23 de noviembre de 2020
23.11.2020
La Opinión de Murcia
Estiajes

Otra vez la educación

22.11.2020 | 20:47
Otra vez la educación

Resulta descorazonador comprobar cómo el principal partido de la oposición, este supuestamente nuevo PP de Pablo Casado, deja ver una preocupante falta de ideas y/o de argumentos para exponer su proyecto político, y lleva meses inmerso en una vuelta, no sólo a las esencias del aznarismo más recalcitrante, sino también a las estrategias de los tiempos más oscuros del postaznarismo, las de aquel PP de Mariano Rajoy que tras la victoria de Zapatero en las generales ejerció entre 2004 y 2011 la que pasa por ser la oposición más sucia y rastrera de todo el período democrático, incluyendo la instrumentalización con fines de oposición política de las víctimas de ETA.

A cuenta ahora de dos asuntos especialmente: el voto de EH-Bildu contra las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos (que ha dado alas al PP para hablar de ´pacto con los asesinos´); y la nueva Ley de Educación, conocida como ´Ley Celáa´, un proyecto que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez quería llevar a cabo ya en su truncada primera legislatura, por lo que el nuevo Gobierno se puso pronto a trabajar en ella, y ya en marzo de 2020 (mientras los peores pronósticos sobre la evolución de la pandemia se hacían realidad) asociaciones de padres, empresarios y profesionales de la enseñanza privada empezaron a hacer sonar con fuerza los tambores de guerra contra el mismo, con asuntos menores pero fuertemente ideologizados, como los inexistentes ataques al castellano y la concertada, o la también falsa desaparición de los centros de educación especial.

Es el viejo recurso de difundir desde los partidos mentiras o medias verdades que (repetidas hasta la saciedad y convenientemente amplificados por los medios afines) acaben pareciéndole verdades irrefutables a sectores de la sociedad mucho más amplios que los de sus votantes o simpatizantes. Ya aludí en otro Estiaje al problemático artículo 27.3 de la Constitución, que (como aclaraba hace un año José Luis Álvarez-Castellanos en este mismo periódico) dista mucho de referirse a un «derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro» para a sus hijos, o a que «para garantizar dicha libertad [sea] necesario extender la gratuidad, mediante conciertos, a todos los centros privados que los soliciten», para terminar recordando, sobre «la ayuda del Estado a aquellos centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca» que sí menciona el artículo, la sentencia del 10 de julio de 1985 del Tribunal Constitucional, que aclara que «esta ayuda no encierra un derecho subjetivo a la prestación pública» y que « no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales».

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook