Veinte de noviembre, aniversario de la muerte del hasta ahora dueño del Pazo de Meirás, que por decisión judicial vuelve al pueblo, no se sabe si con lo que contiene en su interior o no, que a lo mejor es más valioso que el continente. Y me pregunto si pasarán 45 años también para que exista acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Tanto tira y afloja mosquea al personal. Si esos partidos controlan al órgano superior gubernativo de los jueces, que es el que nombra a los magistrados más importantes o altos en el escalafón para puestos muy relevantes es que quieren controlarlo. Lo que no saben, o no quieren saber, es que la independencia judicial está por encima de cualquier cambio de cromos.
Si no te pones de acuerdo, dijo el Gobierno al PP, pues cambio la ley para que mi mayoría baste. Europa advierte: te estas pareciendo a Polonia y Hungría (los mismos que nos van a retrasar la llegada de ayuda económica de la UE, a lo mejor con razón). Si a ello se unen los cocotazos que a menudo esa Unión, nos da con ciertas resoluciones, la realidad es que hay que ir con pies de plomo en lo que legislemos en un futuro. Ya la ley Celaá dio señales de por dónde van los tiros de agradecimiento a los nacionalistas. Querer quitar el castellano como lengua vehicular solo está al alcance de unos prestidigitadores muy astutos, cuando saben que el Constitucional la va a tumbar.
La nueva norma jurídica, en forma de Orden, que ha nacido de la mente del legislador, no es nada más ni nada menos que la de acabar con las noticias falsas. No digo yo que no sea necesario evitar que en las redes sociales den día sí y día tambiénden falsamente por muerto a algún personaje del corazón. Pero de ahí a controlar de antemano por un comité de expertos, que esta vez sí parece que existan, qué noticias son o no falsas, hay un abismo. Esos expertos provienen de la presidencia del Gobierno, del CNI y de los gabinetes de información ministeriales. No se puede olvidar que el ordenamiento jurídico español, tanto penalmente, a través, por ejemplo, de los delitos de calumnia o injuria, como civilmente, con el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, ya protegen a las víctimas de las noticias falsas. Ponerte la venda antes de la herida no parece muy oportuno.
La Orden, publicada ya en el BOE hace una semana, ha aprobado un procedimiento de actuación contra las falsas noticias, porque, dice, uno de los pilares de la sociedad democrática es el acceso a la noticia veraz. Para lo cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración de los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada a gran escala y sistemática de la desinformación que persiga influir en la sociedad con fines interesados y espurios».
La línea entre el control legítimo y la censura es tan sutil que puede inducir a error, pues ¿qué se entiende por gran escala y sistemática? Mientras Moncloa justifica esta norma jurídica diciendo que es para evitar una injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, la oposición aduce que trata de censurar a los medios de información que no sean afines al Gobierno. Alemania ayuda a detectar noticias falsas, pero deja que sean los usuarios quienes decidan la falsedad. Francia lo castiga con multa o cárcel y El Reino Unido no lo ha legislado específicamente.
Sea lo que sea, se empieza por la mascarilla y se acaba con una Orden.
