La pandemia de la Covid-19 ha generado un importante impacto sobre la salud mental de los españoles. Así lo muestran los resultados del barómetro del CIS publicado en marzo. Un 5,8% de los encuestados reconoce que le han prescrito psicofármacos y un 6,4% informa haber sido tratado por algún psicólogo o psiquiatra tras el inicio de la pandemia.
Aún más preocupantes son los datos entre los niños y adolescentes.
La Asociación Española de Pediatría informa de que en los servicios de Pediatría de Atención Primaria y en las derivaciones a salud mental se ha observado un repunte de las consultas por ansiedad, síntomas de tipo obsesivo-compulsivo, depresión, autolesiones y somatizaciones.
Se ha producido un incremento del 50% de las urgencias psiquiátricas en menores, especialmente en adolescentes, se ha multiplicado por cuatro los ingresos y se han duplicado los trastornos alimentarios, que ahora son más graves y requieren más ingresos que antes de la pandemia.
La Región de Murcia dispone de 6,2 psicólogos por 100.000 habitantes, ligeramente por encima de la media nacional (5,58%), pero lejos de los 10,2 de Navarra o de los 18 de la media europea.
La red de salud mental de nuestra región necesita más profesionales de la psiquiatría, psicología, enfermería de salud mental, trabajo social y terapia ocupacional para hacer frente a las listas de espera, que son las más altas de España, según el informe del defensor del pueblo, con 71 días de espera para una primera consulta de adultos y 79 días en infantojuvenil. Muy lejos de Comunidades autónomas como Asturias, con 26 días.
Ante esta dura realidad, el Gobierno regional ha presentado un proyecto de presupuestos que contemplan una ridícula mejora de recursos de salud mental de 447.664 euros, mientras recorta 728.000 euros de subvenciones en inserción laboral de personas con enfermedad mental en proceso de recuperación.
No han hecho caso de lo aprobado en la Asamblea Regional, en el dictamen de la Comisión de Reactivación, en el que se pedía la adaptación del Programa de Impulso y mejora de la Salud Mental 2019-2022 a la nueva realidad generada por la pandemia, con especial atención a las mujeres, que han llevado el peso de los cuidados y han sufrido mayor violencia de género durante los confinamientos.
Por eso, desde el PSOE, hemos presentado un paquete de medidas urgentes, para afrontar un Plan de Choque en Salud Mental, con 2,8 millones de euros que, aunque no responde a todas las necesidades, sí contempla las más urgentes que nos plantean los profesionales y las asociaciones de familiares y usuarios.
Si consultas a tu médico de cabecera por un problema de salud mental, es necesario que, si lo necesitas, te pueda atender un profesional de la psicología en menos de una semana. Hemos propuesto que se refuercen los quince centros de Salud Mental de la Región con una plaza de Psicología Clínica, cuyo profesional trabaje en colaboración con Atención Primaria, evitando las listas de espera, la sobremedicación y que los trastornos mentales comunes se cronifiquen y se agraven.
No podemos permitir que solo pueda recibir ayuda quién tenga medios para pagarse un psicólogo privado.
Tampoco el Gobierno regional ha hecho caso al mandato de la Asamblea, que aprobó por unanimidad que se pusiera en marcha un Plan de Prevención del Suicidio. Hay 125 muertes por suicidio en la Región al año, en muchos casos, evitables.
También va tarde este gobierno con la aprobación de un Plan de Adicciones, ya que el último terminó en 2010, con una línea de actuación frente a las ludopatías en la región con más salones de juego de Europa, que disfrutan además, de exenciones de impuestos como de regalo del Gobierno regional.
Dotar de lo recortado en inserción laboral, que ha dejado sin aspiración a un empleo a más de 250 personas en proceso de recuperación de su enfermedad mental, y crear plazas de alojamiento en pisos, son dos medidas necesarias para la vida autónoma de estas personas, que favorecen su recuperación y evita recaídas e ingresos hospitalarios, como está demostrado.
También aumentar las ayudas a las entidades sin ánimo de lucro que han visto aumentadas sus necesidades por la pandemia, muy especialmente, las que intervienen con trastornos de la personalidad, de la conducta alimentaria o con la población infantojuvenil.
Y aumentar el dinero de bolsillo a las personas con trastorno mental y otras discapacidades, que participan en programas de promoción de la vida autónoma y que estén en pisos o residencias, como ya han hecho varias comunidades autónomas, reduciendo el copago.
Sería incomprensible que, en el año que la Región va recibir más ingresos del Gobierno de España y de Europa que nunca, no se invirtiera más en la atención a los trastornos mentales. Por eso, esperamos que el Gobierno regional acepte estas enmiendas, ya que los presupuestos presentados no recogen las necesidades en el ámbito de la Salud Mental que la pandemia ha puesto de manifiesto.
