Cinco años durmiendo el sueño de los justos

Cinco años de aquel hito que despertaba la ilusión y la esperanza de miles de ciudadanos y ciudadanas de la Región, que tanto tiempo llevábamos luchando para ver reconocidos legalmente nuestros plenos derechos. Una ensoñación en la que muchos creímos, aun sabiendo que la derecha murciana está muy lejos de la centralidad que algún día quisieron aparentar y que poco les preocupan, más bien nada, los derechos y libertades de las personas LGTBIQ+.

Y para muestra un botón. No solo no han hecho sus deberes, poniendo en marcha esta ley, sino que, además, han sido los primeros en comprar los postulados de la ultraderecha, dejando en sus manos la Educación de nuestros menores. De ahí que fuésemos la única Comunidad autónoma de España en implantar hace un año el veto parental en nuestras aulas y que sigan articulando mecanismos para volver a instalar esta censura, que afectará principalmente a la educación afectivo-sexual, punto de partida para promocionar entre nuestros menores los valores constitucionales del respeto a la diversidad, la igualdad, la propia aceptación o la tolerancia.

El PP y los tránsfugas de Ciudadanos se han postrado, sin contemplaciones, ante una ultraderecha que niega la violencia machista, criminaliza a las personas inmigrantes, llama ‘conejas’ a las madres solteras y que, por supuesto, reniega de las leyes sociales que reconocen derechos del colectivo, como la Ley de matrimonio igualitario, al que la consejera de Educación no quiere llamar por su nombre, porque lo considera anormal.

Con estos mimbres, no podía salir otro cesto. Han sobrepasado tantas líneas rojas, que no extraña a nadie que esta se la hayan saltado sin el más mínimo pudor. Pero sus amplias espaldas no justifican la elusión de sus obligaciones. Nuestro Estado de Derecho es claro en sus normas. El poder legislativo elabora y aprueba las leyes, tal como hizo la Asamblea en 2016, y el poder ejecutivo, las desarrolla y las aplica, algo que siguen sin hacer, en un claro ejemplo de irresponsabilidad institucional.

La nuestra es una de las leyes LGTBI más ambiciosas del ámbito autonómico de nuestro país. Sin embargo, somos la Comunidad autónoma cuyo Gobierno más desprecio ha ejercido sobre ella. Y es que, a pesar de que la Leyes, obviamente, de obligado cumplimiento, no han elaborado la mayor parte de las disposiciones que permitan su desarrollo íntegro, habiendo superado con creces el plazo de nueve meses que establece la norma, desde su entrada en vigor, para hacerlo. Algo inasumible y denunciable.

Sobre todo, cuando en nuestra Región siguen sucediéndose infames agresiones físicas y actos de violencia verbal hacia personas gais, lesbianas, bisexuales, transexuales o intersexuales, que siguen desprotegidas por la parálisis de esta norma y por la falta de voluntad del presidente López Miras y su vicepresidenta tránsfuga que, más allá de colocar unas letras arcoiris en la fachada de su consejería, no ha movido un dedo para luchar contra esta lacra que se acrecienta en nuestra tierra a pasos agigantados.

No podemos pasar por alto que, de estar aplicando la ley, estas agresiones podrían haberse evitado. Por lo que se han convertido en cómplices de la soledad y la discriminación a la que somos sometidos muchos y muchas por nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género.

Y es que todavía no se ha convocado el observatorio LGTBI para su constitución y puesta en funcionamiento; no se han publicado los protocolos de atención integral a las personas trans en el ámbito sanitario; no se ha elaborado el Plan Interdepartamental para la coordinación de las acciones de gobierno en este ámbito; no se ha elaborado del Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI; no se promociona la cultura inclusiva desde todas las instituciones regionales, y no se ha elaborado el informe de impacto de cumplimiento de esta normativa, aspectos todos ellos incluidos en la ley y que son competencia exclusiva del Gobierno regional.

Es pasmoso que esto siga pasando en nuestras instituciones en pleno siglo XXI. Es indecente que siga poniéndose en duda la necesidad de estas acciones para llegar a ser una sociedad plena, con pleno respeto a los derechos humanos. Irrita ver este desprecio continuo del Gobierno de nuestra Región a las leyes que nos asisten y protegen. Preocupa ver la pasividad de la ciudadanía ante tales ataques a la libertad de miles de murcianos y murcianas a las que se nos cercenan nuestros derechos.

Desde el PSOE de la Región de Murcia, el mismo que promocionó la aprobación de esta ley y aboga por la ampliación de la legislación estatal, exigimos el inmediato desarrollo de las disposiciones y reglamentos que permitan una aplicación efectiva de su contenido íntegro, de ahí la moción que hemos presentado en la Asamblea Regional para su debate urgente.

No consentiremos que siga durmiendo el sueño de los justos, mientras siguen vulnerándose libertades fundamentales. En la defensa de los derechos humanos, seremos firmes y contundentes. Junto a los colectivos LGTBIQ+ de la Región, que trabajan sin descanso en esta labor, seremos el muro de contención de su odio institucional. Velaremos por el cumplimiento estricto de las normas que nos hemos dado y que se hacen imprescindibles para una convivencia pacífica y para el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía, a la que tenemos derecho, le pese a quien le pese.