Eel transfuguismo es un vicio que causa estragos en la política española. Cartagena es un caso pintoresco por la personalidad de sus protagonistas. Como el resultado electoral de 2019 no era de su gusto y conveniencia, las jefas locales del PP y PSOE llegaron a un arreglo para repartirse la alcaldía. Anunciaron que el pacto sólo tenía por objeto salvar a Cartagena de caer en manos de gente sin escrúpulos ni preparación para gestionar la vida local.

Con esta componenda, Castejón y Arroyo se repartieron el poder y el sueldo de alcaldesa de Cartagena, dividiendo el tiempo de la vara de mando en dos etapas iguales para el mismo proyecto. Se dijeron la una a la otra: «Dentro de dos años te quitas tú y me pongo yo». Pero como los partidos de su adscripción, en 2006, habían ratificado un pacto antitransfuguismo para castigar conductas deshonestas y cambalaches de ese estilo, el resultado fue que Castejón y los suyos fueron expulsados del partido socialista.

Arroyo no corrió la misma suerte, porque el PP mantiene el cinismo como ideología, por tanto, es un partido en el que se puede vivir sin principios ni convicciones y poner la mano ante cualquier ventaja. El resultado de todo esto es que, ahora, en junio de 2021, se intercambia el cromo de la alcaldía de Cartagena, un juego entre expulsados y tránsfugas de hecho y de derecho. La cuestión es muy seria, porque Cartagena es una ciudad cuya representación política no es compatible con el resultado de las urnas y corrompe el valor de la democracia en el ámbito local.

Lo que verdaderamente ocurre en Cartagena es que se ha dinamitado el modelo constitucional de representación política. Se ha cambiado un sistema de gobierno basado en partidos por otro confeccionado a capricho y conveniencia de los tránsfugas. En otras palabras, se ha instalado una ‘democracia de personajes’, dando paso a un modelo deficitario con varios problemas, no sólo la falta de legitimidad, sino que a veces estos personajes resultan tan alocados o descontrolados que no responden ni ante la madre que los parió.

La idea de repartir el poder local de Cartagena entre el PP y PSOE es un disparate a gran escala. Rompe cualquier referencia creíble sobre el significado de los partidos y deja a los ciudadanos huérfanos de referencias éticas para la vida política. Lo importante no es que la voluntad del Ayuntamiento se parezca a la voluntad de los ciudadanos, expresada en elecciones, sino que se gobierne por la voluntad de poder de los personajes que manejan la vida local como un cacicato a merced de sus intereses ocultos.

Cartagena no puede soportar este estilo de gobierno. Y es que no se trata sólo del Ayuntamiento sino que está en juego la vida política y el futuro de la Región de Murcia. En torno a Cartagena están los temas clave de esta Comunidad Autónoma. La agricultura, el turismo, la industria, el patrimonio histórico, el puerto, la innovación, la tecnología, el sector energético y la industria militar. Todos los ejes principales de prosperidad y futuro para la región pasan necesariamente por Cartagena, que no puede estar en manos de tránsfugas irresponsables o caprichosos que espantan las inversiones y la decencia.

Ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha dictaminado la ilegitimidad de las componendas tramadas por los concejales tránsfugas. La sentencia de 26/10/2020 declara que estos personajes no pueden asumir cargos o percibir retribuciones que antes no tenían. Tampoco, a resultas de la maniobra, pueden obtener «mejoras personales, políticas o económicas». El único trabajo que pueden realizar es «incorporarse a las comisiones informativas». La idea central es que el tránsfuga no puede tener más derechos después de su deserción que si hubiera permanecido en el grupo de procedencia.

El reciente dictamen del Congreso de los Diputados califica también como tránsfugas a los que sacan beneficio de las operaciones, aunque no hayan sido expulsados de sus partidos. Situación que implica en el transfuguismo al propio López Miras, pillado con las manos en la masa, aunque se niega a aceptar su verdadera condición política. Esta doctrina legal también es avalada por el Tribunal Constitucional, porque el transfuguismo conlleva una alteración o falseamiento de la representación institucional y supone una actuación desleal hacia los ciudadanos.

El pacto de continuidad y gobernanza compartida entre Castejón y Arroyo, al parecer inspirado por Zapatero y Obama, es un atentado contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que también prohíbe que el tránsfuga sea recompensado con el cargo de «teniente de alcalde e integrarse en la junta de gobierno». El ayuntamiento de Cartagena se parece mucho a la Asamblea Regional, con una sola diferencia: López Miras puede deshacer el entuerto con elecciones anticipadas, pero el Ayuntamiento tiene que esperar hasta 2022 para que Vox pueda poner orden, el único partido que ha demostrado que sabe cómo afrontar los problemas causados por la ‘democracia de personajes’ que secuestran la voluntad de los ciudadanos.