La Unión Europea nos mira con lupa. Están hartos que acudamos a ella solo para pedir dinero. Bueno, también para que nos entreguen al huido Puigdemont, pero en esto ni caso. Quizás sea porque piensan, como el mismo fugitivo se ha encargado de proclamar a lo largo y ancho de Europa, que somos un país antidemocrático y sin Estado de Derecho, donde los jueces estamos vendidos al poder político. Y si no es así no comprendo por qué permiten seguir paseándose a un rebelde dando mítines cuando, como y con quien quiere. Quizás a esa sospecha europea de falta de independencia judicial en España, contribuya no solo el proselitismo independentista catalán (y vasco) sino también las declaraciones de un vicepresidente del Gobierno, e incluso del propio presidente, sobre quién elige a la fiscala general del Estado, «pues eso».
Y ahora lo que queda es, por si fuera poco, la lucha de dos partidos, PSOE y PP, por la elección de los vocales de un Consejo General del Poder Judicial que en diciembre hará dos años que debían haber sido ya renovados. El PP argumenta razones de Estado para que los de Podemos y los independentistas no se mojen en esa elección. Decisión que, por cierto, no es unánime en el PP, pues su ala moderada, al parecer, no está de acuerdo. Prefieren volver a la antigua forma de elección, que era directa por parte de los jueces, abandonada en 1985.
Y entonces, el PSOE busca la solución legal, con sus mayorías pactadas, en el Parlamento. Recuérdese cuando se cambió la ley para las costas y gastos hipotecarios ante una sentencia del Supremo. O cuando no se acepta, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el confinamiento de esa Comunidad, por un mera orden, y de inmediato se decretó el estado de alarma por el Gobierno.
Pues bien, la solución al bloqueo o negativa del PP para elegir al nuevo CGPJ ya se ha puesto en marcha, a través de la vicepresidenta Calvo y del Ministro de Justicia. Ignoro si de forma efectiva o solo como globo sonda amenazador. Se trataría de cambiar nada más ni nada menos que la Constitución, que blinda con tres quintos (210 diputados) la designación de ocho vocales, por una mayoría absoluta.
Pero, ¿qué piensan los jueces? La Asociación europea de jueces ha emitido un comunicado donde dice que se va a aumentar el riesgo de influencia política. En España, cuatro son las asociaciones actualmente. Una, Jueces para la Democracia, es la única que está de acuerdo con lo que propone el PSOE. Las otras tres asociaciones están en contra. La Profesional de la Magistratura expresa que esa reforma es profundamente inconstitucional. La Francisco de Vitoria manifiesta que se aceleraría la marcha en sentido equivocado. Finalmente, la del Foro Judicial Independiente, directamente dice que es un fraude de ley.
Como el PP ha dicho que acudirá al Tribunal Constitucional y a Europa si se aprueba esa reforma, miedo me da. No vaya a ser que Europa considere que estamos a la altura de Hungría y de Polonia (curiosamente el partido que gobierna se llama Ley y Justicia y nos someta también a un procedimiento disciplinario, a través del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, por no respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y el imperio de la ley).
Por cierto, la ley española de nombramiento del CGPJ es la que esgrimen esos dos países para su defensa. El procedimiento de ese artículo puede acabar con la sanción de pérdida del derecho a voto en el Consejo, y la congelación de los fondos estructurales por asomarse a un escenario totalitario, incompatible con los principios fundacionales de la UE.
