Mesas de negociación

Lo curioso es que muchas de estas organizaciones sindicales han declarado públicamente que tanto el Gobierno como la Asamblea Regional son legales pero ilegítimos, otra contradicción más que añadir al esperpento político sindical que vivimos.

Si una organización está convencida de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo no responden a la voluntad popular, si creen que con la llegada de tránsfugas y traidores, de compra y venta de voluntades y consejerías, se ha prostituido la esencia de la democracia, la representatividad, lo último que debe hacerse es legitimarla por acción u omisión.

Si no se le concede a la otra parte en la negociación, capacidad de negociar por su ilegitimidad, lo que se espera como mínimo, al menos, es no sentarse a tratar con la otra parte, en este caso la propia Administración y, por lo tanto, lo que procede sería levantarse, abandonar la negociación, y entonces, solo entonces, denunciar la situación.

Pero si lo que se pretende es aprovecharse de las propias instituciones para poner en duda las propias instituciones, intervenir en los diferentes foros para hablar de transfuguismo y traiciones, lo único que se consigue es pasar a formar parte del propio espectáculo circense.

Hace tiempo que tanto en política como en las organizaciones sociales (sindicatos, empresarios, incluido el lobby del agua) se perdió la autoridad moral y etica que debe acompañar siempre al propio servicio público que se presta.

Hacen mal las organizaciones sindicales de la función pública que denuncian que la democracia murciana está secuestrada, seguir aprovechándose de los beneficios (liberados, subvenciones, etc.) que legalmente se obtienen de ésta. Si quieren volver a recuperar el prestigio perdido, convertirse en una referencia moral de la clase trabajadora, deberían empezar por dar ejemplo, bajarse del escenario, devolver los trajes, desmontar el escenario y abandonar el espectáculo.

En el SMS, por ejemplo, el número de horas sindicales asciende a más de 9.000 al mes (227 delegados) lo que les da derecho a más de sesenta liberaciones, sin contar con las liberaciones instituciones y otras como prevención, etc., lo que nos sitúa por encima de cien trabajadores ejerciendo labor sindical, todo ello gracias a que el SMS tiene nueves áreas de salud, lo que multiplica potencialmente el número de delegados.

Si alguien se atreviera a plantear la creación de una única Área de Salud, como ocurre en Madrid con más de seis millones de habitantes, o como ocurre en la educación pública murciana, donde solo existe un área, lo que conllevaría automática ganar no solo en capacidad de gestión, sino que evitarían duplicidades, y lo más importante, los profesionales sanitarios no tendrían la posibilidad de vetar hospitales y zonas de salud, con la consiguiente pérdida de servicios esenciales en determinadas áreas, ¿cómo reaccionarían los sindicatos?

Ahora, cambien la pregunta: ¿Qué pasaría si los sindicatos plantearan a la Administración reducir las áreas de salud, renunciando a decenas de liberados, apostando por convertir la sanidad pública en más eficiente, eficaz y productiva? Seguramente perderían delegados y cuotas de poder, pero ganarían en autoridad y en credibilidad, esa que tanta falta nos hace. La lucha sindical hace tiempo que apostó por la cantidad, no por la calidad, y ese error lo pagan al final los eslabones más débiles, y si no que se lo pregunten a los interinos, IMIDA, educación infantil, seguridad, informática, limpieza, etc.

La sociedad está pidiendo a gritos que la Administración pública entre de una puñetera vez en el siglo XXI; esperemos que no siga mucho tiempo enrocada en el XX.