Sin propiedad no hay libertad. Bajo este principio, que siempre hemos tenido claro en el Partido Popular, el Gobierno de Fernando López Miras, frente a la irresponsable inacción de Pedro Sánchez, se decidió a dar un paso necesario y valiente en defensa de la propiedad privada con una ley regional contra la ocupación ilegal de viviendas. De tal forma que la Región de Murcia se ha convertido en la primera Comunidad autónoma que dota de instrumentos legales a la lucha contra la lacra social de la ‘okupación’, con una norma que se atiene estrictamente a los principios constitucionales, y que da solución a un problema real cubriendo un vacío legal.

Porque, por mucho que la izquierda pretenda hacernos ver lo contrario, no se trata de una cuestión baladí. Tampoco en la Región de Murcia, donde se registraron en 2020 respecto a 2019 el doble de okupaciones, que además en el último semestre han crecido un 20%, según datos del ministerio del Interior. Son guarismos que no hacen sino reafirmarnos en nuestra postura de tolerancia cero hacia la ‘okupación’ ilegal o cualquier atropello al derecho de propiedad, ante lo que, dentro de sus limitadas competencias legislativas, el Gobierno regional no mira hacia otro lado. 

Todo lo contrario que el Gobierno de Sánchez, que ha hecho también en esta materia una transferencia de responsabilidad al desentenderse absolutamente de un problema que no deja de ser grave, y que afecta cada vez a más familias que ven cómo asaltan y se apropian de sus casas sin que se adopte medida alguna. Por desgracia, el PSOE de Sánchez ya dejó clara su postura cuando rechazó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de PP, Vox y Cs que pretendía modificar la leyes de Seguridad Ciudadana y de Enjuiciamiento Civil con el fin de proteger a quienes son víctimas de esta práctica ilegal.

Con estos posicionamientos políticos, PSOE y Podemos parecen defender más al que infringe la ley que al propietario particular, y no hacen sino alimentar la sensación de impunidad con la que actúan los okupas. Porque, frente a la demagogia buenista que suele utilizar la izquierda, cabe hacer constar que, en la inmensa mayoría de los casos, con el ‘movimiento okupa’ estamos ante un negocio lucrativo en manos de mafias organizadas. Y que, como remarcan los Colegios de Abogados, en muy escasos casos las okupaciones son de viviendas de fondos buitre o bancos, sino de familias y modestos propietarios que con gran esfuerzo y ahorro han adquirido su vivienda habitual o su segunda residencia.

Un derecho, el de propiedad, que no puede supeditarse a otros derechos que por supuesto deben garantizarse, como es el acceso a una vivienda. Debemos ayudar a quien más dificultades encuentra, como así está haciendo el Gobierno regional, pero nunca invadiendo la propiedad legítima del otro. Al respecto, nuestra posición es muy clara: facilitar el acceso a una vivienda digna a las personas más vulnerables, sin menoscabar en ningún caso el derecho a la propiedad privada.

De ahí que, por ejemplo, el Gobierno de López Miras, que además ha adoptado una medida pionera como es avalar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, haya destinado 16 millones de euros de ayudas para el alquiler covid, 3,1 millones para facilitar una vivienda en colaboración con las ONGs, la compra de viviendas sociales y el apoyo a las familias sin techo. O que los Presupuestos regionales hayan incrementado en un 13% las partidas destinadas a vivienda, aumentado las ayudas para jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes y destinado 3,8 millones de euros en ayudas al alquiler, sumados a los 4,4 millones de fomento del parque de viviendas en alquiler.

La Región de Murcia, espacio de libertad de la mano de Fernando López Miras, se sitúa ahora a la vanguardia de la defensa del derecho de propiedad. No podía ser otra.

Desde aquí, abanderamos la lucha para atajar de raíz un fenómeno, el de la okupación, que no debería entenderse en ningún caso como una vía de acceso a la vivienda, sino como lo que realmente es: un delito contra la propiedad privada.