Se cuentan por miles en las Administraciones públicas, los hay de todos los colores y formas; llevan, muchos de ellos, años, lustros y décadas desempeñando en la función pública su labor: docentes, sanitarios, administrativos, jurídicos, economistas, técnicos, auxiliares, etc. La Administración les paga por su trabajo, luego los examina, a muchos los suspende en un examen que en nada tiene que ver con su puesto de trabajo, los frustra, y al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, vuelven a su puesto de interino o con otro tipo de contrato. Son los últimos de la fila.
No todos los trabajadores temporales de las Administraciones públicas han entrado a través de procesos selectivos, los hay incluso que su proceso de selección ha sido arbitrario, subjetivo y en base a su pertenencia a uno u otro partido político, pero la mayoría han conseguido encadenar contratos tras años de estudio, de oposiciones escasas y marginales, y de recorrerse municipios y centros de trabajo por toda la geografía autonómica y estatal.
Durante este año y medio de pandemia, su número ha aumentado a cifras fuera de lo normal. La media en el conjunto supera el 30%, incluso hay servicios públicos donde son el grupo mayoritario, como es el caso del Servicio de Empleo y Formación, donde más de la mitad de la plantilla era personal temporal, aunque con las últimas medidas, ponerlos de patitas en la calle, su porcentaje ha bajado considerablemente, una forma demasiado drástica e injusta de bajar la alta temporalidad.
Al contrario de lo que ocurre en la privada, aquí la inspección de trabajo no levanta expedientes ni sanciona a la empresa (Administración) por incumplir las normas; más aún, tras años de trabajo, cuando se van al paro no tienen ni un día de indemnización por año trabajado. Al personal temporal de la Administración, ya le gustaría que la famosa reforma laboral que quieren derogar se la aplicaran inmediatamente, quizás entonces la administración dejaría de utilizarlos como clínex.
En estos momentos, el personal temporal cuenta con un auténtico ‘ejército’ en número de trabajadores. Por eso, sus manifestaciones, huelgas, comunicados, concentraciones, están llamando la atención de los medios de comunicación, y a pesar de ello, saben que el tiempo les debilita, sobre todo cuando miles de ellos vuelvan ahora, tras el verano, a las bolsas de trabajo a esperar un turno que posiblemente tardará en llegar.
A su futuro incierto, se suman unas políticas públicas tendentes a la externalización de los servicios públicos, incluidos los esenciales, como son la educación, la sanidad y el llamado tercer sector, por lo que saben que su batalla por conseguir procesos de consolidación, no de plazas, sino de personas, es ahora o nunca.
Las encuestas, sobre todo en la Región de Murcia, apuntan a que los partidos políticos que en nombre de la libertad están aposando por la privatización de los servicios públicos, es decir, por desmantelar la función pública como eje vertebrador de la sociedad, haciéndola más igualitaria, siguen ganando, encuesta a encuesta, adeptos, y eso no solo es una mala noticia para las clases más desfavorecidas de la sociedad, sino que puede poner el rejón de muerte a los temporales de la Administración.
Gota a gota, contrato a contrato, servicio a servicio, SEF, Medio Ambiente, IMIDA, IMAS, Educación, Sanidad, van desangrándose de manera lenta pero inexorable, los sindicatos asumieron con normalidad que informática, limpieza, seguridad, mantenimiento, katering, y otros tantos servicios públicos, fueran puestos en manos privadas, y muchos de estos servicios públicos, se han convertido en auténticas golosinas para muchas empresas privadas, y cuando uno se hace adicto al azúcar, necesita más y más, y por si faltaba poco, nadie, ni sindicatos ni oposición, están poniendo toda la carne en el asador para retirar tanto caramelo, y al final, pasa lo que siempre pasa, que los últimos de la fila nunca serán los primeros.
