21 de octubre de 2020
21.10.2020
La Opinión de Murcia
Escaño Cero

La no política de vivienda del Gobierno regional

20.10.2020 | 21:28
La no política de vivienda del Gobierno regional

Sorprende el aparente empeño del Gobierno regional en el tratamiento de la cuestión de la ocupación de viviendas en nuestra región: legislación exprés a través de la vía del decreto-ley, multas de hasta 90.000 euros y defensa cerrada de la propiedad privada. Un empeño y contundencia más ficticios que reales motivados por el afán de disputar a Vox el protagonismo de su infame campaña publicitaria de la patada en el culo como forma de sacar a los okupas.

Efectivamente, el pasado jueves el BORM publicó el decreto-ley aprobado por el Gobierno regional que reforma (una vez más), la Ley de Vivienda de la Región de Murcia en el que se recogen medidas para contrarrestar un problema, si no inexistente, desde luego menor (hasta septiembre se habían producido 176 denuncias por usurpación de viviendas en la región, frente a 503 desahucios de familias en el mismo periodo), y en cualquier caso sin la urgencia que requiere la vía del decreto-ley.

Y es que, el desnorte del Gobierno de López Miras (y de otros Gobiernos regionales anteriores del PP), en materia de vivienda, es total. Desprecian su obligación competencial de dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución que consagra el derecho a una vivienda digna, han renunciado a toda política de promoción pública de vivienda o de vivienda de protección oficial (desde 2014 solo han calificado definitivamente cinco de las primeras y 223 de las segundas), y ni siquiera ejecutan los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda provenientes del Gobierno central, entre otras muchas cosas. Así, por ejemplo, de los 568.320 euros presupuestados en 2019 para ayudas al alquiler social provenientes del ministerio de Fomento, la consejería homóloga gastó cero ejuros según la liquidación presupuestaria de dicho año; y de los 2.260.460 euros de fondos europeos para la erradicación del chabolismo, gastó el 31%. Otras ayudas como las de alquiler de 2018-2019 aún están sin resolver, como tampoco lo están las de 2020 destinadas a paliar los efectos económicos de la Covid-19 en materia de vivienda.

Pero quizás lo más preocupante, que evidencia el talante poco democrático del gobierno regional del PP-Cs (Vox), es el desprecio por el cumplimiento de la Ley de Vivienda de la Región obviando desde hace cuatro años la aprobación de los reglamentos y convenios que la desarrollan, lo que impide aplicar las medidas contempladas contra la pobreza energética y los desahucios.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook