Transcurridos 42 años desde que la Constitución estableciera el Derecho a la Vivienda en su artículo 47, se está preparando la primera propuesta gubernamental de una ley estatal de vivienda. Las otras dos únicas iniciativas anteriores que llegaron al Congreso las promovimos desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, mediante la Iniciativa Legistativa Popular, ILP, de 2013, y la Ley de Vivienda de la PAH en 2018, sin que ninguna de ambas consiguiera el respaldo parlamentario suficiente para alcanzar sus objetivos prioritarios: parar los desahucios, adaptar la regulación de las hipotecas y alquileres a los estándares europeos, así como garantizar alquileres sociales y de acceso a los suministros básicos.
La futura ley tendrá que reconocer la vivienda como el derecho humano que es, definir y desarrollar el ejercicio individual del mismo, establecer la condición de bien social de la vivienda mucho más allá del simple bien de consumo que es ahora, cómo debe ser una vivienda adecuada y digna, que establezca y regule los mecanismos y garantías de acceso a la misma, que equilibre las desigualdades en este Derecho por razón de territorio, ya que, en virtud del desarrollo de las competencias autonómicas, las garantías y derechos de los ciudadanos residentes en Cataluña, País Vasco o Comunidad Valenciana son enormemente superiores a las de los residentes en Madrid, Murcia, Castilla y León y otras.
Tiene también que suspender los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional adecuada y digna, como nos vienen exigiendo desde Naciones Unidas, implementando para ello las modificaciones legislativas necesarias, y obligar a grandes tenedores a ofrecer alquiler social estable mientras dure la situación de vulnerabilidad.
Debe elevar el gasto presupuestario para parque público de vivienda social y alquiler asequible hasta el 2%, hasta que dicho parque llegue a la media europea del 20%. De inicio, se debería asignar también una parte suficiente de los fondos europeos de recuperación a este objetivo.
Para facilitarlo, también tiene que incluir el derecho de tanteo y retracto de las Administraciones públicas que está dando buenos resultados en la Comunidad Valenciana, permitiendo la adquisición a bajo precio de lotes de casas a bajo precio para incrementar su parque público.
Es también imprescindible abordar ahora la situación de emergencia habitacional actual, utilizando temporalmente, las casas desocupadas, cuya situación sirve para favorecer la especulación elevando los precios.
Regular los precios del alquiler adecuándolos a los niveles salariales de cada territorio y modificar la LAU para mejorar la protección y estabilidad a los inquilinos.
Garantizar una segunda oportunidad efectiva para los deudores hipotecarios, desarrollando medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.
Implementar la participación de la población en toda la política de vivienda y urbanismo, mediante la creación de una mesa de diálogo social en materia de vivienda que dé entrada a todo tipo de organizaciones y colectivos que trabajan por este derecho.
Debe, por último, asegurar el acceso a los suministros básicos de energía, agua y telecomunicaciones, como condición sine qua non para que un hogar pueda calificarse de digno.
En frente de estas necesidades, nos van a oponer argumentos jurídicos como que se invaden competencias autonómicas; sin embargo, existen muchas leyes estatales sobre tales competencias, como la ley de Costas, por ejemplo. También sobre la propiedad privada, pero el artículo 128 de la Constitución establece que toda la riqueza del país está subordinada al interés general.
También vamos a encontrar una oposición feroz de los lobbies financiero, constructor e inmobiliario, cuyos intereses constituyen sus únicos objetivos, y que cuentan entre sus miembros con destacados miembros implicados en casos de corrupción. Entendemos que el bien común y el interés general debe primar sobre sus intereses particulares.
Por último, y no menos importante, vamos a encontrar dura resistencia en el sector más neoliberal del gobierno, que encabeza la ministra Calviño.
Ante tantos y tan poderosos adversarios, dese la PAH estamos impulsando la constitución de un bloque social, tan amplio y transversal como podamos, que integre a entidades sociales de todo tipo, que consideren el acceso a la vivienda como un derecho fundamental. Que nos permita ejercer de lobby social, para lograr que esa ley, por fin, sea la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Debiera esa nueva ley, tras establecer la vivienda como bien social, definir y sancionar los usos antisociales de la misma, como mantenerlas desocupadas, abordar fórmulas que impidan la especulación del suelo, como mandata el artº 47 de la Constitución.
Portavoz de la Plataforma de
Afectados por las Hipotecas (PAH)
