La dimisión del exconsejero Villegas y el asunto de las vacunas han eclipsado la noticia de la entrada en vigor de la Ley Celaá (ocurrida dos días antes), así como todo el debate que venía produciéndose en torno a la misma desde hacía semanas, sobre todo el relacionado con la sacrosanta libertad de elección de centro educativo.

No obstante, la fecha no pasó inadvertida para López Miras, quien se apresuró rápidamente a reseñar en su cuenta de Twitter la intención del PP de legislar para evitar los ´estragos' que, según ellos, ocasionará la nueva legislación.

En realidad, ya lo había hecho en diciembre adelantando el proceso de admisión del alumnado de una manera tan forzada como inútil, dado que la única tarea asignada al proceso durante los dos meses y medio de adelanto es el sorteo de la letra de desempate para solicitudes con igual puntuación de baremación. Bien podría la fiscalía investigar aquí también una posible prevaricación a la par que lo hace con el tema de las vacunas.

Y es que, uno de los ´estragos' a los que se refiere el presidente tiene relación directa con el cambio de los criterios en la admisión del alumnado y con la programación de la oferta de plazas educativas que introduce la nueva ley, ya que la LOMLOE elimina los dos principales resortes introducidos por la anterior ley educativa del PP que han servido para justificar y facilitar un importante incremento de plazas educativas concertadas en centros privados: el distrito único y el concepto de demanda social. Eliminación que se complementa con el decidido compromiso de incrementar de manera significativa la oferta de plazas en centros públicos.

Hay quien ve en ello un ataque injustificable al supuesto e inexistente derecho de las familias a la libertad de elección de centro educativo para sus hijos/as (PP, Ciudadanos y Vox, sin ir más lejos).

La cuestión es si apostamos por un modelo mercantil que arroja a los centros educativos a una competencia entre ellos para obtener mayor cuota (financiada por el Estado) del mercado de alumnas/os, o apostamos por un modelo de planificación racional que proporcione los mismos y mejores recursos educativos a todo el alumnado garantizando así la igualdad de oportunidades para todos/as, y que, además, presenta innumerables ventajas de tipo económico, educativo, pedagógico e incluso medioambiental.

Planificación o libre mercado; como a la hora de vacunarse.