Algunos grandes almacenes incluyen en el capítulo de gastos de sus presupuestos anuales un porcentaje relativo a los hurtos de sus clientes. Por decirlo así, los administradores de estas empresas dan por institucionalizada la evidencia del robo del que son víctimas, a pesar de los avances en dispositivos electrónicos de vigilancia. Así ocurre, aunque a la inversa, con los ciudadanos respecto a una cierta parte (pequeña, pero decisiva) de los políticos que administran el interés público: todos sabemos que un porcentaje de nuestros impuestos se escurre por el sumidero de la corrupción política en cualquiera de sus variantes. No significa esto que haya que conformarse, pero hay que contar con ello. El trinque forma parte del rollo.
Pero el Gobierno de la Región de Murcia se ha pasado varios pueblos. Ya no es cosa de nuestro dinero, sino de nuestra salud. Y de nuestra salud a vida o muerte. Una media de veinte fallecimientos diarios durante la tercera ola, con crestas sostenidas de treinta hasta hace bien poco. Y mientras tanto, los políticos del poder, vacunándose como obispos, saltándose los protocolos por ellos mismos aceptados y de cuya encomienda para su cumplimiento por el conjunto de la población disponen. Por eso cabe calificar el ‘caso vacunas’ como el escándalo más grave que se ha producido en nuestra Comunidad desde el inicio de la Transición. No afecta a nuestra economía, que también, sino a nuestras vidas. Voy más allá: ni la Gürtel, ni los Eres andaluces, ni Bárcenas, ni Rato. El ‘caso vacunas’ no es la bolsa; es la vida.
UNA SENCILLA PREGUNTA.
Pero aún más grave que el caso en sí mismo es lo que ha venido después: el encubrimiento, las justificaciones injustificables, la opacidad, las mentiras, la desinformación, las amenazas, el tancredismo, las elusiones del caso en la televisión pública, los intentos de beatificación de los aprovechateguis más la legión de auxiliadores espontáneos que lanzan preguntas retóricas del tipo ¿acaso no se habrá vacunado la Merkel, Macron o Sánchez? en el intento subliminal de tratar de justificar que sería lógico que lo hubiera hecho hasta López Miras.
Para denunciar todo este entramado de complicidades se supone que está la oposición. Pero, ay, la oposición, es decir, la izquierda, es estigmatizable, su reacción se neutraliza con facilidad precisamente por eso mismo, porque es su papel. Y tú más y tal, aunque en este caso sea sin razón. Pues bien, menos mal que ahí está Ciudadanos, en las entrañas del propio Gobierno, un partido que por esta vez ha cumplido su papel, al menos el que le otorgaban sus votantes. Pidieron una comisión de investigación en la Asamblea Regional (también el PSOE, pero lo relevante es que lo hiciera Cs), y el PP tuvo que aceptarla para no dar el espectáculo de oponerse a su socio. Primera paradoja: el PP acepta investigarse a sí mismo cuando no habría nada que investigar si el presidente del Gobierno, de ese partido, respondiera a la sencilla pregunta: ¿qué altos cargos, asesores y nombramientos de confianza política se han vacunado al margen de lo establecido expresamente por el protocolo, y quién dio la orden de que lo hicieran con ellos funcionarios de Salud que están tan lejanos de la trinchera asistencial como, por ejemplo, los miembros del servicio jurídico y otros?
Para evitar responder a esa pregunta, el Gobierno se escuda en el derecho a la protección de datos, una sinvergonzonería clásica: utilizar la retórica de la ley para proteger el presunto delito, con independencia de lo que se entiende por responsabilidad política. El cinismo es todavía más elevado cuando ocurre que los historiales clínicos de los usuarios de la sanidad de esta Región (incluidos quienes se han revisado de un orzuelo o han sufrido ladillas) están en manos desde 2016 de una empresa privada, con sede en el polígono industrial de Lorquí. Han privatizado nuestos datos clínicos (sí, escandalicémonos), y ahora pretextan la protección de esos datos en lo que se refiere a los cargos públicos que han hecho un uso ventajista de los medicamentos.
DIPUTADOS AL CUARTUCHO.
Bien, empieza la comisión de investigación. A un diputado de cada grupo se les permite revisar durante tres horas el listado total de los vacunados hasta ahora en la Región, encerrados en un despacho de la consejería ante un ordenador con documentos de Excel. ¿Es necesario decir que esto es un disparate? A ver: nadie pretende conocer la identidad de quienes se han vacunado de conformidad con el protocolo, sino de aquellos que lo han hecho indebidamente abusando de su estatus político. Los representantes del pueblo no están para resolver sopas de letras sino para, en este caso, obtener la información de interés público que reclaman. Que reclaman los ciudadanos.
Es normal que los sindicatos denuncien el caso, pues otra paradoja es que el Gobierno que escuda su desinformación en la protección de datos, en vez de ofrecer la lista de sus altos cargos vacunados, ponga a disposición de los diputados la información completa de las vacunaciones legales, que a nadie interesa respecto al asunto en cuestión. Tal vez el Gobierno pretendía que los sindicatos lo denunciaran para justificar su opacidad tras esta denuncia.
