La ley que establece la limitación de mandatos en la presidencia de la Comunidad ya existe. Fue aprobada el 12 de noviembre de 2014 a propuesta del PP, siendo presidente regional Alberto Garre (la sombra de Garre es alargada) y recibió el voto unánime de todo el arco parlamentario, en aquel periodo compuesto por PP, PSOE e IU. 

Esta iniciativa se justificó entonces porque una encuesta del Cemop había revelado que ese era el deseo del 84% de la sociedad murciana. Pues bien, ahora, a iniciativa formal de Cs, pero con un texto que con escasas dudas han elaborado expertos del PP, pretende ser reformada sin que exista ningún reclamo social al respecto y sin el consenso político de entonces, pues ni PSOE (partido mayoritario en la Asamblea) ni Podemos ni el diputado oficial de Vox van a apoyar su aprobación. Y es obvio que se trata de una de esas leyes que establecen las reglas del juego, de modo que debería ser, en toda lógica, del gusto de todos los equipos que participan en la liga. 

 «No podrá ser elegido presidente de la Comunidad Autónoma quien ya hubiese ostentado este cargo durante dos mandatos». Así reza la ley todavía vigente. Es bien claro, por muchas vueltas que se le dé a la frasecita, que el actual presidente no podría presentarse a las próximas elecciones, ya que a su actual mandato de cuatro años suma los dos en que gobernó en la anterior legislatura tras la forzada dimisión de su mentor, Pedro Antonio Sánchez. 

Para intentar seguir en el cargo cuatro años más (u ocho, si se interpreta, como es lógico, que las leyes no tienen carácter retroactivo a la fecha de su publicación), el pacto de Gobierno PP-Cs incluyó un punto (el famoso ‘puto punto número cinco’) en que se sustituían ‘mandatos’ por ‘años’. Léase ese punto:«Aprobaremos la limitación de ocho años la duración del mandato de un mismo o misma presidente del Gobierno de la Comunidad y de los consejeros o consejeras. Quienes hayan ejercido estos cargos durante ocho años consecutivos no podrán ser elegidos o nombrados para desempeñar un nuevo mandato». Cuando concluya esta legislatura, Fernando López Miras contabilizará seis, de modo que podrá aspirar a sumar diez, pues ninguna ley le obligaría a dimitir a los dos años de ejercicio del próximo mandato. Este proyecto de modificación está incluido en el epígrafe «Transparencia, despolitización, eficiencia administrativa y lucha contra la corrupción», una prueba definitiva de cómo ciertos políticos manipulan los conceptos haciéndolos significar lo contrario de lo que definen. 

Y así, la ley vigente, que tiene un carácter general, como todas las leyes, adquirirá con su reforma una predeterminación unipersonal. La reforma se produce para beneficiar a un ciudadano concreto, con nombre y apellidos, natural de Lorca, provincia de Murcia, quien incluso será protagonista de la votación que la aprobará. Es curioso que el PP sea tan estricto con Venezuela y Bolivia, donde Hugo Chávez y Evo Morales cambiaron la Constitución de sus respectivos países para seguir gobernando ad aeternum, y se muestre tan decidido a hacer exactamente lo mismo que los populistas de izquierda de los que deplora. Viva Honduras, Región de Murcia. 

La ley que surgirá de esta reforma es probable que sea la única del conjunto legislativo nacional que tiene como beneficiario a un español en concreto. Una ley ad hoc, que es justo lo que las leyes deben evitar, pues en otro caso dejan de ser leyes para reglamentar el caciquismo. Es paradójico, además, que una ley que se vende como de limitación de mandatos venga a facilitar precisamente lo contrario, es decir, la ampliación de los que corresponden al actual presidente. Otra perversión del lenguaje:limitar los mandatos ampliando los de López Miras. 

¿Cómo es que Cs se ha prestado a esta farsa? La respuesta es sencilla: por interés propio. A la firma del pacto de gobernación, el PP se mostró generoso con el que iba a ser su socio a cambio de que éste le garantizara por escrito la supervivencia política de López Miras más allá de lo que determina la ley vigente. Pero llegada la hora crítica en que hay que hacer efectivo ese compromiso, ya que se acerca el congreso regional del PP en el que López Miras debe renovar su liderazgo ofreciendo al partido la seguridad de que los delegados eligen a quien será candidato electoral, Cs ha descubierto que la aparente generosidad del pacto de Gobierno no incluía posiciones en el timón presupuestario ni de gran calado político. La nueva coordinadora, Ana Martínez Vidal, quiere hacer política, disponer de recursos económicos flexibles en el ámbito de las competencias institucionales de su partido y hacer observar que ella no es una consejera más dedicada a la simple gestión, sino que participa de las decisiones del conjunto del Gobierno, vigilando y participando en la orientación de las políticas del total de las consejerías. Quiere ser vicepresidenta, pero no vicepresidenta florero, sino vicepresidenta ejecutiva. 

