"Esta moción de censura no se puede perder". Era la consigna de Ferraz, a través del secretario federal de Organización del PSOE, Ábalos, después de que se fraccionara el Grupo de Cs con el que inicialmente se producía la mágica suma: 17+6, 23. Esto obligó al PSRM a mantener la iniciativa a sabiendas de que la perdería y a hacer movimientos impropios, a la desesperada, con los disidentes de Vox, los tres diputados expulsados de este partido con escaños en la Asamblea, liderados por Juan José Liarte. El portavoz de la ejecutiva socialista, Francisco Lucas, se desplazó el pasado sábado al propio domicio de la diputada exVox Mabel Campuzano, de quien se dice que es dueña de media Totana, y ésta le pudo mostrar el punto de partida, es decir, que cualquier negociación pasaba por aceptar de entrada el famoso ‘pin parental’ para poder seguir hablando.
Las declaraciones de Liarte antes de manifestar su claro apoyo al Gobierno desvelaban implícitamente que con el PSOE se podía negociar al respecto, pues en relación a este asunto había tonos grises entre el negro y el blanco, dando a entender que los socialistas podrían aceptar un ‘pin’ matizado que sería asumible por ambas partes con el pretexto de que para llegar a un acuerdo todos tienen que ceder.
El diputado Liarte es el Anguita del Parlamento regional: programa, programa, programa. Ese ha sido su juego en la tesitura de la moción de censura al constatar que tanto PP como PSOE estaban en sus manos. Y aunque parecía obvio que, dada su ideología, habría de decidirse por los populares, les vino a dejar claro a éstos desde el principio que, dado que no obedece a disciplina alguna de partido, estaba dispuesto a votar a quien asumiera sus demandas programáticas, con los matices que fueran necesarios, pero sin regalar nada a nadie.
El PSOE llegó a suponer que esto era así, sin percatarse de que en el fondo tal órdago constituía una presión para el PP, y estuvo a punto de ofrecer esa perla («en el PSOE nos han dicho que se puede hablar del pin parental», declaró ayer Liarte) antes de que Fernando López Miras se mostrara dispuesto, no sólo a aumir el pin parental sino a ceder a los exVox la mismísima consejería de Educación para que, como gesto de garantía, ellos administraran la cuestión. Liarte tenía también predilección por la consejería de Política Social (ahí se inscribe Mujer y LGTBI, asuntos sensibles para Vox), pero en el PP objetaron que solo podrían abrirles hueco en cualquiera de la consejerías a su cargo, pues las cuatro del pacto inicial con Cs eran sagradas, incluso aunque Cs como tal ya no esté en el Gobierno.
Es cierto que poner la consejería de Educación en manos de los exVox significará, sin lugar a dudas, levantar un conflicto continuado en el sector educativo y una movilización permanente: sindicatos, asociaciones de padres, etc, pero es muy significativa la respuesta que me dio ayer un alto cargo del PP cuando le adelanté que esta situación se produciría: «Preferimos tener este problema a que lo tenga un Gobierno del PSOE», dando a entender así que los socialistas habrían tenido que ceder en similares términos para ganar la moción de censura.
¿Habría integrado Diego Conesa a los exVox en su Consejo de Gobierno? La pregunta es espeluznate, pero la consigna nacional («esta moción no puede fracasar») invita a sospechar que cualquier cesión habría podido ser justificada en aras a una motivación superior: echar al PP. Y en este objetivo, el fin justificaría los medios. Liarte, quien sin ir de político resulta el mejor político del arco parlamentario, tiene registrados todos sus contactos tanto con el socialista Lucas como con el portavoz de Cs, Juanjo Molina, quien ha hecho en nombre de su partido y del PSOE el papel de negociador con los exVox, sin que el PSOE se moje más que lo necesario, y en esos registros se podrá mostrar algún día hasta dónde estaba dispuesta a ceder en favor de la bancada díscola con Abascal la coalición alternativa al Gobierno del PP (PSOE y Cs). Sin embargo, el pacto PP-exVox no empieza muy bien, pues en el PP aseguran que a López Miras le ha enfadado la filtración anticipada del cambio en la consejería de Educación, dado que le supone una lógica incomodidad con la actual titular de la cartera, y más porque el asunto no está aún cerrado: las negociaciones con los exVox se intentarán cerrar a lo largo de la próxima semana.
En este convenio hay, además, dos cabos sueltos en los que deberán indagar los analistas de la política nacional. Uno: la entrada a un Gobierno del PP de una consejera procedente del núcleo original de Vox podría poner en cuestión la imagen de un Pablo Casado que pretende situarse en el centro político laminando a Cs. Por otro lado, contar con exmilitantes de Vox podría enfadar a los genuinos, que han sido invitados por Teodoro García a acudir a la ‘casa común’ de la derecha.
Y algo más importante para el desenvolvimiento del PP tras la moción de censura: a cambio de una consejería a los exVox el PP va a exigir que este grupo asuma el conjunto de la política del Gobierno en otras áreas, para evitar que la consejería a cargo de estos nuevos socios en el Ejecutivo sea un Gobierno aparte, e incluso se pactará probablemente el tutelaje personal del presidente; es decir, López Miras podría ser un consejero de Educación supervisor, al modo como los alcaldes son a su vez concejales, pues todas las competencias les pertenecen antes de delegarlas.
La moción de censura, en la práctica, ha servido para proyectar la imagen de que el PP ha vuelto a ganar las elecciones sin necesidad de que hubiera elecciones, y propiciar un show presencial de un Casado triunfal que está destruyendo a Cs y absorbiendo los mejores activos de Vox, y todo por la imprudencia del PSOE al no retirar la moción de censura cuando era obvio que la iba a perder. Y con ella, algunas de sus esencias electorales, hasta el punto de que a la vez que denunciaba a los ‘tránfugas’ de Cs confiaba en ganar la moción con los votos de los exdiputados de Vox. ¿A cualquier precio? «Esta moción no se puede perder».
