Camino de finalizar este desastroso año, la Justicia ha estado a la altura de ese desastre, pues acabamos con una litigiosidad por cada mil habitantes en nuestra Región de 130, unos 126.000 asuntos pendientes, que digamos que estamos por la mitad más o menos de una hipotética tabla de litigios en toda España. A la cabeza de litigiosidad se encuentran las Islas Canarias (168) y la más baja es la Comunidad Autónoma de La Rioja (89). Por si fuera poco, los tribunales murcianos están, como el resto de los tribunales de nuestro país, a la espera de las consecuencias económicas de la pandemia. Por lo pronto ya están señalando juicios para el año 2023. Y eso que hace algún tiempo se acordó un Pacto para la Justicia entre el poder político y el judicial de nuestra Región, cuyos resultados positivos aún no me constan.
Dicen las estadísticas del tercer trimestre del año, publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, que la Región de Murcia repite como la segunda Comunidad Autónoma con mayor tasa de pendencia (3.10) solamente superada por Castilla La Mancha (3.21). En medio se encuentra tanto la Comunidad de Madrid como la de Castilla y León. Por lo tanto, mucho me temo que el año 2021 va a ser fiel reflejo del lastre que llevamos acumulado. A lo que se deberán adicionar los impagos de deudas gracias a la pandemia, que además ha supuesto la paralización de innumerables actividades judiciales y la suspensión de miles de juicios que deben ser nuevamente convocados, junto con los nuevos que vayan surgiendo. Todo ello, sin olvidar los ERES que vayan naciendo, teniendo en cuenta que no se puede producir un despido colectivo basado en las mismas causas que se invocaron para solicitar un ERTE todavía vigente, con lo que la cuestión litigiosa se va a complicar sobremanera.
En fin, que nos ponemos las pilas ya o la lentitud de la Justicia puede convertirse en una ralentización insoportable.
Soluciones, como las meigas haberlas las hay, otra cosa es que se las puedan aplicar o se quiera que existan. Mayor dotación presupuestaria, aunque no seamos independentistas. Aumentar el número de funcionarios. Más medios materiales. Mejor funcionamiento de los sistemas informáticos, que deberían ser unificados en todo el territorio nacional y no ser distintos dependiendo de las Comunidades autónomas, independientemente de que tengan o no transferencias de justicia. Convocar más oposiciones a la carrera judicial, aumentando de esta manea el número de plazas para acceder a la carrera judicial, para así al menos alcanzar como mínimo la ratio de jueces por habitantes del resto de Europa.
Y en este sentido no puedo por más que suscribir y felicitar a la Asociación de Jueces para la Democracia, que ha propuesto un sistema de becas públicas que permita a los opositores con menos recursos tener las mismas posibilidades y opciones que el resto de los aspirantes, pues no en vano los cinco años que de media está en la actualidad la preparación de la oposición a judicatura o a fiscalía conlleva unos gastos y una necesidad de vivir sin ingresos económicos que no todas las familias pueden aguantar y sufragar.
Si no me creen, les aseguro que estoy dispuesto a someterme a una acción de jactancia y por supuesto al veredicto infalible tanto de la máquina Kopérnika, como del polígrafo de la humana Conchita, para demostrar que no soy un jactancioso y así no tener que callarme con un silencio perpetuo.
