Imaginemos por un momento que alguien quisiera imponernos en nuestro trabajo un aumento de la jornada laboral anual, extender los días laborables a toda la semana teniendo que ir a trabajar en cualquiera de ellos a instancias de la empresa en función de sus necesidades, rebajarnos el precio de la hora extra por ir a trabajar en un día festivo o en horario nocturno, y reducir las licencias con carácter retribuido a la mínima expresión. Todo ello sin subida salarial que compense dichas condiciones laborales y, además, con la eliminación de una paga extra.

Imaginemos también que los mismos que tratan de imponernos estas condiciones laborales se nieguen a negociarlas y discutirlas con los propios trabajadores/as, tratando de hurtar, además, mejoras como la aplicación de un salario mínimo aprobadas por el Gobierno.

E imaginemos finalmente que nos obligan a ir a trabajar en condiciones que pueden afectar gravemente a nuestra salud hasta el punto de ponernos en grave riesgo, y que, además nos vemos sometidos a infinidad de contratos temporales al cabo del año, la mayoría realizados a través de una serie de empresas que acaparan una parte de nuestro ya mermado salario. Y si fuera poco que, de vez en cuando, algún capataz abuse sexualmente de ti como trabajador/a.

Pues bien, dejemos de imaginar. Son hechos reales que sufren una buena parte de los trabajadores/as del campo y del sector agroalimentario en la Región de Murcia, sobre todo los más de 40.000 (según datos de los sindicatos CC OO y UGT), afectados por dos importantes convenios colectivos como son el agrícola, forestal y pecuario de la Región de Murcia y el convenio de cosecheras de tomate y lechuga, con una negociación bloqueada desde hace tiempo por las patronales del sector: Asaja y Coag en el primer caso y Proexport en el segundo.

Para denunciar estos atropellos ambos sindicatos han convocado una jornada de huelga para el viernes 4 de diciembre, movilización más que justificada por la actitud obstruccionista de una patronal que, no solo se niega a la obligación constitucional de negociar unas condiciones laborales dignas a través de la aprobación de un convenio colectivo, sino que pretende, incluso, recortar derechos ya conseguidos.

Esta realidad, que obviamente no será representativa de la totalidad del sector, está, sin embargo, lo suficientemente extendida como para justificar un incremento de la labor inspectora del ministerio de Trabajo.