Coordinador
regional de IU-Verdes
quinazpa@gmail.com
Hace unas semanas se aprobó en la Asamblea Regional una moción de Vox que proponía sacar las casas de apuestas y salones de juego fuera de los núcleos urbanos, lo que llegó a confundir a muchas personas que llegaron a pensar que, por fin, una propuesta proveniente de la extrema derecha parecía lógica y anclada en un problema real.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Vox ignora que el despliegue del sector del juego en la región está blindado de por vida mientras haya Gobiernos del PP (y Ciudadanos). Desde la publicación de la ley autonómica del juego en 1995, los sucesivos Gobiernos del PP en la región han obviado intencionadamente su competencia para planificar y limitar el desarrollo del sector «en función de sus consecuencias sociales y económicas», tal como mandata dicha ley. De hecho, hasta 2012 no se establecieron unas distancias limitantes para salones y salas específicas de apuestas (400 y 200 metros respectivamente), que siguen vigentes actualmente. Nada con relación a centros educativos.
El resultado de esta política ha generado la mayor densidad de salones de juego y casas de apuestas por habitante de todas las Comunidades autónomas: una por cada 4.088 habitantes, casi el doble de la siguiente (Baleares 1/7.897), el triple que la media nacional (1/13.326), y catorce veces más que Cataluña, que con un total de 127 salones tiene una densidad de 1/59.185 habitantes.
Desde 2001 ha habido ocho modificaciones reglamentarias del juego y ninguna ha abordado una planificación limitante del sector (y menos una que establezca la distancia a centros escolares o el criterio del número de habitantes de la localidad), como ha reclamado el Consejo Económico y Social.
Solo a la novena ocasión, con un decreto todavía en trámite desde septiembre de 2018, el Gobierno plantea ubicar obligatoriamente los salones de juego y casas de apuestas a quinientos metros de un centro educativo y a mil de otro salón de juego, pero sin que esto pueda aplicarse a los ya abiertos en la renovación de sus licencias, lo que, de facto, blinda el actual statu quo del sector ante la futura competencia; no es tanto una medida protectora de la población juvenil sino del propio sector frente a terceros.
Por ello la clave está en la aplicación obligatoria de esta norma en las sucesivas renovaciones de las licencias. Lo demás son brindis al sol muy al estilo de Vox.
