El bochornoso espectáculo ofrecido por el PP en Murcia y no solo en Murcia, con la incalificable compra de los diputados procedentes de Cs que ha servido para que López Miras se libre de una moción de censura ha puesto de relieve que en España muchos políticos consideran que el escaño es cuyo, cuando en la mayoría de los caso, van en las listas de partidos sin que previamente sean conocidos y reconocidos socialmente, alcanzando visibilidad social gracias a ir en esas listas, por lo que lo más digno sería que cuando deciden dejar su formación política se viesen obligados a dejar también su escaño, más que nada para no perjudicar más a ese partido que les ha dado todo.

El show llevado a cabo por el PP, no solo admitiendo a tránsfugas sino fomentando esa deleznable práctica, es absolutamente vergonzoso, porque lo que se consigue es el falseamiento de los usos democráticos (un moción de censura entra dentro de esos usos democráticos) produciendo sensación de fraude en el electorado y, sobre todas las cosas, un debilitamiento del sistema de partidos, que es la base del sistema parlamentario actual, como concluye la Sentencia del Tribunal Constitucional 32/1985, que habla de la inestabilidad del sistema, el fomento de la corrupción y la pérdida de credibilidad de la clase política, redundando en perjuicio de la cultura democrática, porque el transfuguismo afecta directamente a los grupos parlamentarios en cuanto pueden ver aumentado o disminuido el número de sus miembros como consecuencia de la actuación transfuguista de un parlamentario que, en la mayoría de las ocasiones, con honrosas excepciones, solo busca su lucro personal, con recompensas varias, tanto de carácter económico como político.

En definitiva, el transfuguismo aparece como una de las más claras muestras de la distancia que separa, en ocasiones, la realidad política de la realidad jurídica, en cuanto supone una modificación no formal del resultado de las elecciones, porque si en un sistema como el nuestro el señor López Miras pudo presidir, legal y dignamente, el Gobierno de la Región habiendo perdido las elecciones (las ganó el PSOE), gracias a su alianza con Ciudadanos, lo que ha ocurrido ahora tiene un cierto tufillo a ilegalidad y, desde luego, nula dignidad, porque la política no puede ser sinónimo de chalaneo.

En los últimos tiempos, Portugal nos está dando muchas lecciones de comportamiento cívico y político, y me pregunto los motivos por los que no copiamos algunas cosas de nuestros vecinos lusos, sobre todo en el caso concreto del transfuguismo, ese fenómeno que llama tanto la atención de otros países y que parece afectar, de manera especial y escandalosa, a Italia y España. Porque en Portugal, es su Ley Fundamental, o Norma Fundamental, el equivalente a nuestra Constitución, y no los reglamentos parlamentarios, la que regula la figura del transfuguismo. La Constitución portuguesa prevé el mandato ideológico, así como la pérdida de escaño de los tránsfugas en la Asamblea de la República, con lo que se sanciona duramente al trásfuga. Al mismo tiempo, se prevé la figura del diputado independiente, con lo que se reduce, en gran medida en la práctica, el número de actuaciones transfuguistas.

La diferencia entre Portugal y nosotros es que allí, al parecer, los partidos respetan sus acuerdos, al contrario que aquí, donde el PP firmó el Pacto contra el Transfuguismo, que fue suscrito por los representantes de todos los partidos el 7 de julio de 1998, ampliado en 2006 y 2020, y ahora se ha ciscado en él, sin ningún rubor.

La última vez que se amplió, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, afirmaba que «la actualización del Pacto representa un avance importante en la calidad democrática y además refuerza el criterio para que el tránsfuga no reciba premio o privilegio». Pues qué bien.