14 de diciembre de 2020
14.12.2020
La Opinión de Murcia
Tribuna libre

Ley Celaá: Contra el consenso y la libertad del sistema educativo

13.12.2020 | 20:58
Ley Celaá: Contra el consenso y la libertad del sistema educativo

Esta pasada semana he sido parte y testigo del rechazo mayoritario de la mayoría de los grupos parlamentarios presentes en la Asamblea Regional a la nueva ley educativa del Gobierno de España, la denominada ´Ley Celaá´.

Lo que vivimos el pasado miércoles en la Asamblea, con la aprobación de un pronunciamiento en contra de esta Ley, no es sino una extensión del descontento social en el que estamos inmersos. Y es que la realidad a día de hoy es que la LOMLOE choca de lleno con la libertad de la enseñanza al atacar de manera directa las escuelas públicas concertadas, la educación especial e incluso nuestra lengua vehicular. Nuestra obligación reside, y así quedó demostrado ese día, en realizar una verdadera defensa de la pluralidad y la libertad del sistema educativo.

Si la Constitución Española nos ampara en su título I, capítulo segundo, garantizando los derechos y deberes fundamentales de todos los españoles; la igualdad de todos ante la ley y la libertad, en su artículo 27 expresa con claridad que «todos tenemos el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza» y que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Hace tan sólo una semana que celebrábamos el día la Constitución Española, y sorprende ver cómo hay quienes se dicen sentirse orgullosos de la misma cuando en realidad la pisan con tacón de aguja, atendiendo sólo al contenido que les conviene y saltándose a la torera muchas cosas de las que dicta con el único fin de atender el pago de deudas políticas.

Porque ¿cómo se explica si no que el Gobierno pretenda obligar a que nuestros hijos vayan a la escuela pública y que solo cuando ésta haya cubierto sus plazas, sólo entonces, puedan ir a una escuela concertada? La enseñanza concertada es un derecho al que tienen acceso los padres para sus hijos, y nadie, y mucho menos un Gobierno, puede limitar un derecho.

El Gobierno fomenta así la desigualdad tratando de abanderar la equidad. Sin embargo, cada niño debe recibir la mejor educación posible en la escuela que sus padres consideren, porque ellos son los principales educadores de sus hijos y otra cosa es un atentado contra la libertad de los padres. Esto no lo podemos permitir.

Nuestros vecinos valencianos han sido partícipes de esa colisión de su Administración. Hace tan sólo unos meses el propio Tribunal Supremo confirmó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a la devolución de los conciertos a aulas de Bachillerato y ciclos formativos, que habían sido suprimidas por la Consellería de Educación a varios centros educativos valencianos.

Lo importante de una Ley educativa es adaptar las necesidades pedagógicas de nuestros hijos, sin que la Administración decida por los demás creando plazas públicas que tal vez ni tengan demanda y eliminando aulas concertadas que sí se solicitan. La obligación del Estado es beneficiar a todos los centros, ya sean públicos o concertados, ajustando las plazas escolares a las necesidades reales de las familias y no a las de la Administración.

Defender una escuela pública es complementario a defender un sistema educativo libre y plural. Ambas, pública y concertada, pueden coexistir sin necesidad de ser impuestas. Así se ha hecho hasta ahora y ha funcionado, sencillamente, porque lo que falla no es la concertada, sino la falta de consenso a la hora de promover un sistema educativo ambicioso para nuestros hijos y, sobre todo, eficiente. ¿Por qué nos empeñamos en seguir errando?

Los centros educativos y la sociedad en general están siendo víctimas de los intereses particulares de un Gobierno cuyo único fin es mantenerse en el poder sin importarle lo más mínimo qué es prioritario en este sentido. Es más, queda patente que el objetivo de la aprobación de esta Ley no es otro que el de desviar la atención de lo verdaderamente importante para ellos, esto es, la aprobación de unos presupuestos de la mano de los grupos independentistas que, de momento, ya han conseguido suprimir de la ley que el español sea lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña.

De ahí la elección del momento de su aprobación, en plena segunda ola del coronavirus cuando apenas se sabe qué va a pasar con este curso escolar y si el fracaso escolar, verdadero problema de la educación española, va a seguir o no en aumento como consecuencia de esta crisis.

Me declaro testigo perpleja del rumbo que la LOMLOE está adquiriendo, una ley sin duda inmadura y arrebatada que no responde a los intereses de la sociedad y con una carga ideológica que limita los derechos y libertades de los españoles y las españolas.

Vivimos en una sociedad democrática y así ha de seguir siendo. Otra cosa supondría un retraso en las libertades y derechos de la ciudadanía que no debemos permitir. Por eso, animo a todos desde esta tribuna a seguir luchando por la pluralidad, la libertad y la calidad de le educación. Aún queda tramitación parlamentaria para conseguirlo. StopLeyCelaá.

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