Por si fuera poco, la diputada de Podemos María Marín denuncia que los recluyeron a todos en un cuartucho en el que era imposible mantener las medidas de distancia y el resto de condiciones a que obligan los dictados de seguridad, de modo que hemos de entender que la consejería de Salud incumple en sus propias sedes la normativa que obliga al conjunto de la población. Muy consecuente en quienes previamente se han saltado la normativa en su propio provecho. Si los altos cargos del Gobierno se han quitado la mascarilla (quiero decir, la máscara) ¿por qué se han de ocupar en mantener las apariencias de cumplimiento obligado a los demás?
A los diputados ‘investigadores’ se les condicionó, antes de acceder al pajar donde deberían encontrar las agujas, a firmar un documento de confidencialidad acerca de lo que pudieran encontrar en el listado de Garcías, Martínez, Fernández y López, pero todavía más grave es que desde una portavocía del PP se comunicara más tarde que el compromiso incluía también el deber de darse por satisfechos con la pesquisa, es decir, no deberían protestar por el tocomocho ni exigir nuevas indagaciones.
En este punto es preciso observar un dato clave: Cs, que había solicitado esa comisión de investigación, no se prestó a acudir a la encerrona del cuartucho. Y esto le honra. Es lo que deberían haber hecho los demás: dejar al diputado del PP investigando a solas a su Gobierno. Si sabes de antemano que te van a tomar el pelo, lo mejor es evitar la ocasión.
SOBREINFORMAR PARA NO INFORMAR.
Si López Miras no estuviera tan nervioso, hasta el punto de hacer de hooligan en un pleno de la Asamblea bajo la protección del susceptible Alberto Castillo, podríamos pensar que está recurriendo al viejo recurso sofisticado de neutralizar la información con una sobredosis de información. Cuanta más información, menos información: es un clásico de la manipulación gubernamental. ¿Quieres saber quién se ha vacunado? Ahí tienes todos los nombres. Estará hasta el de mi abuela, la mía, si viviera. Pero no queremos saber si está la abuela, sino los altos cargos y toda la retahíla de los nombrados a dedo, más primos, sobrinos, cuñados, allegados y mediopensionistas adscritos, incluido el bedel que hace recados extra gracias a una ocasional propina y agradecido porque le preguntemos por cómo van los estudios de esa hija talentosa que tiene. El coño de la Bernarda en versión Palacio de San Esteban.
EL MENSAJERO UJALDÓN.
¿Cómo estará de los nervios el presidente de la Comunidad cuando envió al que pasa por ser el ideólogo del PP en la sombra, Enrique Ujaldón, al despacho de la consejera de Transparencia, Beatriz Ballesteros (Cs), para que retirara la iniciativa de incluir en el documento sobre ética del pacto PP-Cs la vacunación indebida como corrupción política? Ujaldón, aunque filósofo, se empeñó a fondo en disuadir a Ballesteros de que Cs pretendiera identificar vacunación ilegal con corrupción, en un desiderio tan dramático que puso el listón de la convivencia entre ambos partidos en la condición de que Cs retirara tan lógica propuesta, que así debería serlo para un filósofo que dice estar comprometido con el lema ‘libres e iguales’. Pero Ujaldón no está en la Universidad sino en el Gobierno, y eso trastoca las ideas, en el caso de que las hubiera.
Este supuesto ‘pequeño detalle’ es enormemente significativo. Si el Gobierno, sección PP, pone toda la carne en el asador para impedir que sus socios de Cs incorporen el concepto de corrupción política a las vacunaciones indebidas (con la consecuencia política que esto arrastraría) cabe preguntarse por el alcance de las vacunaciones que López Miras oculta a la ciudadanía. ¿Quién se habrá vacunado aquí, con registro o sin registro? Desde diversas fuentes se amaga con que la respuesta la tendría una acreditada mutua murciana, que pudiera haber sido el gran coladero en las primeras horas de la disposición del medicamento. Pero no adelantemos acontecimientos.
EL INVESTIGADOR INVESTIGADO.
En la huida hacia adelante de este Gobierno desnortado por culposo cabe todo, hasta elaborar, como advertí el pasado domingo, un comunicado interno en el que se establecía la consigna del PP: «Ahora le toca al Gobierno central, que debe mandarnos más vacunas para los mayores de 80 años. En cada intervención publica que tengamos debemos decir esto». Y, en efecto, al lunes siguiente publicamos aquí el artículo de una diputada del PP con ese argumentario. Pretendían trasladar al Gobierno central la urgencia de la dotación de vacunas para los mayores, fragmento social prioritario, después de que los altos cargos de Salud y sus respectivas estructuras administrativas se hubieran chupado seiscientas vacunas del ala.
Como el Gobierno no tiene defensa, ha optado por el ataque. Ahora nos rumorean que van a investigar a los diputados de la comisión de investigación por haber supuestamente trasladado a los medios el resultado de sus apretadas pesquisas y tal vez pretendan denunciar tambien a los medios que, como este periódico, publicaron ayer los nombres de algunos de los vacunados. El investigador investigado. Qué lástima que no sea el título de una novela sino la prueba de un involuntario sentido del humor.
Hasta las mentiras del obispo de la diócesis para justificar su propia vacunación y las de toda su jarca en el cortijo de la residencia en que se hizo pasar por capellán están sirviendo al Gobierno de cortina de humo para amparar sus desmanes. Están buscando vacunados al margen de su estructura para diluir su responsabilidad en el hecho de que otros también se han aprovechado contra el interés público. Y no se dan cuenta de que el control de las vacunaciones es también cosa de ellos.
Al final tendremos que resignarnos a votar a quienes nos prometan: Os robaremos la pasta, pero no la salud.
