Hace unos años escuché a un político de esta Región enriscarse en la defensa de una actuación suya polémica con el argumento de que su proceder era legal aunque desprendiera muy poco de la corrección ética que se espera de todo cargo público. Alguien le espetó si aquello que justificaba no chocaba con sus principios: «No me dé lecciones de moralidad: es legal y punto», le respondió.
Lo mismo sucede ahora en el Congreso de los Diputados cuando PSOE y Podemos negocian el apoyo de Bildu a los Presupuestos Generales. Una formación que, como su nombre indica (reunir) es una amalgama de ´partidillos´, colectivos, plataformas y asambleas, algunos de los cuales penden de la telaraña tejida por ETA en el marco institucional. Lo amparó en el 2011 una sentencia del Tribunal Constitucional.
Colado Bildu en el redil de la legitimidad democrática, poco cabe decir en cuanto a que tome asiento en parlamentos nacionales, del País Vasco y Navarra o que presida Ayuntamientos. Pero sí mucho del grado de complacencia con el que otras fuerzas políticas tratan su presencia. Y en particular, las que hoy están al frente del Gobierno de la nación.
Si los de Sánchez e Iglesias aplican el cordón sanitario en torno a Vox por no condenar la dictadura franquista, algo que chirría en el comportamiento democrático de los de Abascal, qué decir de los que no han rechazado nunca expresamente el terrorismo de ETA y se han limitado de forma hipócrita a condenar «la violencia venga de donde venga».
¿Por qué, si en abril del año 2019, el PSOE decía que no había nada que hablar con Bildu, mientras no mostrase esa rotundidad, ahora ha cambiado de parecer y sí se aviene a regatear el apoyo presupuestario con pactos bajo la mesa?
¿Cómo justificar apaños con quien desde la tribuna en el Parlamento vasco dice que va a Madrid a reventar el régimen y clama por la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército calificándolos de instrumentos represores del pueblo?
No es ético que un partido de puro ADN democrático dialogue con quienes ejercen la equidistancia entre homenajes en pueblos a etarras excarcelados y en actos institucionales a sus víctimas. Asesinos y asesinados no son iguales en aras a la ´pacificación´ de Euzkadi.
El olor de la inmoralidad de esas negociaciones cala por mucho que en Ferraz se aprieten la nariz pinzándose con el cuaderno de la legalidad constitucional.
