Una de las tareas de rutina que cumple cada mañana Mar Moreno, secretaria general con rango de consejera dependiente de la presidencia del Gobierno, consiste en remitir un correo electrónico a la dirección de Informativos de La 7 con el epígrafe «Información Preferente». Bajo éste se detallan aquellos asuntos que las cámaras de la televisión autonómica deben cubrir durante la jornada. La autoridad de Moreno para que se atiendan ´preferentemente' sus indicaciones es doble: por un lado, es la sombra del presidente, Fernando López Miras, de quien controla su agenda política, incluidos sus contactos con los propios consejeros y con los alcaldes del partido; por otro, es la esposa del director general de la televisión, Antonio Peñarrubia. Esto último es algo así como si el jefe de Comunicación de Pedro Sánchez, Iván Redondo, estuviera casado con la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo. El matrimonio murciano, aparte de garantizar las sinergias que cabe suponer entre el poder político y su aparato de propaganda televisivo, se cobra el servicio con sendos sueldos que en su conjunto, en la medida del autor de Escuela de Mandarines, Miguel Espinosa, podrían ser equivalentes al salario de cuarenta obreros. Conviene subrayar estos detalles para constatar la fortaleza de un estatus que, por lógica de diversos intereses, se pretenderá inamovible.

Pero dado que el modelo de televisión autonómica murciano es de concesión pública a una empresa privada se hace precisa una renovación por concurso en cada periodo de administración del servicio. El de gestión por la productora Secuoya hace mucho tiempo que concluyó, y se mantiene en fase de prórroga, sin que se hayan justificado desde el Gobierno las razones por las que el nuevo concurso no fue decretado en la fecha que correspondía. Esto nos permite legítimamente considerar dos posibilidades. Una: el Gobierno ha dejado madurar la situación para que Secuoya pueda establecer estrategias una vez que, en la fecha de conclusión del contrato, pudo constatar la entidad de sus competidores. Otra: el retraso es un nuevo ejemplo de la incapacidad de gestión de un Gobierno que ni siquiera alcanza a manejarse en tiempo y forma con sus competencias administrativas más elementales. Y una tercera: tal vez ambas cosas.

Las últimas noticias al respecto del concurso aplazado sin motivo conocido y prorrogado por indudable afinidad y de confusa legalidad, nos las ofreció el pasado 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, cerebro político del Gobierno, mano derecha del actual presidente y del anterior, Pedro Antonio Sánchez (PAS), tanto monta. Se trata de la Orden por la que nombra el ´comité de expertos' que ha de resolver el concurso de la nueva concesión. Lo curioso de este ´comité de expertos' es que no hay nadie de entre los que figuran que pueda considerarse ´experto' en la materia específica del concurso, la audiovisual, y quien podría acercarse a este perfil, Purificación García, actual jefa de Control de la RTV pública, debe toda su experiencia en el medio a su trabajo anterior en la televisión de Secuoya, sobre cuya competencia para revalidar la concesión tendrá ahora que decidir.

El ´experto jefe', presidente de la Mesa, es Joaquín Gómez, hombre de la máxima confianza de Celdrán; el consejero no puede formar parte del comité, pero Gómez es su alter ego, su voz y su seguro voto: fue director general del Info con Celdrán de consejero de Empresa, y amigos para siempre. Gómez pasa por ser un ejecutivo eficiente y con prestigio profesional (también los hay, no cabe duda, aunque escasos, en este Gobierno), pero en lo político nunca pondría pegas a Celdrán y a quien éste debe obediencia antes o la par que a López Miras. Otra designación significativa es la de Inmaculada Moreno, de la consejería de Educación, que fue colaboradora de PAS en los tiempos en que éste dirigió esa consejería, que aporta formalmente su calidad profesional como economista. Además, hay un funcionario de la consejería de Tranparencia, Jesús Esteban. Por otro lado, la secretaria general de Hacienda, María Pedro Reverte, es una superviviente política desde la época de Valcárcel, con práctica en no mojarse.

En resumen: un comité de expertos conformado por un funcionario netamente administrativo; una economista profesora de Secundaria; una periodista cuya única experiencia profesional se remite a que estuvo en la nómina de Secuoya; y presidiendo el cortejo, la mano derecha del consejero Celdrán. Cabe deducir lo que pueden entender estos ´expertos' sobre los medios técnicos de cada proyecto, la programación o la popia estructura organizativa en la que se ha hecho gravitar la mayor parte de los puntos subjetivos de valoración.

Hay quienes sospechan en el propio entorno del PP que estos ´expertos', que evidentemente no lo son, tendrían, para dilucidar con criterio, que apoyarse en informes externos que bien podrían financiar indirectamente empresas involucradas en el concurso. No me dicen qué empresas, por obvio, pero al parecer se trata de un procedimiento habitual. Hace unos años, algún ex alto cargo del PP me ilustró sobre el asunto aportando su propia experiencia, que por lástima me es imposible transmitir.

Llama la atención que el socio de Gobierno del PP, Ciudadanos, no haya reparado en toda esta concatenación de datos sutiles, pero no es extraño habida cuenta de que duerme el sueño de los justos en la consejería de Transparencia (que es la menos transparente del Gobierno) el expediente en el que se advirtió de que podía ser ilegal la firma de Secuoya con empresas productoras murcianas que le prestaban la exclusiva de sus trabajos, lo cual inhabilitaría a la actual concesionaria para competir en caso de que se resolviera el asunto antes de la resolución del concurso. Al parecer, se forzó la marcha del funcionario responsable del caso, y el expediente dormita en algún cajón para no interferir en la segura adjudicación a la empresa favorita del Gobierno.

La broma de que el artificio con que se consuma todo esto se proclamara el Día de los Inocentes no puede ya crear perplejidad a nadie, a la vista de la desenvoltura con que este Gobierno se desempeña en el capítulo de los contratos públicos, como se viene percibiendo en las adjudicaciones a dedo con el pretexto de la ´urgencia' derivada de la pandemia. Pero en el caso de la televisión pública, que teóricamente transcurre por el procedimiento ortodoxo, cabe además preguntarse si no es incompatible que Presidencia convoque un concurso en que una alto cargo adscrita en la práctica a ese departamento, con rango de consejera del Gobierno, sea la esposa del director general de una de las empresas que aspira a la concesión. Juez y parte. Esta sí que es una 'información preferente' para los ciudadanos.