23 de octubre de 2020
23.10.2020
La Opinión de Murcia
La balanza inmóvil

Independencia judicial

Hay una discordancia clara y abismal entre lo que piensa el pueblo, que es de donde emana la Justicia (la Constitución española lo proclama) y lo que sentimos los jueces

23.10.2020 | 04:00
Independencia judicial

Qué bien suena esta palabra cuando no va contra la ley. Si la independencia, sobre todo la económica, es una aspiración del ser humano, cuando se trata de los jueces es una obligación. Últimamente, estamos asistiendo al espectáculo del reparto entre partidos políticos, del poder en el Consejo General del Poder Judicial. Unos, que no quieren que entre Podemos. Y otros, que entonces reformo la ley y hago lo que me da la gana. Lo que le quedaba a Europa con lo que nos quieren para dar un toque a nuestro Estado de Derecho, al estilo de Polonia o de Hungría.

Pero en España no todo el mundo ve la existencia de la independencia de los jueces de forma igual. El pueblo piensa que no somos independientes y que estamos controlados por los poderes políticos.

Sin embargo, los jueces y magistrados sostienen que sí lo son. Si no, fíjense en los resultados de la encuesta, encargada por el CGPJ y realizada por Metroscopia entre el 8 y el 22 de septiembre de este año (espero que sea mas fiable que las del CIS), entre mil jueces. Lo más destacable em mi opinión es lo siguiente: primero, el 99% de los miembros de la carrera judicial dicen sentirse independientes para tomar sus decisiones, en el ejercicio de la función jurisdiccional; segundo, el 90% sostienen que los políticos eluden su responsabilidad y optan por judicializar los asuntos complejos, en lugar de alcanzar pactos y acuerdos; tercero, el 90% nunca ha recibido ha recibido por parte de los políticos presión o indicación alguna acerca de cómo deben resolver un asunto; cuarto, el 90%, apuestan porque los doce vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial, sean elegidos directamente por los jueces y magistrados; quinto, el 83% piensa que los Gobiernos, cualquiera sea su ideología, están más preocupados por controlar el poder judicial que en darle los medios precisos para que la Justicia sea más ágil y eficaz; sexto, el 72 % cree que existe presión mediática, aunque no les afecta a la hora de dictar una sentencia; sexto, el juicio del 'procés' ha reforzado la imagen de la Justicia en España y en Europa.

Finalmente, nueve de cada diez jueces reclamamos un pacto de Estado para la Justicia que ya va siendo hora, pues desde el último entre PSOE y PP han pasado diecinueve años.

Está claro, pues, que hay una discordancia clara y abismal entre lo que piensa el pueblo, que es de donde emana la Justicia (la Constitución española lo proclama) y lo que sentimos los jueces.

El problema parece, pues, radicar en que no sabemos comunicarnos con la sociedad. Demasiado tiempo sin dar explicaciones de lo que hacemos. Nos ha sobrado opacidad y nos ha faltado mucha trasparencia y claridad. Y, desde luego, no contribuye en nada a confiar en la Justicia, las peleas entre partidos políticos, el encuadramiento de las asociaciones judiciales en una u otra postura y, sobre todo, la pretendida reforma de la mayoría parlamentaria para designar a los miembros del CGPJ.

Pero lo más grave es lo del Ministerio Fiscal, que al ser jerárquicamente dependiente de la Fiscala General del Estado, nombrada por el Gobierno... pues eso. En mi opinión, no deben mientras no se reforme su Estatuto instruir las causas penales, que es lo que debería ser y reservar al juez la decisión, en vista de las pruebas que se aporten por la acusación y por la defensa. Pero eso quizás sea ya mucho pedir, antes de que se reforme en ese sentido la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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