Tras el salvaje asesinato de las tres hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960 por oponerse al dictador dominicano, el movimiento feminista latinoamericano adoptó el 25 N como jornada de denuncia sobre la violencia estructural contra las mujeres. En 1999 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró su apoyo y desde entonces se suma también ese día a la sensibilización contra la violencia machista.
Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en el transcurso de este año 41 mujeres han sido asesinadas. El 78% convivía con su asesino y el 85% del total de los agresores no tenían denuncias previas. También arrebataron la vida a tres menores víctimas de la brutalidad de la violencia de género.
El feminicidio a manos de la pareja o expareja representa la consecuencia más terrible y sobrecogedora de la violencia machista, que se manifiesta de diferentes formas: maltrato físico, agresión, acoso o abuso sexual y de otras más soterradas como la violencia psicológica. Las cifras de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer son impactantes: se estima que cerca de siete millones de mujeres en nuestro país han sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. En 2019, más de dos millones de mujeres (31,9%) han sufrido violencia emocional, ejercicio del control, violencia económica y miedo. Maltratos reiterados que desbordan los perímetros de la clase social, el nivel económico, la nacionalidad, la etnia o la edad. Las secuelas de la violencia contra la mujer no son del todo medibles en su intensidad, pero según el informe el 70% de las mujeres que la padecen sufren ansiedad y depresión. En los últimos doce meses, más de 109.841 mujeres han sufrido lesiones a causa de la violencia física y/o sexual. La discapacidad es una dura consecuencia para el 17,5% del conjunto de mujeres agredidas.
Prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas es una recomendación fundamental de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de aplicación para todos los estados y regiones del mundo. Gracias a las denuncias y las reivindicaciones de feministas pertenecientes a colectivos, sindicatos y partidos progresistas, tenemos hoy en España leyes e instrumentos importantes para luchar contra la desigualdad y la violencia de género. Pero no se logra la eficacia deseada a causa de la oposición de una derecha conservadora, reaccionaria y ultracatólica que procura obstaculizar cualquier medida de mejora para la vida de las mujeres, cuando no trata de suprimir derechos fundamentales adquiridos. El Gobierno de la Región de Murcia es un ejemplo de ello.
En nuestra región, dos mujeres han sido asesinadas durante el año 2020 y ha aumentado de forma alarmante la violencia machista entre los jóvenes, situando esta Comunidad autónoma en la segunda con más casos de maltrato entre menores.
Sin embargo, la inacción del Gobierno regional, la falta de dotación presupuestaria y el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos, perpetúan un inmovilismo misógino que no permite avanzar significativamente en la lucha por la igualdad y contra las violencias machistas. Sin embargo, la pregonada firma de documentos y protocolos varios le sirven al Gobierno regional para desplegar una hipócrita propaganda de su supuesto compromiso contra la violencia de género.
El 25 de noviembre de 2018 el Gobierno regional (entonces del Partido Popular) y Ciudadanos escenificaban mediáticamente la firma del Pacto Regional contra la Violencia de Género. Dos años después el nivel de cumplimiento es ínfimo, lastimoso y vergonzoso. Todas las consejerías implicadas han incumplido de manera abrumadora y el destino de los escasos millones de euros presupuestados y ejecutados desde 2018 es opaco o desconocido. Los servicios de atención a las víctimas de violencia de género están externalizados, son insuficientes y sus profesionales son contratadas precariamente. La eventualidad de sus contratos dificulta a menudo el seguimiento de las supervivientes de violencia de género.
La Educación es una herramienta necesaria para garantizar la erradicación de las violencias machistas en la sociedad, por eso el compromiso de la Consejería de Educación es un pilar básico del Pacto Regional contra la Violencia de Género. Sin embargo, aquélla infringe los acuerdos del Pacto y obstaculiza su desarrollo: se niega a reconocer la prevención y sensibilización contra la violencia de género como línea preferente de formación para el profesorado, se opone a la normalización de la educación afectivo-sexual, se resiste a designar un/a docente para impulsar y coordinar acciones contra las violencias machistas en los centros escolares, aunque se presupuestaron para ello 1.100.000 euros (de los cuales se habrían gastado ya 786.000 euros, ¿en qué?) y no existe planificación en materia de igualdad y de prevención contra la violencia de género para el alumnado de la región.
Así que este próximo 25 de Noviembre recordemos que este Gobierno regional no asume su responsabilidad en la lucha contra la violencia de género, por muchas declaraciones de intenciones, minutos de silencio o ruedas de prensa que haga ese día. Pese a todo, ni la inacción ni el incumplimiento lograrán desactivar la lucha feminista contra todas las violencias machistas, incluida la institucional.
Aunque no podamos inundar las calles con nuestras manifestaciones a causa de la pandemia, transmitiremos de otras formas nuestro clamor.
El resto de días del año, seguiremos combatiendo en todos los frentes a misóginos, reaccionarios y negacionistas: ¡ni una menos!
