Lo que está ocurriendo con el transporte público periurbano de la capital y su área metropolitana gestionado por la empresa Latbus es sencillamente intolerable. Los efectos inmediatos de esta situación se traducen, primero, en un servicio que no atiende a las necesidades de una buena parte de la población (sobre todo de pedanías, cuyos habitantes se sienten vecinos de segunda clase), con continuas escenas de viajeros que se quedan en tierra por la limitación de aforo en los vehículos así como por la reducción de frecuencias en los servicios decidida por la empresa y justificada por el consejero Díez de Revenga; y, segundo, en el empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores/as (actualmente todos en ERTE al 33%), y que protagonizan movilizaciones de protesta todas las semanas desde hace más de un mes.
A partir de aquí podemos enredarnos en un interminable debate sobre quién debe solucionar el problema: si al Ayuntamiento o al Gobierno regional (ambos se pasan la patata caliente), la empresa, o todos en conjunto. Cada cual tratando de excusar actitudes y decisiones inexcusables como la del consejero Díez de Revenga, negándose a recibir y escuchar al comité de empresa de los trabajadores/as, posición indigna e impropia de un cargo político que, además, tiene responsabilidad sobre la situación y su solución.
También podemos debatir sobre la inoperancia de un Gobierno regional carente de una política clara en materia de transporte y movilidad ciudadana, o sobre las prioridades del Ayuntamiento de Murcia, apostando por el desarrollo de la zona norte de la ciudad con inversiones millonarias en un tranvía que sólo beneficia a una ínfima parte de la población y olvida premeditadamente una zona sur más poblada y con peores servicios de transporte que, además, son recortados con la excusa de ser deficitarios.
Lo cierto es que el transporte de viajeros en la Región de Murcia y, fundamentalmente en el área metropolitana de Murcia, es una asignatura eternamente suspensa carente de un plan regional digno de ese nombre, que padece una falta de inversión crónica y cuya pésima gestión resulta incapaz de desplegar un servicio de calidad, eficaz y que cumpla con la finalidad de servicio público esencial. El futuro Plan Director de Transporte de Viajeros debería, si alguna vez se concluye, dar respuesta a estas carencias. Para revertir esta situación va haciendo falta, como siempre, una gran movilización.
