Transcurrió la pasada Fiesta Nacional del 12 de Octubre con más pena que gloria, con menos boato que en anteriores ocasiones (la Covid-19 impone sus condiciones) y con un ceremonial más militar que civil, bien es cierto que, en esta ocasión, a la mermada presencia de las Fuerzas Armadas acompañó una representación de colectivos civiles que se esfuerzan por plantar batalla al virus.

Un año más, coincidiendo con esa fecha, se reavivó la polémica entre quienes se muestran partidarios y detractores de dicha efeméride, pues a juicio de estos últimos no hay nada que celebrar, como no sea el genocidio practicado por aquellos españoles de los siglos XVI y parte del XVII sobre la población aborigen de América, profusamente documentado por Guillermo Céspedes del Castillo, para quien «el inicio de la colonización española provocó, en todas partes y sin excepciones, un descenso catastrófico de la población indígena».

Ahí lo dejo. No es mi intención ahondar en un tema complejo que daría para varios artículos. Sí lo es, sin embargo, citar, aun de pasada, un asunto sobre el que la mayoría de medios de comunicación y desde luego las televisiones más vistas en este país han pasado de largo. Me refiero a la difusión del resultado de la encuesta sobre la monarquía, que estratégicamente fue dada a conocer el mismo día de la Fiesta Nacional, cosa que, sin duda, 'molestaría' al monarca. La encuesta fue impulsada por una Plataforma de Medios Independientes (hasta 16) y desarrollada por 40db, Instituto de Opinión dirigido por Belén Barreiro, expresidenta del CIS, organismo que lleva más de cinco años sin preguntar sobre ese tema.

Los resultados, por sobradamente conocidos, no los voy a repetir aquí. Sí es preciso aclarar que la desafección ciudadana hacia la monarquía tiene mucho que ver, indudablemente, no sólo con la corrupción del rey emérito, corrupción que, como un cáncer, ha extendido su metástasis en instituciones y partidos, sino también (algo que queda claro en la encuesta) con la identificación de Felipe VI con una derecha que está haciendo todo lo posible para que la democracia zozobre en España.

Realmente, lo que está en cuestión en estos momentos es el modelo de democracia formal burguesa impuesto desde la Transición. Las clases dirigentes españolas renunciaron, desde el siglo XIX, a impulsar 'su' revolución burguesa (que llevó la modernidad y la ruptura con las ataduras del pasado a tantos y tantos países de Europa) y, por el contrario, asfixiaron esas ansias de modernidad de ciertos sectores sociales con políticas tendentes a mantener sus ancestrales privilegios. La derecha en España, hoy, se desliza por esas inercias y, lo que es peor, ha desenterrado su tufo autoritario.

Hoy en nuestro país los partidos que, como los que sostienen el Gobierno de coalición, desean consolidar la modernidad y el progreso se ven acosados y repudiados, como en tiempos no tan lejanos de la Segunda República, por las fuerzas de la reacción de la derecha extrema, a la que, aun disputándole su hegemonía (la moción de censura de Vox va en esa dirección), se une la extrema derecha. Unos y otros no tienen reparos en apelar al insulto, la violencia verbal (por ahora) y a un peligroso 'matonismo'. Digámoslo con rotundidad: las derechas no son democráticas. Incluyendo en ellas, por qué no, a un partido, Ciudadanos, que se ha constituido en sostén y valedor de aquéllas en muchos territorios.

Si tuvieran sensibilidad democrática, quienes se declaran tan constitucionalistas deberían admitir que la soberanía reside en el pueblo español, y del poder legislativo emanan todos los demás, de manera que el Gobierno, elegido democráticamente por el Parlamento, dista mucho de ser 'ilegítimo', como falsamente pregonan.

Si tuvieran sensibilidad democrática, antepondrían la salud de la población a la guerra abierta y declarada que, cual cruzada de liberación, ha emprendido contra el Gobierno central la presidenta madrileña, Isabel Ayuso (aleccionada, sin duda, por Pablo Casado).

Si tuvieran sensibilidad democrática, no sólo acatarían la sentencia de la Gürtel, como falsamente admiten, sino que no caerían en el ridículo, como el del expresidente M. Rajoy al declarar que la sentencia, que condena a trescientos años de cárcel a un montón de ex altos cargos y ministros, es una 'reparación moral' hacia su persona, pues se considera 'víctima' de la moción de censura que lo desalojó del Gobierno.

Si tuvieran sensibilidad democrática, admitirían la presencia en el Gobierno de Unidas Podemos (UP) en vez de utilizar todo tipo de argucias, como el acoso judicial ( lawfare) emprendido contra esa formación política, con múltiples denuncias que los tribunales vienen dejando sin efecto. La última disposición de la Fiscalía Anticorrupción de negar cargos contra Pablo Iglesias por el 'caso Dina' es paradigmática en este sentido.

Si tuvieran sensibilidad democrática, no seguirían bloqueando la renovación de los vocales del CGPJ pretextando la presencia de UP en el Gobierno, al que acusan de dictador. En este sentido, Manuel Muniz, secretario de Estado de España Global, considera que el Gobierno se ha encontrado con un dilema y ha optado por la vía más democrática, que es respetar la mayoría absoluta del Congreso, en lugar de tolerar que continúe el bloqueo de 89 diputados.

Si tuvieran sensibilidad democrática, dejarían de protagonizar los más que bochornosos actos de protesta en el Congreso, con pataleos, gritos, insultos y una evidente falta de respeto a la presidenta de la Cámara, que se esfuerza, sin conseguirlo, en que sus 'señorías' de la bancada de la derecha respeten los turnos de palabra.

Si tuvieran sensibilidad democrática, habrían condenado ya el franquismo, dignificando a las víctimas de aquel aciago régimen. Por el contrario, herederos ideológicos de aquella dictadura, tratan de convertir a las víctimas en verdugos. El último episodio, lamentable, cuando se cumplen ahora ochenta años de los fusilamientos del socialista Julián Zugazagoitia y del expresident de la Generalitat Lluis Companys, ha sido la orden dada por el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, de destrozar la placa de la casa de Madrid en la que nació Largo Caballero, quizá el mejor ministro de Trabajo que haya tenido este país. Acción cuyo mérito hay que atribuir a Javier Ortega Smith (de casta le viene al galgo), nieto del abogado Víctor Manuel Ortega Pérez, el mismo que mantuvo una estrecha relación con el alcalde de Madrid José Finat y Escrivá de Romaní, 'conde de Mayalde', colaborador con la Alemania nazi y que solicitó a Pétain, sin éxito, la extradición a España de ese ministro republicano.

La derecha extrema y la extrema derecha están inmersas en una indisimulada operación de distorsión de la realidad. Han conseguido con ello elevar el esperpento valleinclanesco a categoría (por calificarla de algún modo) política. Con seguridad, si don Ramón María del Valle Inclán levantara la cabeza pensaría que en España nada había cambiado. O quizás sí: quienes deforman y falsean la realidad, hoy, sienten una tremenda nostalgia por las 'conquistas' del nazismo.