El nerviosismo y las prisas por conquistar a los votantes de Vox es la verdadera razón que se esconde detrás de la alarma injustificada y que, de forma intencionada, está generando el Partido Popular en la Región de Murcia con el tema de la ocupación ilegal de viviendas.
La estrategia por la que ha optado el Partido Popular, y en la que el consejero de Fomento, el señor Díez de Revenga, está empleando todas sus energías de los últimos meses, es un juego peligroso que lo único que consigue es crear inseguridad y miedo entre los ciudadanos, llevándolos en ocasiones a dudar de que la propiedad privada esté garantizada por nuestras leyes y por el sistema judicial.
No es cierto que se haya dado un aumento exponencial en la ocupación ilegal de viviendas que justifique tanta alarma, como tampoco es cierto el discurso que están fomentando de forma irresponsable las derechas.
La propiedad privada de los inmuebles está protegida por nuestro ordenamiento jurídico a través de la vía penal, civil y administrativa. Incluso, fue el propio Partido Popular el que aprobó una ley en el año 2018 para agilizar los desalojos de vivienda en los casos de ocupación ilegal.
Aún así, para facilitar que los procedimientos judiciales no se prolonguen en el tiempo y reforzar la actuación en los primero momentos de la ocupación, tanto la Fiscalía General del Estado, como el ministerio de Interior del Gobierno de España, han publicado recientemente instrucciones y protocolos de actuación en este sentido.
Vivimos en una región en la que lleva gobernado el Partido Popular durante más de 25 años y la política de vivienda no existe, a pesar de ser una competencia exclusiva de la Comunidad autónoma. Las únicas actuaciones que se llevan a cabo son las que se realizan con los fondos que transfiere el Gobierno central a través del Plan Estatal de Vivienda 2018/2021, en ningún caso por el esfuerzo presupuestario ni de gestión de este Gobierno regional.
Desde el Partido Socialista de la Región de Murcia observamos con preocupación la actitud del consejero Díez de Revenga, que siendo el máximo responsable del Ejecutivo de López Miras en esta materia, vive absolutamente ajeno a la realidad. En vez de estar centrado en trabajar tomando medidas que hagan real y efectivo el derecho de todos los murcianos y murcianas a tener una vivienda digna, está obsesionado en rivalizar con Vox para apoderarse de sus temas estrella. Hasta tal punto que han aprobado hace tan solo unos días, un Decreto-Ley que vuelve a modificar la Ley Regional de Vivienda para incluirle el nombre de 'Lucha contra la Ocupación de la Región de Murcia'. Una ley cuya última reforma fue publicada hace tan solo un par de meses, aunque entonces no apreciaron la necesidad ni la urgencia de incluir esta regulación.
¿Ha sido a partir de este mes de julio cuando ha surgido este panorama tan catastrófico? ¿Ha sido a partir del mes de julio cuando han sido ocupadas ilegalmente las viviendas sociales propiedad de la Comunidad autónoma? ¿Ha sido a partir de julio cuando la Comunidad autónoma está obligada a gestionar y mantener en condiciones adecuadas sus propias viviendas sociales y a actuar para impedir las ocupaciones ilegales?
Estamos atravesando uno de los momentos más duros de la historia de nuestro país, con efectos devastadores no sólo en lo sanitario, sino también en lo social y económico. La vivienda es uno de los problemas más graves que se generaron en la anterior crisis y ni qué decir tiene, que las consecuencias de la pandemia se están notando ya. No nos podemos permitir que quienes nos gobiernan estén derivando la atención y perdiendo el tiempo. No estamos en época de aguantar manipulaciones, estamos en época de ver soluciones.
