En un informe de la consejería de Hacienda sobre la situación económica de la Región de Murcia en el año 2020, el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, resalta la idea de que la Comunidad de Murcia será de las primeras en superar la actual crisis, entre otras razones por la evolución del mercado laboral regional que ha situado a Murcia como «la Comunidad líder en creación de empleo en el último año».

Obviando que el dato no es del todo exacto, ya que nos supera Castilla La Mancha, es verdad que la región ha crecido en afiliación a la Seguridad Social en 2020, pero un exiguo 1,39% (8.200 trabajadores/as) desde marzo del año pasado, de los que un 80% proviene de la contratación en Sanidad y Educación gracias al incremento en 538 millones de las transferencias del Estado a la Región de Murcia durante 2020. El resto es mera recuperación, en escasa proporción, de empleo perdido durante la pandemia. No hay un cambio sustancial en el mercado laboral murciano, pese a los cantos de sirena del consejero, que anuncie una recuperación para los/as trabajadores/as.

Es más, todavía arrastramos el lastre del paro creado en la crisis anterior (176.000 personas según la EPA), de las que el 44% sigue sin recuperar un empleo. A esto la crisis actual ha añadido, hasta hoy, unas 11.800 personas más a la lista del paro y, gracias a la acción del Gobierno central, otras casi 80.000 no han perdido finalmente sus empleos al ser incluidos/as en ERTEs, medida de la que no puede discutirse su efecto positivo para frenar el desempleo. La radiografía se completa con una evidente precarización salarial manifestada, por ejemplo, en que en 2019 el 44% de los trabajadores/as murcianos/as cobró, como máximo, el SMI, frente al 30% que lo hizo en 2007.

Esta es la realidad del ‘liderazgo’ en la creación de empleo de la que presume el Gobierno regional que habrá que transformar para poder hablar, realmente, de salida de la crisis; porque no hay que olvidar que de la crisis anterior salieron los dueños del capital y de las rentas más altas, que incrementaron su patrimonio en más de 3.000 millones de euros entre 2015-2019, pero no los trabajadores/as, que empeoraron sus condiciones salariales, y mucho menos los que, como tantos jóvenes y mujeres, no han encontrado todavía un puesto de trabajo.