Afirmaba López Miras en su cuenta de Twitter que «los jóvenes de la Región de Murcia serán los primeros en poder financiar el 100% de su primera vivienda» en alusión a las nuevas ayudas del Gobierno regional dirigidas a personas de hasta 35 años para la adquisición de su primera vivienda y que se concretan en el aval público de la financiación del 20% de su valor. El 80% restante lo cubriría el préstamo hipotecario.

En un arrebato de orgullo de sí mismos, han presentado la medida como una propuesta inédita en España «que refleja el perfil liberal del Gobierno del presidente Fernando López Miras». Sin embargo, la medida no solo no es novedosa ni los/as jóvenes murcianos/as serán los primeros en beneficiarse de ella, sino que es muy limitada y responde más a los intereses de los promotores inmobiliarios y de la banca que a los de los/as jóvenes a los que se destinan dichas ayudas.

Ya desde 2008 Baleares viene desarrollando un programa similar (Programa Primera Hipoteca), aunque dirigido a la adquisición de vivienda protegida. Más recientemente, esta propuesta está siendo impulsada por entidades financieras y la Asociación de Promotores Inmobiliarios con la finalidad de activar el mercado de la vivienda nueva.

Es, además, una propuesta muy limitada, contempla un total de seiscientas ayudas para los 123.900 (EPA) jóvenes murcianos/as ocupados/as de entre 25 y 34 años.

No responde a los intereses de la mayoría de los/as jóvenes cuya primera y más urgente necesidad es acceder a un puesto de trabajo en consonancia con su formación y proyecto de vida. El 24,2% de los/as parados/as en la Región tienen entre 25 y 34 años (EPA) y los que trabajan, cobran un salario medio de 1,5 veces del SMI (INE 2018). En estas circunstancias, es difícil afrontar una hipoteca y la financiación de la parte restante por muy avalada que esté.

Una política más coherente en materia de vivienda para jóvenes sería, además de invertir en promoción de vivienda pública, promocionar la vivienda de alquiler a precios razonables, la venta de vivienda usada y las ayudas para rehabilitación, dado el stock de vivienda vacía existente en la Región: 119.117 (INE 2011).

El derecho constitucional de acceso a una vivienda requiere un compromiso prioritario con la ciudadanía y sus necesidades reales, no con los intereses de los empresarios inmobiliarios y de la banca.