27 de noviembre de 2020
27.11.2020
La Opinión de Murcia
La balanza inmóvil

Más control, un paso más

26.11.2020 | 20:56
Más control, un paso más

Me refería en mi último artículo del pasado viernes al control que se pretende ejercer desde el Gobierno, siempre presuntamente, de la información, a través de seleccionar un comité de expertos nombrados por ellos mismos, sobre qué son noticias falsas y cuales no lo son, y por tanto impedir que las falsas aparezcan en las redes sociales o en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, se desarrolla la Ley Celaá, que afecta a la libertad no solo de educación, sino, lo que es peor, el acceso al derecho constitucional a aprender el idioma de una nación y de millones de castellanohablantes. Y como no hay dos sin tres, el nuevo y definitivo presunto control tiene un amplio espectro. Se trata de reformar una ley orgánica, concretamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras cosas, para controlar también la información que se pueda publicar sobre las causas penales.

Y ello a través de diversas formas o maneras. Por una parte, que es la que menos me preocupa, consiste en impedir el ejercicio de la acusación popular por los partidos políticos, sindicatos, administraciones, central y autonómicas y los miembros de la carrera judicial. Por otra y por si fuera poco, se introduce que entre las medidas cautelares que se puedan adoptar durante la investigación de un delito se encuentre la posibilidad de secuestrar publicaciones o prohibir la difusión o interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información. Ahí es ná.

Pero lo que más me preocupa es que no se explique claramente por qué se quiere que los fiscales sustituyan al actual juez de instrucción, para que sean aquéllos los que investiguen las causas criminales y no los jueces. Es tan sencillo como que los jueces son independientes porque lo dice la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en tanto que los fiscales son dependientes por Estatuto. Si el Gobierno nombra a la Fiscal General del Estado, y ésta a su vez a los fiscales superiores de Justicia de cada Comunidad autónoma, lo normal es que la gente no solo se desanime, sino que además deje de creer del todo en la Justicia. Y repito una vez más que los fiscales individualmente, estoy convencido, son absolutamente independientes y no se dejan influir por nada ni por nadie, pero la realidad imprescindible es que no se puede iniciar una reforma de tal calibre sin que previamente desaparezca la condición de dependencia.

Las asociaciones de fiscales han pedido desvincularse del Gobierno antes de asumir las investigaciones, solicitando para ello una mayor autonomía, que se materializaría de la siguiente manera: a) otorgando un papel más relevante a las Juntas de Fiscales que se encargan de revisar las desavenencias entre un fiscal y sus superiores; b) una regulación detallada de las órdenes de los superiores, para evitar un intento de influir o mediatizar al fiscal que investiga; c) que las instrucciones de los superiores se hagan pro escrito; d) que el nombramiento del Fiscal General del Estado se haga por un período de cinco o seis años, y no como hasta ahora, que cuando cambia el partido que gobierna se nombra a uno distinto; f) mayor papel del Consejo General del Poder Judicial en el nombramiento del Fiscal General del Estado; g) desligarse del ministerio de Justicia, y h), en definitiva, que se refuerce la imparcialidad del Ministerio Fiscal.

Control de tres libertades fundamentales en un Estado de Derecho: libertad de información, libertad de educación y libertad de investigación criminal. ¿Hay quien dé más?

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