Hace unos días conocíamos la feliz noticia de la sentencia del Tribunal Supremo que desestimaba los recursos de Iberdrola Inmobiliaria SAU y la Asociación Colaboradora de Propietarios de la AIR Marina de Cope, poniendo el cierre definitivo a las expectativas urbanizadoras en la Marina de Cope.

Sin duda, es una gran noticia para quienes llevamos años inmersos en esta lucha por conservar esa bella y rica llanura litoral, que forma parte del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, situado en los municipios de Lorca y Águilas. Victoria que tiene muchos matices que quedan por resolver. Por un lado, hay que entender que la Marina de Cope es una de las últimas planicies litorales que nos quedan sin urbanizar en el Mediterráneo peninsular.

La mayoría ha sucumbido a las diferentes olas urbanizadoras de la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Urbanismo ligado a un turismo residencial de sol y playa que tantos impactos ambientales y paisajísticos nos ha dejado. Sirva de ejemplo La Manga del Mar Menor, que en cuestión de pocas décadas ha pasado de ser un lugar idílico, a convertirse en un muro de cemento totalmente insostenible y con graves impactos ambientales. Por otro lado, la oleada de nuevos regadíos industriales que se ha producido desde la llegada del trasvase Tajo-Segura, ha rematado la mayoría de las planicies que se habían salvado del urbanismo.

Tal es el caso del Campo de Cartagena, y en buena parte de la Marina de Cope. Aquí la labor ciudadana ha evitado todos los procesos constructivos que se han ceñido sobre ella, y que se empezaron con el proyecto de una central nuclear, promovida por la dictadura franquista, a la que finalmente se renunció, y que supuso el primer movimiento civil de defensa del territorio en nuestra región, considerándose uno de los primeros gérmenes del movimiento ecologista y conservacionista de nuestra región.

Sin embargo, no terminó en victoria definitiva, ya que años después han surgido proyectos urbanísticos, y en el más disparatado participaba precisamente la privatizada Iberdrola, propietaria de los terrenos que se pretendían destinar a la construcción de la central: la macrourbanización de la Marina de Cope. Por otro lado, hay que recordar que a principios de los 90 se declaró el Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en reconocimiento de los grandes valores naturales de este espacio, que incluye la Marina.

Esta protección nunca se ha llegado a materializar. En nuestra región, los espacios naturales protegidos se declararon antes de elaborar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que deben sustentarlos y que son la herramienta que realmente protege dichos espacios, ya que los zonifica y establece limitaciones a la actividad económica y humana en función de dicha zonificación.

Pero con la llegada del Partido Popular al gobierno regional (1995), la declaración de los PORN ha sido eternamente postergada para los espacios protegido que más conflictos de intereses privados presentan, y en su ausencia las autoridades han limitado su labor de protección efectiva. De hecho, la Marina de Cope es testigo de las peores estratagemas de los sucesivos gobiernos del PP en materia de políticas ambientales. Por ejemplo, cuando en el año 1999 se estaban elaborando las propuestas de LIC y ZEPA; espacios protegidos a nivel Europeo que forman la llamada Red Natura 2000, esa llanura de Marina de Cope, a pesar de tener todos los requisitos para ser considerada LIC y ZEPA, acabó siendo excluida de las propuestas.

En el año 2001, cuando se aprobó la reforma de la Ley del Suelo regional, adaptándola a la nacional que fue el pistoletazo de salida del fatídico ´boom urbanístico´ que azotó nuestro país hasta llevarnos a la ruina, el Gobierno de Valcárcel coló la famosa Disposición Adicional Octava, que desprotegía de un plumazo parte de los Espacios Naturales Protegidos, entre ellos la Marina de Cope.

Mientras el Tribunal Constitucional tardaba la friolera de 11 años en responder al recurso de inconstitucionalidad contra esa disposición, el Gobierno Regional y los Ayuntamientos de Lorca y Águilas se empeñaron en avanzar en la tramitación de los planes urbanísticos que sustentaran la macrourbanización, a los que se sumaron inversores cegados por la promesa de gran rentabilidad del ladrillazo.

Así, se aprobaron normas y planes, mientras un movimiento ciudadano, que aglutinó a miles de ciudadanos y decenas de organizaciones sociales y ambientales, realizaba todo tipo de protestas y manifestaciones contra esa barbaridad sin sentido, al tiempo que se interponían recursos legales contra los sucesivos movimientos de las administraciones locales y regional. Parte de la estrategia en estos años ha sido la permisividad frente a la colonización agroindustrial de la Marina de Cope, con intención de dar por desaparecidos los valores ambientales que justifican su protección. Y no se pudo ganar todo.

Ahí está la innecesaria y rescatada autopista Cartagena-Vera, que en su momento atravesaba virtualmente una urbanización tras otra, algo que por suerte nunca se ha materializado. Pero al final, tras sucesivas victorias judicial, fruto de un largo y gran esfuerzo voluntario y profesional, y un enorme sacrificio, se ha llegado a la última victoria, con la que la ciudadanía ha ganado el pulso a los intereses privados de grandes capitales, y a los intereses políticos de un Gobierno Regional y unos municipios que han tratado siempre el Medio Ambiente como un estorbo. La lucha en la Marina de Cope no ha terminado.

Seguirá muy viva hasta que no se consiga la aprobación del PORN del Parque Regional, de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000, de la declaración de la misma como LIC y ZEPA, de la declaración de reserva de la valiosísima parte sumergida. En definitiva, la lucha continuará mientras no se consiga blindar la protección efectiva y la recuperación de los espacios degradados para transferirla a las generaciones futuras, como una de las últimas maravillas litorales que se han salvado de la devastación que ha abanderado el mal llamado progreso.