Con la aprobación del dictamen final han terminado los trabajos de la Comisión Especial sobre el «Plan de Reactivación Económica y Social y evaluación del impacto del coronavirus en la Región de Murcia» creada en mayo en la Asamblea Regional. El resultado ha sido un documento con 665 medidas, lo que, de entrada, invitaría al optimismo si no fuera porque, en realidad, no pasa de ser un listado de propuestas sin excesiva coherencia y entre las que abundan sobremanera aquellas que instan de manera indiscriminada al Gobierno central, otras que no pasan de una formulación genérica vacía de contenido y otras que incluso se contradicen entre sí.

Además, el texto carece (ni siquiera sugiere) de unos objetivos prioritarios, ni unos ejes básicos sobre los que pivoten el resto de medidas y que permitan identificar el modelo de recuperación que propone al llamado Plan de Reactivación, cuestión que no es baladí a tenor de lo ocurrido con la supuesta recuperación económica de la crisis anterior.

Así, dicha supuesta recuperación económica (producida entre los años 2015 y 2019) que recuperó y sobrepasó con creces la caída del PIB regional ocasionada en los años duros de la crisis anterior, no ha sido capaz de procurar una redistribución más igualitaria, justa y equitativa de la riqueza generada porque el salario medio bruto regional sigue estando entre los más bajos de España desde hace años. Casi la mitad de los asalariados/as murcianos/as cobraron en 2019 entre 0 y 1 SMI, según la Agencia Tributaria.

Por ello, el incremento de los salarios, la mejora de las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, así como el aumento del empleo de calidad, junto con las políticas de igualdad tendentes a superar la brecha salarial entre hombres y mujeres, deberían figurar al mismo nivel, con la misma importancia y equivalente prioridad que las medidas tendentes a la recuperación del tejido productivo. Junto a las medidas de recuperación económica deben funcionar los mecanismos de distribución de la misma.

Además de los salarios, el fortalecimiento de los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, cuidados, vivienda, garantía de suministros básicos, transporte, cultura e investigación), junto con la recuperación y protección medioambiental, la transición energética cien por cien renovable y el reequilibrio del peso de algunos sectores productivos y la reconversión de algún otro, deberían conformar el tronco básico de la transformación económica y social que necesitamos.