El autobombo mediático que organizó Pedro Sánchez en forma de rueda de prensa el pasado 30 de diciembre de 2020, lejos de ser una rendición de cuentas democrática, supone un deterioro de nuestro sistema constitucional. En efecto, de acuerdo con nuestra Constitución las Cortes representan al pueblo español y legislan asegurando el imperio de la ley en la que se expresa la voluntad popular. Y el Gobierno gestiona los intereses de los ciudadanos, siendo la relación del Gobierno con las Cortes generales y la de éstas con el pueblo una relación de representación para la gestión de intereses ajenos. Pues bien, en toda relación de representación de este tipo, las obligaciones principales del representante (es decir, el Gobierno) frente a su representado (esto es, el pueblo a través de las Cortes Generales) son básicamente dos: gestionar los intereses de sus representados y rendirles a éstos cuentas de su gestión.

En una verdadera democracia, el esquema es que el Gobierno a la hora de cumplir con la ineludible obligación de rendir cuentas tiene que hacerlo ante el órgano que representa al pueblo que son las mencionadas Cortes Generales y de manera especial el Congreso de los Diputados.

A lo dicho hay que añadir que la rendición de cuentas es complementada mediante una Ley de Transparencia que tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y, por consiguiente, el Gobierno. En España, dicha Ley ha creado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de la Administración General del Estado.

Pues bien, lejos de cumplir el mandato democrático de rendir cuentas de su gestión ante el Congreso de los Diputados y de observar escrupulosamente los mandatos de la Ley de Transparencia, el Presidente del Gobierno, en nombre del Ejecutivo, ha organizado un sainete grotesco para aparentar que rendía cuentas de su gestión. Dicho sainete consistió en presentarse en una rueda de prensa televisada y hacer en ella una auto-evaluación de su gestión política, por supuesto favorable, que reforzó con el apoyo de un llamado ´Comité de expertos', y todo ello bajo un gran rótulo que decía: ´CUMPLIENDO. Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España. Diciembre de 2020'.

Pero con ser este espectáculo de «autobombo» una especie de burla democrática, el Gobierno afirmó que, con este pintoresco sistema de ´auto-apología', «España se sitúa en la vanguardia del mundo de la rendición de cuentas».

Perdónenme estimados lectores, pero este extravagante ejercicio de ´rendición de cuentas' fuera del templo democrático que es Congreso de los Diputados, movería a la risa, de no ser un tema tan relevante y tan serio. Y para demostrar que Pedro Sánchez escenificó una tomadura de pelo, voy a referirme a ciertos hechos que demuestran que «España está no a la vanguardia del mundo», sino cerca de la cola de la rendición de cuentas. Tras la lectura de lo que sigue, solo se dejará engañar el que quiera.

En efecto, no puede estar en la vanguardia del mundo en el cumplimiento de la rendición de cuentas un Gobierno que no es capaz de fijar con la precisión exigida el número de muertos por la covid-19 desde el comienzo de la pandemia. Sanidad habla de unos 50.000 muertos, mientras que el Instituto Nacional de Estadística agrega 18.000 más. ¿Es tan difícil que dos instituciones publicas se equivoquen en un porcentaje que asciende al 36%?

Tampoco puede estar a la vanguardia del cumplimiento de esa obligación de rendir cuentas un gobierno que, tras ocultarlo siete meses, reconoce, por fin, que el ´Comité de Expertos' independientes que evaluaba los datos para la desescalada en la primera ola de la pandemia no existía, sino que estaba formado por 14 técnicos y funcionarios del Ministerio de Sanidad y del propio Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que dirige Fernando Simón.

Pero aún hay más: el día 2 de diciembre de 2020 el periódico digital El Independiente informaba que «el Gobierno ha ignorado 68 veces a Transparencia en lo que va de año». Y el también digital El Español del 14 de diciembre publicaba la noticia de que «El Gobierno de Sánchez e Iglesias es el más opaco desde que hay datos del Consejo de Transparencia. Alcanza una nota de 6 sobre 10 en 2020, la peor desde la creación del organismo independiente en 2015. Rajoy superaba el 8/10».

Como ejemplos de falta de transparencia son conocidas las negativas de Pedro Sánchez a informar sobre quienes volaban en el Falcon Presidencial para asistir a un concierto de rock; o los nombres de los invitados al Palacio de Las Marismillas en Doñana en una estancia en 2019, etc.

Todo lo que antecede me hace pensar que no son pocos los españoles que tienen dos ojos, cada uno de ello con una visión muy diferente: con el que miran los actos de la izquierda apenas ven porque tiene una elevada miopía; y con el que valoran los actos de la derecha gozan de una agudeza visual máxima. Y esto no es algo hipotético, sino que lo señalaba hace unos días Luis Ventoso un artículo titulado Aquel clamor del ébola, publicado en ABC, en el que destacaba el contraste entre el escándalo publico que organizaron algunos medios próximos a la izquierda por el ébola cuando gobernaba el PP y hubo que sacrificar a un perro y el silencio de esos mismos medios frente a la muerte de varias decenas de miles de ciudadanos por el coronavirus.

¿Con la que nos lleva cayendo se imaginan qué sucedería si quien tuviera estos tics autoritarios fuera un gobierno de Derechas? ¿No estarían acusando a la derecha de comportamientos fascistas y franquistas? ¿Cómo valorarían esos medios el inefable acto de autobombo si lo hubiera hecho un Gobierno del PP?