Han sido las alcaldesas, los alcaldes y los concejales las autoridades que han vivido más de cerca los problemas del millón y medio de hombres y mujeres de la Región durante la pandemia. Ellas y ellos han estado permanentemente al pie del cañón, sufriendo y compartiendo los problemas de sus vecinas y vecinos. Sacándole las castañas del fuego al Gobierno regional en innumerables ocasiones con los rastreadores, habilitando dependencias municipales para realizar las pruebas PCR, con ayudas a los sectores más castigados o, recientemente, en los procesos de vacunación masiva. Le han dado un ejemplo de lealtad y colaboración al presidente regional.
En el año 2020 el Gobierno de España destinó un fondo extraordinario a las Comunidades autónomas de 16.000 millones de euros para combatir la pandemia. A la Región de Murcia le correspondieron más de 400 millones de euros. La práctica totalidad de Comunidades autónomas utilizaron una parte de este dinero para ayudar a los Ayuntamientos, pero la nuestra no lo ha hecho. Las alcaldesas y los alcaldes han tenido que afrontar la pandemia sin ayuda del Gobierno regional, un acto de insolidaridad impropio de quien tiene el deber constitucional de tutela de los consistorios.
La crisis ha mermado considerablemente los ingresos de los Ayuntamientos y ha aumentado en casi la misma proporción los gastos. Solo la decisión del Gobierno de España de suspender las reglas fiscales para los años 2020 y 2021 y dejarles utilizar los ahorros que la ley Montoro del año 2012 les impedía usar, les ha permitido seguir prestando servicios a sus vecinas y vecinos.
Los presupuestos regionales de 2021 no ayudarán a los consistorios a paliar su situación económica, más bien al contrario. Poco más de 94 millones de euros de estos presupuestos tendrán los 45 ayuntamientos para repartirse. Por cierto, sin ningún criterio objetivo. Tan solo las competencias delegadas por la Comunidad autónoma les generan un déficit superior a los 150 millones de euros, y tampoco pillarán nada de los 230 millones de euros que mandará el Gobierno de España para el funcionamiento de la Diputación Provincial. En el resto de España esos millones van a las entidades locales; aquí el Gobierno regional los utiliza para financiarse.
López Miras no tiene ninguna vocación municipalista, lo deja claro con sus decisiones y actos. Seguramente es la consecuencia de no tener ninguna experiencia en la política municipal. Desde que accedió a la presidencia, sus relaciones con alcaldes y alcaldesas dejan mucho que desear y los recursos económicos destinados a los Ayuntamientos se han ido reduciendo progresivamente. Cuando el presidente dice que este es un presupuesto municipalista está insultando a las alcaldesas y alcaldes.
El maltrato del Gobierno regional a los Ayuntamientos es muy evidente, hasta el punto de incumplir el artículo 142 de la Constitución Española. Todas las Comunidades autónomas, a excepción de la nuestra, tienen desarrollados mecanismos para colaborar financieramente con los Ayuntamientos. En la Región de Murcia son éstos los que están financiando a la CARM. Los ediles han demostrado una enorme responsabilidad en la defensa de sus vecinas y vecinos, pero llegará un momento en el que no les quedará más remedio que plantarse, exigiendo al presidente regional que cumpla con sus obligaciones y se deje de excusas.
