecho, y prórroga aceptada en su momento, porque, en efecto, aunque sea algo cuestionable desde el punto de vista legal, ¿quien querría que la tele fuera a negro y sus empleados al paro? Todo menos eso. Pero con tal pretexto, la adjudicataria prolonga, sin causa, su contrato al amparo del Gobierno y, por tanto, como medio informativo, siempre a favor del Gobierno, pues no hay mecanismo que controle su desafuero.
¿Quién, en este caso, estaría dispuesto a facilitar un espacio neutral para que otra empresa, si alcanzara suficientes méritos, se hiciera cargo de la gestión de la televisión autonómica? ¿Aceptaría una nueva adjudicataria el envío matinal de un correo electrónico en el que Mar Moreno le indicara las ‘informaciones preferentes’ del día? ¿Podemos distinguir entre las amenazas de Vox a El Jueves por las caricaturas a los dirigentes de aquéllos y la censura blanda a la revista de su propio cuñado que ejerce Moreno por la exhibición de inocentes montajes de Photoshop con la imagen de López Miras?
No hay razón de ser, desde el punto de vista político, para que el presidente de la Comunidad no haya podido resolver hasta el día de hoy (y ni aun si lo resolviera hoy mismo) el nombramiento de un consejero que sustituya a Celdrán, quien se despidió hace quince días en rueda de prensa aduciendo que su familia no aguantaba más. Hacienda, en un Gobierno con mayoría absoluta en la Asamblea, con los Presupuestos aprobados y con dos años de ejecutoria hasta las próximas elecciones, con el añadido de los fondos europeos, es una bicoca para quien quiera lucirse políticamente en el PP. Entonces, ¿por qué nadie quiere sustituir a Celdrán?
Es fácil: las mismas razones que han motivado la dimisión de Celdrán (el fiasco del concurso de la autonómica, aparte de su desfonde político) no invitan a sustituirlo en un futuro que vendrá plagado de recursos judiciales por el empeño de adjudicar la tele a los amigos del Gobierno, incluyendo a una de sus consejeras.
“El 11 de julio de 2021 se publicó en la página web del diario “La Opinión de Murcia”, el artículo con el titular “¿Quién quiere ser consejero de Hacienda?”. En la misma fecha, se publicó el mismo artículo en las páginas 2 y 3 de la edición impresa del diario. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectificación, se lleva a cabo la siguiente rectificación a instancias de SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN S.A.:
1º- Se expresa en la entradilla del artículo: “Celdrán permanece en funciones porque cualquier sustituto sospecha que la primera encomienda es aprobar para Secuoya el contrato de la televisión autonómica”. Asimismo, se expresa en el tercer párrafo del artículo que “a pocos les queda la más mínima duda de que Celdrán se ha quitado de enmedio (sic) por la chapuza del concurso de la televisión autonómica, un envite que no ha sabido gestionar (no digo ya como gestor del interés público, que en este caso no era lo importante de su misión, sino como gestor a favor de los intereses del Gobierno, que en su caso era lo prescrito), y del que nadie se quiere hacer cargo por las consecuencias judiciales que podría acarrear, de ahí que haya poco entusiasmo para que, ni siquiera el más ingenuo, se preste a aceptar la consejería de Hacienda, a sabiendas de lo que trae consigo. Ni el secretario general de la consejería (número dos de Celdrán en su departamento y número uno de Celdrán desde el partido, por su condición de hombre fuerte en el área económica de la dirección del PP) y uno de los sustitutos naturales en las quinielas, se ha atrevido a dar el sí, pues es evidente que conoce de primera mano las circunstancias a que debe enfrentarse el Gobierno en la chapuza del concurso de televisión a favor de Secuoya.” Se trata de graves aseveraciones que no son ciertas. El resultado del procedimiento de licitación (expediente 2/20) relativo a la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia (2020-2025) no está predeterminado ni existe encomienda alguna para que SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN S.A. resulte adjudicatario del mismo.
2º.- Se expresa en el párrafo quinto del artículo que “en el Gobierno, a la vista de que la mesa de contratación, designada antes de la pasada Navidad, no acaba de mantener la unanimidad para resolver a favor de Secuoya, se han planteado anular el concurso y anunciar una nueva convocatoria... No consta que el Gobierno de Murcia haya planteado el desistimiento del concurso de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia y, menos aún, que haya planteado tal desistimiento porque no existiese una supuesta unanimidad de la Mesa de Contratación para adjudicar el concurso a SECUOYA. No existe ningún trato de favor a SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN S.A por parte de la Administración murciana ni connivencia de ningún tipo entre dicho grupo y el Partido Popular.
3º.- El último párrafo del artículo señala que “las mismas razones que han motivado la dimisión de Celdrán (el fiasco del concurso de la autonómica, aparte de su desfonde político) no invitan a sustituirlo en un futuro que vendrá plagado de recursos judiciales por el empeño de adjudicar la tele a los amigos del Gobierno, incluyendo a una de sus consejeras”. Cabe insistir en que no existe connivencia alguna entre SECUOYA GRUPO DE COMUNICACIÓN S.A. y el Gobierno de la Región de Murcia ni mandato o encomienda por el que se predetermine la resolución del procedimiento de licitación del contrato gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia a favor del referido grupo.”
