Estoy obligado a escribir sobre Monteagudo. No en vano me siento personalmente implicado, pues la primera moción municipal aprobada en pleno en Murcia sobre este espacio histórico, que pedía expresamente que se convirtiera en Parque Cultural, la presenté yo mismo cuando era concejal de IU del ayuntamiento de Murcia (1991-1995), con Pepe Méndez de alcalde. Esta idea no era mía. La exponía y defendía Julio Navarro, antes y ahora amigo mío, extremo que no pretendo ocultar, y a la sazón por aquel tiempo arqueólogo municipal y director del Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos Ibn Arabí, pionero de la arqueología urbana y gran descubridor e investigador de la materialidad de la Murcia musulmana: el palacio andalusí de Santa Clara La Real, el trazado de la muralla medieval, el cementerio y el alfar de San Nicolás, los baños del Trinquete, San Antonio, San Nicolás y San Lorenzo, por citar sólo algunos ejemplos. Fuera de la capital excavó el excepcional despoblado de Siyasa (Cieza) a la vez que lo dio a conocer mundialmente.

Ya en 1984 Julio estaba investigando las fortalezas y fincas de recreo del Ibn Mardanis, el famoso Rey Lobo (siglo XII), el más relevante emir de Sharq Al-Andalus, la región oriental de al-Andalus, y el mayor enemigo del imperio almohade, los integristas de la época. Él ha investigado y publicado más y mejor que nadie sobre el espacio arqueológico de Monteagudo, para suerte de los murcianos y de nuestro patrimonio. Es el mayor especialista mundial sobre las almunias medievales y sobre este yacimiento, y todo el que quiere decir algo sobre Monteagudo debe recurrir a sus publicaciones, todas ellas fruto de muchos años de investigaciones. Pero ahora que al fin hay recursos para acometer los trabajos más importantes, pendientes desde hace casi un siglo y que Julio ha reclamado como nadie, se prepara una triste componenda para desalojarlo de Monteagudo. Y es por esto por lo que no puedo callar.

La operación se presenta como un correcto e irreprochable concurso público. Pero en realidad funciona de la siguiente manera: la ley de contratos del sector público vigente prima el criterio económico sobre todos los demás, aunque no obliga a que sea el único para resolver los concursos. Cuando el alcalde anuncia que todo se va a hacer por concurso solo está diciendo que se ha elegido una vía legal para realizar los trabajos de Monteagudo, en los que no se va a distinguir entre investigación y obras de excavación y restauración. Bastará entonces que ocurra esto: el 40% del concurso se adjudicará a los méritos de los equipos que presentan el proyecto, y como los dos proyectos que en realidad van a intentar quedarse con estos trabajos (en el caso de que Navarro y su equipo se presentara, extremo que me temo no va a ocurrir) están dirigidos por solventes investigadores (aunque no haya color ni de lejos en las comparaciones, entre los méritos y competencias reales de uno y otro), se les reconocerá generosa y salomónicamente el mérito dándoles a ambos la mayor puntuación. El resto (60%) se regirá por el concepto clave de la ley de contratos, a saber, el precio.

Con lo cual lo que se hace es una subasta de los trabajos de forma que el que menos cueste (menos obreros, peores categorías salariales, menos tiempo de trabajo, etc) se lo lleva. Así desaparecen todos los criterios científicos; será determinante entonces en el expediente el informe de los servicios económicos municipales que nada saben de arqueologías islámica. Así se habrá adjudicado legalmente y con un concurso público. ¿Hay algo más democrático y transparente? Para no pensar que hay otros intereses ocultos en juego que se quieren beneficiar de este procedimiento aparentemente imparcial y ponderado habría que empezar por saber, tal y como Julio ha venido infructuosamente reclamando, quienes han elaborado el proyecto que el ayuntamiento de Murcia ha presentado en Madrid para conseguir exitosamente el 1,5% cultural del Estado que financiará estos trabajos. ¿Por qué razón se resiste el gobierno municipal a hacer público los dos convenios firmados en 2019 con la UMU y con la Politécnica de Cartagena? Naturalmente aquí no se ha hecho un concurso sino una adjudicación directa, no sabemos en qué términos y bajo qué promesas. Conocer esta información, que debe ser pública (incluyendo el nombre de los investigadores y técnicos), quizás explicara casi todo lo que está pasando.

¡Cuanta falta hace la transparencia en la gestión pública! Todo lo que dice Ballesta de que no es necesario un solo equipo excavador es un argumento muy endeble y de una completa inconsistencia científica: la unidad espacial y temporal de un yacimiento arqueológico exige un proyecto de investigación riguroso dirigido por el equipo científico más preparado. El criterio de introducir varios equipos en un yacimiento, ¿lo aplicó Ballesta en el de San Esteban? Es evidente y aceptado por toda la comunidad científica que todos los trabajos arqueológicos en un yacimiento deben estar coordinados por un solo equipo. Lo que sí se puede hacer es separar la investigación arqueológica de las obras de excavación y restauración, que en estos casos se le pueden adjudicar (concurso mediante, aquí sí) a diferentes empresas especializadas, pero siempre bajo la dirección del equipo científico responsable del yacimiento. Quizás no se pueda demostrar la prevaricación, pues formalmente se cumplirá la ley, pero será una chapuza científica, que tendrá como resultado que los mejores se queden fuera de este contrato. Se renunciará así al criterio de excelencia que debería ser determinante en esta decisión.

Con Navarro han trabajado en el LAAC de la Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC), codo con codo, los mejores investigadores mundiales sin discusión de la España musulmana como Rafael Manzano Martos o Antonio Almagro Gorbea, referentes internacionales indiscutibles en su campo, arquitectos reconocidos y premiados, académicos y restauradores especializados en Arquitectura Islámica, ambos conocedores de la realidad de Monteagudo a partir de su relación personal y científica con él. ¿Vamos a renunciar a todo esto para satisfacer unos miopes compromisos políticos clientelares? La solución lógica sería aprovechar el interés y la capacidad de los mejores, la experiencia y larga vinculación en el propio yacimiento de Julio y su equipo, para encargar a través de un convenio ad hoc esta investigación al CSIC, a través de la Escuela de Estudios Árabes de Granada, bajo la dirección del titular de la única plaza de Arqueología Islámica que existe en España. Todo lo demás es baja política, el barro cotidiano en el que se enfanga tan frecuentemente la gestión municipal, o torpeza mayúscula, si no queremos ser mal pensados. La llegada a la alcaldía de Murcia de un ilustrado como Ballesta hizo creer a muchos que tras los años duros de ‘camarismo’, una auténtica patología municipal de la que aún nos estamos reponiendo, escaparíamos de este destino aciago que capturó la política local en Murcia, pero fue muy efímera esa esperanza, pues finalmente hemos visto decepcionados cómo Ballesta se adapta a los modos deplorables que presiden tan frecuentemente estos temas.

Ahora ya sólo la presión de la opinión pública sobre el gobierno de La Glorieta podrá corregir este desatino, obligando a los responsables municipales a calcular si hay más que perder (en rentas de imagen política, que es lo que importa a la cultura edilicia dominante) que ganar en el empeño en dejar fuera a quienes mejor pueden dirigir estas investigaciones y trabajos, y darle proyección internacional. Me gustaría pensar que aún hay tiempo para evitar una decisión equivocada.