Se han hecho tan grandes en tan poco tiempo, y han causado tal destrozo en la política y en la rentabilidad empresarial de sectores enteros, que han terminado por cabrear a los que mandan y a gran parte de la opinión pública hasta el punto que últimamente se han multiplicado los ataques contra ellos en diversos frentes y por todos los flancos. Y no es porque no lo avisaran. El lema preferido por todos estos emprendedores disruptivos que han creado los imperios digitales ha sido siempre el de «muévete rápido y rompe cosas». Rápido han ido y, por supuesto, han roto muchas cosas.

Pero este es el momento en que parece que los focos se han puesto en ellos y, aunque se defienden con sus grandes fondos para afrontar multas astronómicas y su capacidad para trasladar a terceros las tasas que se les imponen, la verdad es que se enfrentan a una dura etapa de investigación, regulación e imposición fiscal. La gota que ha colmado el vaso parece ser el asalto al Capitolio el día de Reyes. Este día se produjo un despertar de la sociedad norteamericana y del mundo en general ante el poderío de una herramienta de comunicación masiva como Twitter, que se convirtió en el instrumento principal de un solo hombre para crear una base de apoyo fanatizada, que le prestó suficiente confianza en su poder de movilización para intentar el asalto a la democracia más antigua del mundo moderno. Aunque Twitter haya suspendido definitivamente la cuenta de Donald Trump (que no era la oficial del presidente de los Estados Unidos) y Facebook esté pendiente de una decisión de su plana mayor en los próximos días para hacer lo mismo, lo cierto es que la medida llega bastante tarde a los efectos de impedir la división política entre extremos irreconciliables más grave desde la Guerra Civil norteamericana.

A partir de ahora, veremos multiplicarse las iniciativas por parte de los legisladores de todo el mundo en la línea de regular por ley los contenidos permisibles en estas plataformas. Estas se han escudado tradicionalmente en que son meros instrumentos que utilizan los usuarios para difundir sus mensajes y comunicarse entre ellos. De hecho, el modelo de negocio de estas empresas es adquirir millonarias audiencias que vender a los anunciantes sin gastar un euro de sus propios bolsillos para la elaboración de contenidos de interés. Aunque no lo reconocerán, el estilo bronco, el insulto y las peleas entre fanáticos es lo que alimenta mayormente la pujanza de los Twitter y Facebook. Sus escrúpulos de última hora y sus estructuras de revisión y calificación de contenidos suenan a excusas de mal pagador a la hora de afrontar el daño que han permitido y fomentado para generar audiencias cada vez mayores que se traduzcan con poca o nula inversión propia en una enormes facturaciones publicitarias y en unos pingües beneficios.

de los usuarios, sin cuya utilización la publicidad que insertan en sus feeds no sería la cuarta parte de efectiva. Desde el escándalo de Cambridge Analytica y el descubrimiento de la de activa participación del Gobierno ruso mediante sus granjas de trolls y hackers para otorgar la victoria a los partidarios del Brexit y a su agente secreto Donald Trump, sabemos del poder que tienen estos medios para destripar las preferencias personales de sus usuarios y poner ese conocimiento sin su consentimiento real (las cláusulas que les permiten utilizar tus datos están convenientemente diluidas en los deliberadamente farragosos textos de los Términos y Condiciones que aceptamos mecánicamente cada cierto tiempo) al servicio de intereses políticos espurios. Que el mayor activo de estas empresas sean tus datos en la medida en que conforman patrones de comportamiento homogéneos (lo que ellos llaman anonimización) se demuestra por el intento, de momento fallido, de Facebook de apropiarse para sus fines publicitarios de los datos de Whatsapp. Cuando Facebook compró esta aplicación líder en mensajería instantánea, y siguió con la política de «todo gratis y sin publicidad» estaba claro que su objetivo solo podían ser los datos de los 2.000 millones de usuariost. Facebook ha tenido que recular de esta medida, al menos por el momento, aunque ya millones de usuarios habían dado su consentimiento con tal de no quedarse con una aplicación que se ha hecho virtualmente imprescindible para mantener la comunicación en el ámbito personal y también en el profesional. Mientras tanto, Google se permite tomar nota de los contenidos de tus correos personales para proponerte citas de calendario, lo que es de agradecer, pero también contenidos publicitarios a medida de tus intereses reflejados en tu correspondencia privada y profesional.

la empresa del buscador universal se opone con uñas y dientes a pagar un céntimo por utilizar contenidos protegidos por derechos de autor, como es el caso de las noticias y reportajes periodísticos. En el año 2014 Google interrumpió en España el servicio de News ante la amenaza de una tasa específica, que se ha acabado por imponer recientemente a todas las plataformas digitales por importe del 3% de la facturación que hacen en nuestro país bajo la cobertura de la ley del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales aprobada por el Parlamento en octubre de 2018, adelantándose al resto de países europeos en esta medida, que la mayoría de ellos han preferido dilatar hasta que no sea adoptada por el conjunto de países que forman la OCDE.

De la hipocresía y mala fe de Google habla a las claras su diferente reacción en función de lo interesante o no que le resulte el negocio en determinado país. En Francia han llegado a un acuerdo con la Asociación de Editores para pagar un canon por los contenidos que usan. En Australia han amenazado, con la boca pequeña eso sí, con hacer lo mismo que en España.

En el fondo, la industria de contenidos y Google deberán acabar entendiéndose, de igual forma que las redes sociales y los Gobiernos democráticos en la regulación de impuestos y de los contenidos admisibles. Al fin y al cabo, el Occidente democrático no es China, y será necesario encontrar un equilibrio justo entre los actores privados y públicos en términos de libertad de expresión, derechos de autor y solidaridad fiscal.