Arrecian estos días las críticas e incluso las demandas judiciales al Gobierno central por la decisión adoptada por Aviación Civil, dependiente del ministerio de Transportes, de retirar la denominación ‘Juan de la Cierva’, conocido ingeniero e inventor murciano, pero también conspirador contra la II República, al aeropuerto de Corvera. A este respecto, hay que decir que lo que ocurre en España es impensable en Europa. Por poner un ejemplo, en Alemania no sería posible que el aeropuerto más importante del país, el de Frankfurt, llevara el nombre de un conocido aviador nazi, Hans-Ulrich Rudel, fundador de una organización de ayuda a muchos compatriotas nazis para escapar a América Latina, y que fue asesor en aquel continente de Juan Domingo Perón, y de los dictadores Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner.

Sin embargo, en una Región como la nuestra, en la que la derecha y extrema derecha son herederas de aquellos cacicatos permanentes de la Restauración, en los que destacó Juan de la Cierva Peñafiel, padre del inventor, varias veces ministro de Alfonso XIII y miembro de la Asamblea Nacional Consultiva de la dictadura de Primo de Rivera, una propuesta legal, pero opuesta a los intereses de los vástagos familiares del célebre ingeniero e inventor, ha despertado las iras de esos familiares y clanes afines, deseosos de preservar su buen nombre con operaciones de lavado de imagen perfectamente orquestadas, para lo que vienen contando con la complicidad mediática e incluso con tertulianos, bastante desinformados, en algunas emisoras de radio. Se ha desatado la tormenta. Y el PP regional y nacional no ha dudado ni un momento en sacar sus garras contra el Gobierno (cualquier pretexto es bueno para propiciar su caída), calificando esta cruzada ‘anticiervista’ de asunto ideológico y de intento de detener la Historia.

Una primera consideración: se omite en este asunto la participación activa de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMH-RM) en contra de esa denominación para el aeropuerto pues, tan pronto como tuvo noticia de la propuesta aprobada en la Asamblea Regional y en el Congreso (con la sorpresiva abstención, entonces, del PSOE), cursó distintos escritos a instancias varias, desplazó una comisión a Madrid y, en entrevista a primeros de febrero de 2019 con Fernando Martínez, director general de Memoria Democrática, arrancó el compromiso de éste de estudiar el asunto y trasladarlo al ministerio de Transportes.

Dicho esto, y para ir aclarando más cosas, quiero recordar una cuestión legal: en un país democrático, las leyes están para cumplirlas. En ese sentido, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, la conocida como Ley de Memoria Histórica, en su artículo 15.1 dice literalmente: «Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Como ven, se habla de sublevación militar. Está claro, como ahora veremos, que De la Cierva tuvo una cooperación destacada en esa sublevación. Y aunque, en entrevista publicada hace unos días en este diario, Roberto Villa García, profesor de la URJC, distinguía entre conspiración y sublevación, parece evidente que conspirar contra la República con el grado de implicación con que lo hizo el inventor murciano ayudó, y mucho, a que la sublevación, en un principio fallida, derivara en la cruel Guerra de España.

Villa García dice que De la Cierva no era un fascista, sino un monárquico. Ignora, o pretende ignorar, el hecho contrastado de la proximidad ideológica de los monárquicos españoles, entonces integrados en el partido Renovación Española, de Calvo Sotelo, con el fascismo, sin olvidar que las Juventudes de Acción Popular (JAP), los ‘camisas verdes’ de la CEDA de Gil Robles, no escondían sus simpatías también por el Duce.

Como dije en mi artículo de LA OPINIÓN de fecha 3-XI-2020 (Juan de la Cierva no es nombre para el aeropuerto), Ángel Viñas tiene documentados en su libro ¿Quién quiso la Guerra Civil? los estrechos contactos, desde el primer día de andadura de la II República, de monárquicos españoles acerca del dictador italiano y en esa trama, formando parte activa del mundillo cerrado de los clubs londinenses en los que muy pronto comenzó a conspirarse contra la República, encontramos al inventor murciano, junto a probados monárquicos como el Duque de Alba, Luis A. Bolín, corresponsal en Londres del periódico monárquico Abc, Juan Ignacio Luca de Tena, etc.

Es suficientemente conocida la participación de Juan de la Cierva en el alquiler del avión Havilland Dragon Rapide. Pero hay más. Viñas tiene documentada en su obra La soledad de la República la visita del ingeniero español desde Londres a Roma, a instancias del propio rey Alfonso XIII. Junto a Luis A. Bolín y el Marqués de Viana, De la Cierva logró del Duce, con el dinero del contrabandista y financiero Juan March, unos cuantos aviones civiles, necesarios para el triunfo de la sublevación. Meses después, aviones Savoia italianos, no lo olvidemos, volando a más de 5.000 metros de altura para salvar la artillería costera, dejarían su carga mortífera sobre Cartagena.

En agosto de 1936, Juan de la Cierva adquirió también aviones en el mercado libre británico, por encargo del general Mola, según nos recuerda Paul Preston en Un pueblo traicionado. Y en septiembre de 1936 realizó un viaje a Berlín, también por encargo de ese general, para comprar armas y cartuchos para los sublevados, para lo que contactó con Wilhelm Franz Canaris, el que luego sería jefe del espionaje alemán.

Ítem más. El investigador cartagenero Juan Eladio Palmis extrae de las Memorias escritas y publicadas por el que fuera diplomático español republicano Francisco Serrat y Bonastre, que durante la sublevación se pasó al bando fascista llegando a ser ministro de Exteriores de Franco, el hecho de que las ciudades españolas de Burgos y Salamanca bullían en los días posteriores al golpe de Estado con la presencia de destacados falangistas y carlistas, junto a Juan March, Juan Ventosa y Juan de la Cierva. Juan Ventosa, varias veces ministro de Hacienda y ministro de Abastos con el rey Alfonso XIII, fijó su residencia en Burgos en aquellos años y logró ser un suministrador de dinero para financiar y mantener económicamente el golpe de Estado.

Estas situaciones están contrastadas documentalmente. Pero la derecha, que, crecida en los últimos años, ha reavivado un negacionismo histórico amparado en una supuesta equidistancia en la responsabilidad de los dos ‘bandos’ (aquí sólo hubo un bando, el sublevado) en la Guerra de España, cuando no en una culpabilidad directa de una República que ‘viraba hacia el marxismo’, acusa de subjetividad a Ángel Viñas, por ser republicano y próximo al PSOE, y, por lo visto, al exigir otra versión de los hechos, sólo está dispuesta a prestar credibilidad a los escritos ‘neutrales’ de pseudohistoriadores como Pío Moa o César Vidal, el amigo íntimo de Federico Jiménez Losantos, que, como es sabido, desde las ondas de la radio no cesa en su empeño de reavivar una nueva cruzada contra la izquierda de este país.

La democracia en España está en serio retroceso. Estamos asistiendo, peligrosamente, a una banalización de lo que supuso la dictadura franquista y a una normalización de la presencia de los discursos de la extrema derecha en las instituciones. Por eso, frenar iniciativas como la de premiar con el nombre de un aeropuerto a quien conspiró contra el régimen legal de la II República no obedece a una cuestión ideológica. Es por una pura cuestión democrática.