Señora doña Isabel Franco: Leído y releído su escrito del pasado día 14 publicado por LA OPINIÓN, me quedo patidifuso ante tamañas inexactitudes, manipulaciones o informaciones sesgadas que asocia la libertad de una parte de la sociedad con el libertinaje ¿educativo? o más bien económico de algunas empresas que usan el espacio de la Educaicón como nuevo campo de negocio.
Primero. Usted habla de «escuelas públicas concertadas», y coincidirá conmigo en que para que algo sea público debe de estar abierto a cualquier persona que quiera acceder a ello. Yo defiendo que hay escuelas concertadas que se comportan como públicas, no cobran y, por tanto, no discriminan, y hasta hay alguna escuela concertada en la región que por su manera de funcionar es más pública que otras que son más ´estatales´ que públicas. Por eso, colegios que cobran entre 50 a 200 euros al mes, ya sea como ´donaciones´ o pretendidos servicios, no pueden tener la denominación de ´públicos´.
Segundo. No hay ningún ataque a la Educación Especial sino todo lo contrario. La pretensión de la nueva Ley es cumplir con la Resolución del Parlamento Europeo sobre Aplicación de la Estrategia Europea sobre Discapacidad, resolución de fecha 30 de noviembre de 2017, Esta resolución, con 155 observaciones, recomendaciones, peticiones... abarca distintos ámbitos: accesibilidad, participación, igualdad ,empleo, educación... Precisamente en Educación el primer punto incide en que «muchos niños con discapacidad siguen estando excluidos de la educación inclusiva de calidad en diferentes Estados miembros de la UE como consecuencia, por ejemplo, de las políticas de segregación». Lo que pretende la nueva Ley es avanzar hacia el horizonte de sobre discapacidad e integración propuesto para 2030.
Tercero. Efectivamente el artículo 27 dice en su punto uno: «Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza». Es de risa que usted dude de que en este país haya libertad de educación. A estas alturas nadie duda que la libertad de enseñanza está plenamente garantizada en nuestro país. En nuestra región hay ejemplos sobrados, algunos muy sonados, desde las guarderías hasta la Universidad, pasando por la enseñanza obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, cualquiera puede montar su negocio. Lo que la Ley pone en cuestión es que ese negocio tenga que hacerse con terreno y capital público y que el beneficio sea privado.
Cuarto. Lo de «pisar con tacón de aguja y saltar a la torera», con ser imágenes muy sugerentes no dicen nada si, al menos, no señalan dónde se pisa o qué se salta, porque no existe el «derecho a la escuela concertada» en ninguno de los diez puntos de que consta el ´saco de deseos´ en que convirtieron los padres de la Constitución el artículo 27.
Quinto. Lo que «no debemos permitir» es que con el dinero de todos se discrimine a nadie y eso es lo que ocurre cuando se permite la construcción, se subvencionan y se conciertan centros donde ya hay plazas escolares o se construyen en las afueras de las ciudades a los que solo pueden acudir los que tienen dinero o posibilidades para pagar el transporte o desplazarse. O se permite que se cobren cuotas cuando toda la enseñanza está pagada. La prueba la tiene en aquellos centros concertados que no cobran más allá de los veinte euros anuales de la asociación familiar, que los hay.
Sexto. Por si tuviera alguna duda sobre si la enseñanza concertada es un negocio pregunte por el sumario de la Púnica y cómo es posible que se pagaran 900.000 euros por colegio que se concertara. Por otro lado, según un estudio de la CEAPA, Confederación de Asociaciones de Padres y Madres, y CICAE, Asociación de Centros Privados (que no están concertados), el 89% de la concertada cobra cuotas ilegales. La patronal CICAE se queja de la competencia desleal de los centros privados concertados que cobran cuotas. Una liberal como usted debería de entender que no es justo que unas empresas estén dopadas con dinero público frente a otras con las que se disputan el negocio.
Séptimo. Acerca de la otra parte del título de su artículo, «Sobre el consenso». Consenso en contra fue lo que hizo la Ley Wert, que consiguió poner de acuerdo a PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís, Geroa Bai y la abstención de Foro de Asturias y UPN. En la Ley actualmente en trámite solo tiene el consenso en contra de la derecha y la extrema derecha centralista porque la derecha civilizada (y muy defensora de la escuela concertada) como el PNV ha votado a favor, junto a Coalición Canaria, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel También Existe. Derecha, centro e izquierda, eso es consenso; lo suyo es un trágala por parte de la derecha más o menos extrema como fue la votación de la ´liberal´ LOMCE.
Octavo. «Un sistema educativo libre y plural». Sobre la libertad ya ha quedado claro que en este país cualquiera puede montar su chiringuito educativo desde uno muy digno hasta un expendedor de títulos por dinero; otra cosa es la «libertad de elección», que no está en la Constitución, y la cual ha quedado claro que no elige quien quiere sino el que puede pagarlo. Algo que podría ser lo que esta Ley pretende corregir al prohibir las cuotas: que todas las familias puedan acceder a las mieles de la enseñanza concertada. Sobre la pluralidad, imagínese usted un centro concertado en el que todos los profesores y todos los alumnos fueran musulmanes; luego, otro en el que todos fueran protestantes y, por supuesto, otro con los católicos, o colegios nacionalistas o no, o solo para seguidores del Real Madrid o del Barça. A eso se puede llamar pluralidad de centros, pero eso no es real ni se parece a nuestra sociedad. Una sociedad plural como la que tenemos se merece unos centros plurales donde docentes y alumnos lo sean y se preparen para convivir en sociedad. Juntos. Eso no se consigue estratificando los alumnos por cuotas, colegios que no cobran, y otros que sí lo hacen, 40, 80 o 200 euros; eso es definitivamente lo que usted, consciente o inconscientemente está defendiendo.
Por último, sus opiniones sobre las intenciones ´particulares´ de este Gobierno, aparte de que coincidan con la de ciertos personajes de la extrema derecha, eso sí, muy muy liberales en lo económico, son eso, opiniones y por tanto muy libres.
Aquí puedes leer el artículo de la vicepresidenta regional al que hace referencia.
