La Estadística en manos de ciertos mandamases resulta arma y no instrumento, zahiere y no construye y sirve más para la confusión que la concordia. Es entonces una ciencia infusa, para consumir con agua hervida, tintada del color que más convenga.
Entre las herramientas de análisis, no hay peor azote que el indicador IA, de incidencia acumulada. En esencia es el número de personas afectadas por una enfermedad, partido por la población total. Puede añadírsele una unidad de tiempo, pero la trampa está en hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En los inicios de la segunda ola servía para dar razones del confinamiento de Archivel. Había superado la tasa de 1.500 positivos cada 100.000 habitantes. ¡Arte mágico es! pues el número de positivos superaba al de almas. Algo parecido sucedió en Aledo con dos positivos en la tercera ola que le situaba en riesgo medio o alto.
Considerando que ninguna de las dos poblaciones superará la centena de millar de habitantes en todo el siglo XXI y probablemente tampoco en el siguiente, cabe preguntarse si no se atajaría antes el problema confinando a los positivos en la Torre de la Calahorra de Aledo o en el castellum romano del Cerro de las Fuentes, en lugar de confinar a toda la población. Pero entonces la autoridad del estado de alarma no luciría sus galones dando órdenes a la policía de interceptar todo movimiento sospechoso que pretenda sobrepasar los límites del perímetro y, sobre todo, no daría palos de ciego como hasta la fecha.
Ergo, el IA por municipios, no es un dato objetivo y cierto, sino probable, una mera estimación. Sin embargo, la infusión científica del gobernador autonómico resulta laxante cuando nos encontramos con poblaciones de más de 100.000 habitantes. Entonces tomamos el IA por áreas de salud, concepto huero en su definición legal y más aún en el conocimiento público. La defensa que hace el PP de este criterio para determinar los confinamientos perimetrales no responde a una sesuda técnica epidemiológica, sino a una razón de oportunidad para encubrir la errática política de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que parece más empeñada en ir a la contra de todos, pero que encaja a la perfección con evitar el confinamiento del barrio de Salamanca, La Moraleja y otras zonas residenciales de la ‘jet set’. El argumento puede parecer infundado, pero los fundamentos de la Ayuso no son obra de Quintiliano, el gran maestro de la Oratoria y la Retórica.
Luego está el protocolo, que parece diseñado por un saboteador: si hay un contacto con un positivo en el trabajo, debe acudirse a la mutua, que le despachará con un test sobre los síntomas y le mandarán a trabajar sin prueba de ninguna clase. Si el contacto no es laboral, entonces en su centro de salud le programarán una prueba de antígenos, que dados los índices de falibilidad, será sometido a cuarentena, sea cual sea el resultado. Así que no es de extrañar que los informes epidemiológicos estimen que los contagios reales de covid duplican o triplican las estadísticas oficiales. El coladero está en las propias lagunas del sistema.
Si hubiéramos dedicado gran parte de los despliegues policiales y militares a hacer un chequeo masivo, si las mutuas hubieran dedicado un mínimo esfuerzo a testar a todos los trabajadores asalariados del país, en lugar del inane chequeo anual, podríamos tener desde hace meses un mapa de la expansión del covid mucho más real que todos los índices estimativos de IA. ¡Ah! pero eso habría supuesto un auténtico programa de salud pública realizado con recursos públicos del sistema, las cotizaciones sociales, que apenas habrían mermado la solvencia patrimonial de las saneadísimas mutuas de accidentes laborales y enfermedades profesionales. La Ley General de la Seguridad Social dispone de cobertura legal para poner en acción a estas entidades colaboradoras del sistema, nutridas con recursos públicos y obligadas a ejecutar planes de prevención de la salud pública.
Nuestro presidente regional persiste en su incontenible sobreactuación: es cuestión de vida o muerte. En realidad quiere decir truco o trato. La Región de Murcia es la comunidad más endeudada de España y su capacidad sanitaria es precaria: nuestra ratio de UCI está por debajo de la media española y ésta ya es la más baja con diferencia de los países de referencia, como Francia y Alemania. La atención primaria ha sufrido tijeretazos en plena pandemia y la atención telefónica nos aboca al desastre: la gente puede morir de un cáncer antes de ver a un médico de familia en persona. No hablo en hipótesis.
Por lo tanto, no es cuestión de vida o muerte. Las decisiones políticas no salvan vidas, porque no tienen una relación directa con cada caso concreto. Como mucho, pueden evitar muertes. Hace años que presumíamos de uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Nuestros profesionales estaban entre los mejores formados y el sistema daba una cobertura satisfactoria a casi toda la población. Hoy comprobamos que las ratios de sanitarios por total de habitantes son de las peores de Europa, nuestros médicos y enfermeros emigran en busca de mejores salarios y contratos más estables.
Ciertamente que la pandemia es una circunstancia excepcional, un supuesto de fuerza mayor. Pero el desmantelamiento de la sanidad pública en aras del negocio sanitario concertado ya viene sucediendo tiempo ha. De manera que la heroicidad de los sanitarios tiene mayor mérito, si cabe. El problema de esta guerra desastrosa no difiere de aquel desastre de Annual de principios del XX: el Estado Mayor ya la había perdido sin necesidad de embarrar sus guerreras en mitad del desierto, lucidas de alamares y condecoraciones en los grandes salones de la corte. Que cada cual asigne responsabilidades según su conveniencia política, pero lo cierto es que nuestros hospitales comarcales no tienen camas UCI. ¿A quién le damos ahora la medalla de oro de la Región?
