Cuántas veces se ha oído decir que la política no puede entrar en el despacho de un juez, y muchas más veces se ha dicho que no es bueno que los problemas políticos acaben en los tribunales de Justici, solo para intimidar al adversario o para obtener un titular de prensa.
El Estado de Derecho a través de su división de poderes queda sumamente mermado con tales actitudes. Por eso, es mejor evitar las querellas paraguas que esconden una finalidad civil y no penal y mucho más reprobable es, cuando no hay nada ni civil ni penal, ni siquiera contencioso-administrativo, sino que esa querella se ha interpuesto solo como pose en los medios de comunicación, ya bien sea para obtener notoriedad un determinado profesional del Derecho (que como todo boomerang se vuelve en contra cuando se le inadmite ‘a limine’, o sea, de plano, y sin más consideraciones su querella o denuncia, por ser altamente inapropiada).
O bien, un partido político, para defender a través de estos medios coactivos su posición ante determinados temas discutibles políticamente pero no judicialmente, anuncian determinadas querellas criminales contra sus adversarios políticos. Si esa decisión de judicializar la política es idea de sus asesores jurídicos ya deberían ir cambiando de abogados. Y si es por encabezonamiento del cliente (el político de turno) a pesar de la opinión contraria del asesor jurídico de interponen esa querella fantasma, lo lógico sería que ese político inmediatamente al archivo de la querella ‘ab initio’ dimitiera (no se rían, que ya sé que eso en España generalmente suele ser una quimera).
Claro que hay otra solución, si una vez archivada esa denuncia penal que se ha inadmitido desde un principio porque estaba claro que era una patraña, se interpusiera entonces por los denunciados, una querella esta vez por acusación o denuncia falsa contra ellos, otro gallo nos cantaría. O, si acaso también una demanda civil por derecho al honor estaría bien, pidiendo una indemnización por el desprestigio sufrido al airear la querella que se archivó ipso facto, a través de todos los medios de comunicación, con finalidades totalmente torticeras a las que el Derecho no puede amparar, como tampoco al abuso del mismo, ni a la mala fe procesal.
E incluso, por la inquietud, desasosiego y ansiedad creada con esa querella absolutamente disparatada, se puede pedir una indemnización, que en mi opinión podía donarse a una buena causa, totalmente altruista. Ambas soluciones, la penal de querella por denuncia falsa o la civil de demanda por haber atentado al derecho constitucional al honor, podría ser la solución para evitar tales desfachateces o despropósitos, con tal de salir la noticia que diga que existe una querella contra determinado partido político o contra determinadas personas. Lo que está pasando, y es comprensible, como cuando existe un testimonio falso, que a veces se prefiere no tener más problemas con la Justicia, y dar por zanjado el asunto.
Pero, insisto, y aunque ello vaya en contra de la necesidad de aminorar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, si todo aquél que denuncia falsamente le saliera luego el tiro por la culata teniendo que pagar una suculenta indemnización amén de la pena que le pudiera corresponder por esa denuncia o querella falsa (seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses, o sea que no es moco de pavo la historia), la próxima vez se pensaría muy mucho el judicializar la política o el tratar de amedrantar a personas físicas, aunque no sean políticos, con infundadas y absurdas querellas criminales.
