Según los datos publicados sobre el presente año por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la UE. Un informe que debería de sonrojarnos y obligarnos a hacernos muchas preguntas sobre los motivos por los que el 17,3 % de los jóvenes españoles, entre 18 y 24 años, no siguieron formándose tras finalizar secundaria en 2019. Sí, España, uno de los países fuertes de Europa en otros campos, encabeza esta humillante lista. Tan humillante, que tras ella, se sitian países como Malta, Rumanía y Bulgaria. Datos de este año, datos que deberían de hacer reflexionar a los políticos, si es que son capaces de mirar más allá de las próximas elecciones.

Desde el 15 de junio de 1977, en que se celebraron en España las primeras elecciones democráticas, este país ha conocido muchos Gobiernos, y ni siquiera en tiempos en que los consensos parecían más fáciles, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo sobre algo tan importante, tan vital para el desarrollo de una sociedad, como un sistema educativo cuyos resultados no nos avergüencen. Un sistema educativo alejado del que hoy tenemos, que solo está sirviendo para fomentar que nuestra nación se aleje cada vez más de la excelencia, en este campo.

La primera vez con atisbo de un posible acuerdo fue con un Gobierno de Zapatero, siendo ministro de Educación Ángel Gabilondo, que presentaba un documento donde proponía la modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) con vistas a la consecución de un Pacto Social y Político por la Educación. Gabilondo, presentó a todas las Comunidades autónomas, las 137 medidas que proponía, marcando un calendario para conseguir un acuerdo sobre «el que decir sí o no» a dicho ofrecimiento, que tendría lugar tras reunirse con los grupos parlamentarios, la mesa social de educación, la comunidad educativa y las consejerías de Universidades.

Por encima de todo, Gabilondo buscaba el «consenso global sobre objetivos», y es que, para ese ministro de consenso y entendimiento «este texto no es un brindis al sol o una declaración de intenciones, ya que recoge doce objetivos determinantes para dar respuesta a la demanda ciudadana», pues «el Gobierno ha tenido en cuenta todos los puntos de vista». Tanto fue así que el PP puso diez condiciones para sumarse al pacto, hasta el punto de que Gabilondo manifestó: «Algunos dicen que el texto se acerca demasiado al PP, otros al PSOE, pero es un pacto de consenso». Lo que no tuvo en cuenta Gabilondo fue que el tacticismo del PP, de cara a las inminentes elecciones, le hizo retirar ese apoyo, apareciendo Cospedal, secretaria general del PP, entonces, diciendo aquello de «se retrasa el pacto educativo porque Gabilondo no tiene auténtica voluntad de cambiar el modelo». Todo eso después de decir que era necesario alcanzar un pacto educativo con el Gobierno, ya que «el sistema actual no funciona y hay que cambiarlo».

Pero aunque el PP lo cambió, continúa sin funcionar, porque los políticos son incapaces de pensar más en la sociedad que en ellos. Y ahora, con la aprobación de la llamada Ley Celaá, mientras que el PNV sugiere que la cumplirá, a medias, el PP se moviliza en contra de esta Ley. Así, mientras que la señora Díaz Ayuso promete 'dar la batalla' contra ella, porque ha salido «sin consenso y por la espalda» (olvida que la llamada Ley Wert solo contó con los votos del PP), Casado y García Egea se dedican a pregonar que ya se encargarán ellos de que esta Ley se ignore en las Comunidades gobernadas por su partido, porque según García Egea, que no se caracteriza por su 'finezza', en esto de hacer oposición, esta Ley durará hasta que ellos alcancen el poder.

Yo me pregunto ¿Los políticos, de uno y otro signo, desconocen los datos que damos al principio de este artículo? ¿Y si los conocen; que sí, no se avergüenzan?