A nadie le cabe la menor duda de que la atención a las personas con discapacidad es un servicio esencial, donde, independientemente del tipo de centro de atención (Temprana, SEPAP, Centro Residencial, Centro de Día, Centro Ocupacional, Vivienda Tutelada), el objetivo prioritario es dar calidad de vida a estas personas. Y así lo han reconocido las autoridades públicas.

Pero, ¿se ha tratado al sector como esencial? Al comienzo de la pandemia y bajo la recomendación de las autoridades nacionales y autonómicas, como medida de prevención sanitaria se deciden cerrar los centros de atención de personas con discapacidad; podríamos asemejarlo con lo ocurrido en la educación obligatoria (colegios e institutos).

Los problemas comienzan con el trabajo telemático. Los trabajadores, sin nociones ni directrices de la Administración, en la mayoría de casos con sus propios recursos, sin horarios ni descansos, se deben reinventar como profesionales para poder llegar a dar atención a personas, que en ocasiones están gravemente afectadas, con la dificultad que ello conlleva.

La situación, lejos de mejorar, se agrava. Sin que aún estuvieran abiertos los centros para atender a las personas con discapacidad porque no existía la suficiente seguridad, muchos fuimos requeridos para atención presencial fuera de nuestros centros de trabajo en domicilios o entorno, unas funciones para los que no estamos contratados y que pueden conllevar altos riesgos de contagios, más peligrosos todavía debido a que en su mayoría los discapacitados son vulnerables y de mayor riesgo ante el covid-19. También esto supone una discriminación con respecto a otros colectivos educativos homologables, como el funcionariado educativo, que correctamente ha realizado su labor de manera no presencial cuando era desaconsejable realizarla en sus centros.

Además, la Administración regional aumentó la presión sobre nuestro colectivo, llegando incluso a publicar una orden (8 abril de 2020) donde dejaba de hacerse cargo de la financiación de estos centros, jugando con nuestros sustentos. Orden revocada en unos días. Pero esta presión siguió ejerciéndose mediante un control exhaustivo y con gran carga de trabajo burocrático por parte de la administración mientras también se recortaban partidas económicas y servicios de los centros de atención a personas con discapacidad.

En junio, la reapertura de los Centros de Atención a Personas con Discapacidad tampoco se realizó de manera correcta, con pocas indicaciones y demasiadas veces, sin sustento de material sanitario necesario para la atención a estas personas.

Después la situación no ha mejorado, los retrasos en la reapertura de septiembre y los cierres locales están reforzando la inseguridad financiera del servicio y los abusos laborales en muchos centros, aunque hay excepciones.

Esta situación está afectando a todo el colectivo: personas con discapacidad, trabajadores y familias.

Los trabajadores representados por CC OO apostamos por que esta situación cambie. Queremos órdenes concretas y sin discriminación con otros colectivos, consensuadas con los representantes de los trabajadores para garantizar condiciones laborales. Que se garantice la misma seguridad que se presta en otras áreas esenciales: Sanidad y Educación, y para ello necesitamos EPIS y recursos económicos. Que se garantice la financiación del sector.

Queremos dar respuesta a las personas a las que atendemos con calidad y seguridad, como un servicio esencial requiere. El respeto y prestigio que exigimos para nuestra profesión está estrechamente vinculado a la importancia social que le damos a la Atención a la Discapacidad.