Recuerdan la tristemente famosa Ley Corcuera o de ‘la patada en la puerta’. Evidentemente no llegó a ningún sitio porque su inconstitucionalidad era tal que no tuvo ningún éxito. La inviolabilidad del domicilio es sagrada y solamente con una autorización judicial, al igual que una intervención telefónica o del correo, se puede llevar a cabo. Últimamente el debate se ha abierto en relación a la entrada en un domicilio sin consentimiento por las Fuerzas de Seguridad, porque en el mismo se esté cometiendo una infracción administrativa a las normas Covid-19. Visto así, es evidente que no se puede hacer, ya que solo cuando se trata de un delito flagrante y para evitar su comisión puede entrar la Policía en un domicilio particular sin orden judicial.

Saltarse esas normas de la pandemia no constituye un delito, sino una infracción administrativa, que lleva aparejada una multa, y en consecuencia no puede tirarse la puerta abajo de esa manera sin garantías constitucionales. Ahora bien, los argumentos en contra son triples. Uno, que una orden interna policial, que ha sido negada su existencia, lo permita.

La respuesta a ello es que una orden o acuerdo interno de una determinada institución no puede conculcar una ley y mucho menos orgánica y menos aún constitucional. La segunda razón es que se trata de pisos turísticos que no son morada. Tampoco. en mi opinión, este argumento es válido, ya que la ley no distingue si la vivienda es o no habitual, pues ello es un concepto meramente tributario. Por lo que tampoco sería factible este argumento. El tercero y último, que sí puede permitir esa entrada a la fuerza sin autorización judicial, cuando se está celebrando una fiesta ilegal por ir en contra de las normas Covid-19, es que al requerir la Policía la apertura de la puerta de esa vivienda para identificar a los moradores y comprobar si se está o no cometiendo una infracción administrativa, que a la postre está poniendo en riesgo la salud propia y ajena de toda una sociedad, y al no permitir la entrada se puede estar cometiendo un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad, tipificado en el artículo 556 del Código Penal, que castiga la conducta delictiva con una pena de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a dieciocho meses, siempre que la desobediencia sea grave y el mandato del agente de la autoridad sea claro y expreso, Y en ese sentido se puede entrar a la fuerza porque el delito de desobediencia es flagrante, y es preciso acabar con su comisión.

La Ley de Seguridad Ciudadana, en su artículo 16.1, da cobertura al requerimiento de las Fuerzas de Seguridad para la identificación de los asistentes a una fiesta presuntamente ilegal. Pero sigue diciendo que en la práctica de esa identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. Estos dos últimos principios no plantean problema. Sin embargo, la proporcionalidad es un concepto subjetivo, cuya concreción y determinación competerá a la postre a los tribunales de Justicia.

Conclusión: un piso turístico, la segunda morada o la habitación de un hotel son domicilios inviolables, salvo autorización judicial o que se esté cometiendo un delito flagrante. Y la pregunta es tan evidente como de difícil respuesta: si no se entra ¿cómo se pueden comprobar los hechos? No me extraña que la Policía se encuentre desamparada y pida un respaldo, como mínim de la Fiscalía.

Solución: Crear un tipo delictivo especifico para estos casos. O bien, darle un encaje dentro de los delitos contra la salud pública regulados por el Código Penal.