Martínez Vidal ha percibido en la ansiedad del presidente para cambiar la ley la oportunidad de oro para reconformar el pacto inicial y ampliar su poder. Es verdad que el encantamiento de ser portavoz del Gobierno le da visibilidad, pero ese escaparate en una rueda de prensa semanal solo reporta una foto tras la que hay nada:ni presupuesto ni competencias, que para el caso residen en el departamento de Mar Moreno adscrito a Presidencia, desde el que se controla la televisión pública y se premia o castiga a los medios de comunicación según el grado de bondad con el Gobierno. Martínez Vidal da la cara, pero carece de competencias; Mar Moreno se esconde tratando de trasladar que ni siquiera existe, pero las tiene todas. Moreno controla las terminales informativas de las consejerías, incluidas las de Cs, que deben pasar por ella, y la portavoz, mientras tanto, es solo la fachada de la comunicación del Gobierno. Así, y como anécdota cualitativa, cuando desde una consejería de Cs se elabora una nota de presa en la que se asegura que «impulsaremos X», desde el departamento de Moreno se corrige: «Seguiremos impulsando X». Ese ‘seguiremos impulsando’ resta protagonismo a Cs y sumerge todas sus iniciativas en una línea de continuidad que proviene del PP. Es un ejemplo.  

Por eso es tan claro que Martínez Vidal se vuelve a equivocar al pretender titularse vicepresidenta con el efecto de generar un conflicto en su propio Grupo Parlamentario al querer desplazar a Isabel Franco (exigiendo a ésta que se corte voluntariamente la cabeza como describe la viñeta de Sabiote) cuando el poder real está en la consejería de Presidencia según ella misma ha podido descubrir al chocar una y otra vez con el consejero Javier Celdrán. ¿Cómo es que no lo ve? Qué empeño en querer ser vicepresidenta cuando lo que debería cobrarle a López Miras por la Ley del Presidente es la consejería de Presidencia, que es desde donde se orienta la política general, el orden del día de los Consejos de Gobierno y las iniciativas parlamentarias. Pero aquí hablo por hablar, pues quién sabe si es eso mismo lo que le ha sacado a López Miras en el pacto para la remodelación del Gobierno. 

El problema para Cs es que si bien la reforma de la Ley del Presidente es una obscenidad política que desvela las auténticas prioridades del PP en plena gestión del subeybaja de la pandemia y de la catastrófica crisis económica, el partido naranja, en vez de atender a lo principal para fortalecer una imagen distinta, aparece como el impulsor de esta iniciativa para consumo interno de la clase política. Cómplice principal y colaborador necesario. Y encima, contra sus propios intereses, pues en su actual situación de debilidad electoral, facilitar el concurso a la reelección de López Miras, quien se ha hecho un nombrecito desde el poder, supone ponerle a huevo las cosas al PP para que barra a Cs sustituyéndolo como socio por el emergente Vox. Uno y otra, López Miras y Martínez Vidal, parecen pensar más en sí mismos y en el corto plazo, antes que en el respectivo recorrido futuro de sus partidos. 

El PP no existe para López Miras. Los órganos directivos llevan un año, que se sepa, sin reunirse, ni siquiera a través de Zoom. La número tres, Adela Martínez-Cachá, secretaria general de Organización, entregó su carné hace unas semanas, y ya ni siquiera milita en el partido; por poner otro ejemplo, la secretaria de Comunicación, Patricia Fernández, carece de toda información para ejercer su cargo, de modo que si un periodista la llamara para confirmar alguna noticia relativa a su partido solo sabrá responder de lo que afecta a Archena, localidad de la que es alcaldesa. En el PP no hay nadie, salvo el presidente de la Comunidad, que habla por él en estilo omnisciente. 

Todo el esfuerzo está encaminado al cambio de la Ley del Presidente, a la cosa personal. Es lo que ha estado gravitando en los dos primeros años de esta legislatura hasta adquirir en estos momentos su punto álgido. No hay más política que este objetivo narcisista, que debe alcanzarse antes de la convocatoria del congreso del PP. Tal es el interés en el caso que los disidentes de Vox, los tres votos necesarios para aprobar la reforma de la ley en el caso de que se rompiera el Grupo de Cs si se impusiera una destitución de la vicepresidenta Franco por las bravas, están recibiendo ‘ofertas profesionales y empresariales’ para que decidan su voto a favor. No pueden ofrecerles cargos en el Gobierno ni ventajas en la Asamblea, así que optan por tentarlos con apoyo desde el poder en sus actividades profesionales. Es lo que comentan quienes han tenido contactos con el ‘grupo de Liarte’. Los exVox no han decidido todavía su voto, o eso dicen, de ahí que las presiones sobre estos tres diputados cuya colaboración es imprescindible sea de una intensidad feroz. 

Todo esto está acarreando la imagen de un Gobierno provisional, a la espera de una remodelación a la que el presidente se ve forzado en un intercambio de cromos con su socio de gobernación y en el que los intereses personales se imponen a los generales con el telón de fondo del ‘caso vacunas’, en el que la clase política gobernante se ha aprovechado de sus privilegios para después parapetarse en la ley de protección de datos a la vez que se va imponiendo el ‘pasaporte sanitario’ que ignora en la práctica dicha ley.

Todas las leyes al servicio del mismo personaje. Y eso que, al parecer, hace unos siglos que superamos la Edad Media.