Responsabilidad política

Si, pongamos por caso, un gobernante desmantela los servicios públicos de su Comunidad ¿no debería ser demandando? ¿En nombre de una determinada ideología se pueden empobrecer los servicios públicos básicos de una colectividad, como la educación, la sanidad y todo aquello que nos acerca a la igualdad?

Que algunas autonomías, de manera especial las gobernadas por el PP, tienden a desmantelar los servicios públicos para fortalecer los privados es de todos conocido. Los conciertos con la sanidad privada, pongamos por caso, crecen como setas, a la vez que la sanidad pública se empobrece, al mismo ritmo que se produce el deterioro progresivo de las condiciones de los colegios públicos, mientras se fortalece la educación privada y concertada en nombre de que no sé qué libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Que hasta aquí podríamos llegar, claro que tienen toda la libertad del mundo para hacerlo, pero pagándolo ellos.

Porque muchos ciudadanos entienden que, con sus impuestos lo que quieren es que los colegios públicos tengan calefacción y aire acondicionado, que las instalaciones deportivas estén a la altura de esos colegios concertados que pagamos todos, que el número de alumnos por aula no sea imposible para recibir una adecuada formación, que el número de profesores sea el que ha de ser y que, por ejemplo, como denunciaba hace unos días el Sindicato de Enseñanza de UGT, en la Región, se termine con los colegios públicos que continúan teniendo amianto en sus estructuras: «Son entre 130 y 150; es una cuestión que hay que resolver porque se trata de un elemento cancerígeno y que puede ser un factor de riesgo para desarrollar mesotelioma, una forma rara de cáncer» . Un problema que, al parecer, no tiene visos de solucionarse totalmente antes del 2027.

Tengo la sensación de que algunos gobernantes se sienten por encima del bien y del mal, porque esas decisiones que perjudican a miles de ciudadanos no tienen consecuencias, aunque esas determinaciones afecten de manera irreparable a la sociedad a la que han de servir, posiblemente porque, como muchos pensarán, la responsabilidad política es distinta a la responsabilidad jurídica, entendiendo que la responsabilidad jurídica es la de los gobernantes ante los Parlamentos o los tribunales por su uso del poder y la responsabilidad política es evaluada por los ciudadanos cuando, asumiendo el papel de electores en un sistema democrático, estiman el uso que los gobernantes han hecho del poder, aplicando cualquier tipo de criterio para evaluar su desempeño y no una norma jurídica. Y sí, podemos entender que el juicio de valor que un gobernado atribuye a los actos de poder de un gobernante constituye, en efecto, una manera de evaluar la responsabilidad política que es fundamental para la vida democrática.

Pero pongamos un ejemplo, el que la Justicia haya dictaminado que no ha lugar a condenar al concejal del ayuntamiento de Murcia Felipe Coello por vacunarse, cuando no le correspondía (su condición de médico no le exime del cumplimiento, puesto que no está en activo), no significa que el señor Coello no se saltase a la torera su responsabilidad política, que era no escandalizar a los ciudadanos con su acciones. Que ahora continúe exigiendo pomposamente que todos aquellos que le reprocharon su acción han de pedir perdón es no haberse enterado de nada.

En política sobra soberbia, falta reflexión, y el ciudadano tiene la impresión de que carece de mecanismos de control sobre la acción de sus gobernantes.