Un fantasma recorre no ya Europa, sino el mundo. Y esta vez no es el comunismo, sino el conservadurismo desigualitario. Y tampoco es un fantasma, sino una realidad». Una frase de un artículo del profesor Antonio Viñao, «El desmantelamiento del derecho a la educación: discursos y estrategias neoconservadoras» (1), en que analiza los mecanismos de los que se ha valido la derecha neoliberal para ir imponiendo su concepto educativo.

Si leemos su artículo a la luz de lo que ha pasado en Educación en la Región de Murcia desde 1995 podemos constatar que los Gobiernos del PP en la Región han seguido al pie de la letra los comportamientos indicados por los teóricos del neoliberalismo económico-educativo señalados por el profesor Viñao

Desde que el primer Gobierno de Valcárcel en 1997, siendo consejera de Educación Cristina Gutiérrez-Cortínez, recurrió la denegación de los conciertos de los colegios Antonio de Nebrija y del Ciudad del Sol. Dichos expedientes habían sido rechazados por el ministerio de Educación porque la inspección educativa había informado de la no necesidad de nuevas plazas escolares en las afueras de Lorca y del Cabezo de Torres. Después de las presiones del Gobierno de Valcárcel, el ministerio de Esperanza Aguirre concedió los dos primeros conciertos de la nueva época.

Desde entonces han sido 26 colegios privados nuevos, normalmente de doble línea desde infantil hasta secundaria (22 aulas en total por colegio, como mínimo), aunque en los dos últimos años la financiación se ha extendido hasta niveles de educación no obligatoria, el Bachillerato y la FP. Al mismo tiempo se ha ido ampliando el número de aulas de los colegios ‘históricos’ ( aquellos que existían desde que el franquismo delegaba en los colegios religiosos la educación de sus vástagos y de aquellos que se podían permitir pagarlos), aumentando sin cesar su financiación en detrimento de la red pública.

Después de veintiséis años de Gobierno el PP ha ido cumpliendo uno tras otro los requisitos para ir privatizando la educación:

*Facilitación de la creación de centros privados: cesión de suelo público, exenciones y ayuda a la construcción

*Facilitaciones a la financiación dándoles el concierto desde el momento de solicitarlo antes de tener los alumnos reglamentarios.

*Haciendo la vista gorda sobre irregularidades contables relacionadas con el dinero del cobro de cuotas

*Cuotas que sirven para discriminar al alumnado en función de su renta.

*Financiación pública completa de la enseñanza, sin control y sin contrapartidas

*Idearios de centros contrarios a la igualdad de géneros que son sostenidos con los fondos públicos.

*Ampliando el ámbito de influencia de cada colegio para la captación de clientes. Por ejemplo, en la ciudad de Murcia en 1995 había once distritos para la matrícula escolar; hoy día tenemos distrito único, con los problemas de exclusión, conversión de colegios en guetos, o los problemas urbanos de movilidad, tráfico, ecológicos…

*Ampliando la financiación a etapas no obligatorias, Bachillerato y FP.

Y en esto llegaron los tres diputados que no son de Vox sino de ‘más p’alla’, integristas del más rancio catolicismo, uno de ellos fundador de la Asociación de Abogados Cristianos y patrón de su Fundación; otra con declaraciones contra las vacunas, como el inventor del ‘chis’ de la Universidad Católica, y un tercero famoso por sus opiniones sobre las madres solteras «que paren hijos como conejos» y por enchufar a su hijo, recién egresado de la UCAM, con 50.000 euros de sueldo en el ayuntamiento de Murcia.

Y estas son las tres joyas que el presidente de todos los habitantes de esta Región pretende introducir en su Gobierno. Y ellos dispuestos a hacerlo, vendiendo cara su participación en la conchabanza organizada por el antiguo recordman de lanzamiento de hueso de oliva para el mantenimiento de López Miras y sus patrocinadores en el poder.

El precio que han puesto los disidentes de la ultraderecha por la derecha (Murcia, qué rara eres), aparte de asegurarse el puesto durante dos años evitando las elecciones, es ni más ni menos que la consejería de Educación en la que según sus primeras declaraciones pretenden profundizar la privatización de la enseñanza con el aumento de los conciertos y la única cosa con la que hasta ahora no se habían atrevido los neoliberales de nuestro Gobierno: el cheque escolar.

Para quien no lo sepa, el cheque significa que a cada familia se le da un papel con el valor de la educación de su hijo para que con dicho ‘cheque’ la familia elija el colegio que quiera.

Hagamos un ejercicio de imaginación: una familia del barrio de La Paz, no necesariamente de nacionalidad o etnia especial, coge su cheque y se va al colegio privado que tiene en su barrio y ese colegio es del Opus o, para no señalar tanto, a una cooperativa o empresa orientada al negocio de la venta de servicios, uniformes, deportes, libros, transporte, actividades… ¿Dónde va una familia humilde con su cheque?

O pensemos en las zonas rurales: ¿Qué hacen las familias del Sabinar, de Zarcilla de Ramos o del Fenazar y El Rellano con su papelico?

Y, por supuesto, la guinda, el control ideológico como corresponde al talante ultracatólico de los nuevos socios del PP: el pin parental, algo que aparte de ser ofensivo para todo el cuerpo docente es ilegal pues está en contra de los Decretos de currículo regionales, de las Leyes de Educación estatales, la actual y las anteriores, incluyendo la del PP y para terminar hasta vulnera tratados internacionales firmados por España como la Convención de los Derechos del Niño de 1989.

La Educación debería ser un bien público, pero nuestro país arrastra la rémora del franquismo con su abandono de la educación en las manos religiosas y privadas con el ‘prestigio’ que conlleva, muchas veces inconsciente, de ser ‘de pago’ como ocurría entonces. Y con igual relevancia, como causa de su impulso por parte de los Gobiernos neoliberales es el importante nicho de negocio abierto con su privatización. La prueba está en las empresas que pagaron hasta un millón de euros por la concesión de un concierto educativo en la Comunidad de Madrid (el caso Púnica, que tuvo ramificaciones en Murcia).

Para terminar, se puede concluir que la Educación en vez de ser una empresa colectiva, un bien público, cuidado por todos, se ha convertido en un espacio de negocio para unos, de control ideológico para otros y en nuestra Región de Murcia en moneda de cambio para que el presidente López Miras y el Partido Popular puedan seguir en el poder.